Una propuesta de reforma a la Constitución Política, presentada por la diputada Gloria Navas, del Partido Nueva República (PNR), propone separar a la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y transformarla en un Tribunal Constitucional.
En caso de avanzar, la iniciativa modificaría el artículo 10 de la Carta Magna, que hace 34 años estableció la Sala Constitucional como una instancia especializada de la Corte.
El texto que otorgaría al Tribunal Constitucional la condición de órgano independiente fue presentado el 28 de setiembre.
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“Los integrantes del Tribunal Constitucional tendrán rango de magistrados con los mismos derechos y obligaciones que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y serán elegidos y eventualmente removidos de sus cargos en igual forma que aquellos”, dice la propuesta.
Los magistrados del Poder Judicial son designados por los diputados para un periodo de 8 años, con opción de reelección.
Según el abogado constitucionalista Rubén Hernández, cofundador de la Sala IV y quien respalda la reforma, la gestión presupuestaria del Tribunal Constitucional, una vez desligado de la Corte, sería regulada a través de una ley que requeriría de aprobación en el Congreso.
“Le pasarían la partida actual del Poder Judicial que la financia para su funcionamiento. Esta deberá incluirse en el Presupuesto Nacional”, explicó Hernández.
La propuesta de Navas se fundamenta en la optimización del tiempo de los magistrados de la Sala IV, quienes actualmente se ven inmersos en tareas administrativas de la Corte Suprema de Justicia, según el proyecto.
Hernández sostiene que, con la independencia de la Corte, los magistrados podrían dedicarse por completo a la administración de justicia.
Además, la justificación de motivos del proyecto argumenta que han ocurrido y podrían seguir ocurriendo conflictos de interés cuando los magistrados de la Sala IV se ven obligados a dictar sentencias sobre temas que atañen al Poder Judicial, del cual son parte en su condición de miembros de la Corte Plena.
Como tribunales europeos
“Por tales razones, ha llegado el momento de transformar a la Sala Constitucional en un órgano a nivel constitucional, tal y como ocurre en los países de Europa, cuya experiencia tuvo una importancia decisiva en la configuración de nuestro modelo de jurisdicción constitucional, así como en varios países latinoamericanos”, dice el texto.
El planteamiento sostiene que no se requiere de gastos adicionales para el erario público.
Hernández subrayó que la creación de la Sala IV fue concebida como un tribunal independiente al estilo de los tribunales constitucionales europeos, pero experimentó un cambio de rumbo en la Asamblea legislativa.
Citó que figuras destacadas como el magistrado Fernando Coto Albán y el diputado Fernando Volio propusieron su creación como una sala especializada dentro del Poder Judicial.
Esta decisión, aunque alejada de la visión inicial, se tomó considerando las circunstancias del momento y reconociendo que el país aún no estaba preparado para un tribunal constitucional independiente.