Fondo de avales vuelve a cambiar de reglas y de manos

Más de un año y medio después del inicio de la pandemia, el proyecto de fondo de avales para ayudar a las empresas afectadas no se ha aprobado y, en la Asamblea Legislativa, su eventual administración sigue cambiando de reglas y de manos. En el papel, la administración ha pasado por el INS, el Ministerio de Hacienda, por el BCIE y, ahora, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).

Este jueves, diputados de diversas fracciones presentaron un nuevo texto sustitutivo que encargaría al SBD la administración de los recursos. Esta es la quinta versión del plan desde que el Gobierno planteó la idea en agosto del 2020.

El fondo de avales permitiría al Estado otorgar garantías bancarias a unas 18.000 empresas afectadas por la pandemia para responder, ante un banco, en caso de impago. La condición para las compañías es que sostengan el nivel de empleo.

Los avales respaldarían hasta el 75% de las deudas y se financiarían con un crédito de $300 millones del BCIE aprobado por los diputados. No obstante, la nueva versión reduciría el fondo a $270 millones distribuidos en tres tractos de $90 millones anuales, durante tres años. Los $30 millones restantes serían destinados a abonar a la deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El nuevo texto también cambia la distribución de los respaldos. En la versión anterior, se ordenaba destinar el 80% de los recursos a empresas con menos de 100 empleados y el 20% restante a compañías que superen los 100 trabajadores.

Ahora, se propone que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) elabore un informe técnico que indique la afectación de la pandemia sobre cada actividad económica. Posteriormente, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) suministraría información del saldo de crédito otorgado por cada entidad financiera al sector privado, según actividad económica y segmento de riesgo.

Con esa información, el consejo rector asignará los recursos proporcionalmente entre los intermediarios. De ahí, “la entidad financiera fijará los montos máximos de avales por actividad económica, debiendo priorizar todas las actividades económicas empresariales según su nivel de afectación”, añade el texto.

Por otra parte, la eliminación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como administrador, obedece a una observación de la Procuraduría General de la República (CGR), la cual señaló que se podrían vulnerar los principios de independencia, objetividad, imparcialidad, publicidad y transparencia si el BCIE, financista del programa, es al mismo tiempo el fiduciario.

En lugar de ello, el fondo sería asignado al SBD con un consejo rector encabezado por el Ministerio de Hacienda y una unidad ejecutora, encargada de aprobar los avales, a cargo del Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme), administrado por el Banco Popular.

En un primer proyecto de ley, el Gobierno propuso al Instituto Nacional de Seguros (INS) como fiduciario. El Ministerio de Hacienda, por su parte, sería el fideicomitente, es decir, la entidad que constituye el fideicomiso y aporta el dinero.

Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) objetó el papel que desempeñaría el INS dentro de la ecuación, por ser una entidad que desarrolla actividades propias de aseguradora. El Gobierno retiró esa versión y planteó un texto sustitutivo, el año pasado. Este eliminaba la figura del fideicomiso y proponía trasladar la administración del fondo a la Caja Única del Ministerio de Hacienda.

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Esa redacción fue criticada por el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. El principal problema fue el de conexidad, por ser diferente al original que contenía la figura del fideicomiso.

Meses después, en el 2021, una nueva redacción consensuada entre los diputados y el Gobierno introdujo al BCIE como fiduciario, la cual se dictaminó en el mes de junio. Ahora, la administración pasaría a Banca para el Desarrollo.

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El texto sustitutivo presentado este jueves lo firman nueve diputados del PLN, PUSC, Restauración Nacional, PRSC, Nueva República y la independiente Zoila Rosa Volio y sería discutido en la etapa de ajuste.

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