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El Gobierno de Costa Rica incrementará, durante lo que resta del año, la solicitud de apoyo económico internacional para atender a los refugiados nicaragüenses que llegaron al país después de la crisis que estalló en Nicaragua en abril del 2018.
El anuncio lo hizo el presidente de la República, Carlos Alvarado, quien afirmó que Costa Rica ha levantado la voz “para hacer ver que nosotros somos afectados directos de esa situación”, además de denunciar la violación de derechos humanos y el irrespeto a la democracia en el Estado vecino.
“Nosotros, antes de que termine el año, vamos a intensificar el pedido de apoyo internacional para Costa Rica en materia migrante y en materia de refugio. O sea, que nos apoyen más", explicó el presidente, sin especificar a qué países u organismos acudirá.
También, el mandatario recordó que Costa Rica ya recibe “algunos apoyos económicos” a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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Las declaraciones las dio Alvarado luego de que, a inicios de octubre, la excanciller y primera vicepresidenta, Epsy Campbell, afirmó que los flujos migratorios son una “carga pesada” para Costa Rica.
Campbell hizo esas afirmaciones en una entrevista con la Voz de América, el servicio de radio y televisión internacional del Gobierno de los Estados Unidos.
“Tendríamos que decir que es una carga pesada porque es una realidad de un país que ahora no solo atraviesa dificultades políticas, sino que tiene una situación económica más deprimida. Esos dos factores, no por voluntad, son los que provocan que la gente migre”, señaló Campbell.
Las solicitudes de refugios de nicaragüenses se incrementaron en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) desde que estalló en abril del 2018 la crisis en Nicaragua, debido a la represión gubernamental a las protestas ciudadanas.
Entre los años 2015 y 2017 la institución recibía 100 solicitudes por año, pero entre abril del 2018 y setiembre anterior la entidad atendió 45.000 gestiones, según cifras de la DGME citadas por El Financiero.
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La estadística no detalla cuántas de esas solicitudes corresponden a nicaragüenses que vivían en el país antes de la crisis.
Sin embargo, la directora de Migración, Raquel Vargas, explicó a El Financiero que el 80% de esas solicitudes no cumplen con las características de las peticiones de refugio.
Algunas de estas son tener temor fundado por la seguridad personal y de la familia, y sufrir persecución por razones políticas, género o raza.
En agosto anterior, el gobierno de Costa Rica recibió $650.000 provenientes de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de los gobiernos de España y Corea para atender a migrantes y refugiados nicaragüenses.
Alvarado afirmó que esos flujos migratorios tienen impacto en el país, "algunos positivos en temas de fuerza laboral. Otros que hay que medir en la parte educativa, en la parte de salud”.
“Los propios estudios se traducen en que eventualmente estos flujos tienen impacto positivo en la economía, pero yo sé que es preocupación de la ciudadanía en cómo los abordamos.
"Además, que sean migraciones seguras y ordenadas tanto para quienes migran como para la ciudadanía y que entren sujetos que no son deseados en el país. Ese es nuestro abordaje”, expuso Alvarado.
Según el presidente, Costa Rica podría acceder con más facilidad a recursos internacionales si establece alguna declaratoria.
ONGs que trabajan con refugiados nicaragüenses en Costa Rica han pedido al gobierno costarricense declarar emergencia humanitaria para canalizar con más prontitud cooperación internacional.
