Gobierno impulsa eliminación de licencias gratuitas a barcos atuneros del extranjero

Entre sus objetivos, el texto destaca la protección y aprovechamiento para beneficio nacional del domo término de Costa Rica, una zona rica en atún y otras especies por su abundancia de alimentos que se ubica frente a la costa pacífica.

Sería mediante una reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura, la iniciativa obligaría al mismo tiempo, a esos barcos con redes de cerco, a descargar todo el producto de sus capturas en Costa Rica, en este caso en Puerto Caldera y Golfito. Esa regulación existe pero a través de decreto. Con el plan , la obligación tendría rango de ley.

Con los cambios propuestos en el texto presentado por el exdiputado José María Villalta, del Frente Amplio, se evitaría el ciclo permitido por la legislación actual en que un barco atunero extranjero con una licencia anual otorgada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), reciba una licencia adicional gratuita por dos meses siempre que descargue en un puerto nacional la totalidad de su captura. El desembarque no deberá ser inferior a las 300 toneladas métricas.

Con esa licencia regalada, que podría costar alrededor de $57.000 para un barco de cerco, la nave bien podría pescar y llevarse el producto hacia otro país o volverlo a descargar en un puerto nacional con un tonelaje similar, lo que le permite gozar de la gratuidad de una segunda licencia y así continuar con el ciclo, según explicó el presidente de la Cámara de Pescadores de Puntarenas, Mauricio González.

González detalló que en el país no existen barcos con redes de cerco, por lo cual siempre llegan del extranjero y son estas las que han recibido históricamente licencias gratuitas. Detalló que estas son naves que pueden tener hasta un helipuerto en su estructura y pescan con redes de cerdo de hasta un kilómetro de longitud y 50 metros de ancho, con una profundidad de 300 o 400 metros.

Con la iniciativa de Villalta, retomada por la actual fracción del Frente Amplio, Incopesca podría otorgar un permiso adicional de pesca de atún en aguas nacionales a los barcos atuneros que gocen de registro anual, siempre que demuestren que la totalidad de sus capturas serán descargadas en Costa Rica para abastecimiento de plantas enlatadoras o procesadoras costarricenses. La prórroga por dos meses deberá ser pagada, siempre que su descarga no sea inferior a las 300 toneladas métricas.

Sin embargo, el texto propuesto es flexible. A los barcos atuneros con registro anual vigente y con los pagos correspondientes al día que faenen en aguas fuera de la zona económica exclusiva costarricense, podrá obtener un permiso adicional de dos meses con una reducción del 50% en el pago del canon. Para obtener el beneficio deberán descargar su captura en territorio nacional y la cantidad no debe ser inferior a las 300 toneladas métricas, siempre que así lo disponga Incopesca.

La Presidencia ha dado impulso a esta iniciativa dictaminada afirmativamente por la Comisión Permanente Especial Ambiente, al convocarlo durante el actual periodo de sesiones extraordinarias.

Amplía espacio para pescadores nacionales

Por otra parte, el proyecto ampliaría de las 12 millas náuticas actuales desde la costa, hasta las 80 millas náuticas, la prohibición para los barcos atuneros de ejercer actividades pesqueras. El impedimento sería para los polígonos o zonas especiales definidos por el Poder Ejecutivo mediante los decreto de zonificación emitidos antes o después de la reforma.

Con este ajuste, se le otorgaría más espacio de trabajo a los pescadores nacionales que utilizan otras técnicas más selectivas como palangre, caña, incluida la pesca deportiva.

Para cuidar el respeto de las zonas por parte de los barcos de cerco, Incopesca realizará monitoreo satelital. Al mismo tiempo, estas naves deberán llevar un observador abordo, debidamente capacitado, para que garantice el cumplimiento de la normativa y recolecte información científica para estudio.

Crea fideicomiso

El proyecto de Villalta también crea un fideicomiso que deberá ser administrado por un banco público “para fomentar la creación de una flota atunera nacional, cuando técnicamente se demuestre que se garantice el control de la capacidad y el esfuerzo pesqueros hasta niveles sostenibles”.

Este se financiaría, principalmente, por un aporte de ¢4.000 millones del Gobierno que deberá presupuestar en cuatro años (¢1.000 millones anuales), el pago de licencias, las ganancias de los arrendamientos de embarcaciones adquiridas por el fideicomiso, la renta de inversiones de recursos ociosos y donaciones.

El fideicomiso podría financiar la reconversión productiva nacional. Por ejemplo, mediante la compra de embarcaciones que podría dar en arrendamientos o el desarrollo de técnicas selectivas de pesca.

También podría financiar la creación de astilleros de embarcaciones bajo de la figura de cooperativas de autogestión, asociaciones y organizaciones pesqueras, así como financiar proyectos de investigación y apoyar planes de conservación.