Cuatro exministros de Hacienda propusieron aplicar medidas drásticas para que el gobierno pueda afrontar la caída de casi ¢1,2 billones en ingresos y un déficit fiscal del 9,7% previsto, en el mejor escenario, debido a los efectos económicos provocados por la pandemia.

Ante consultas de La Nación, los exjerarcas Rocío Aguilar, Rodrigo Chaves, Jorge Walter Bolaños y Fernando Herrero identificaron por separado una serie de acciones extraordinarias que se podrían aplicar, en un momento extraordinario como este.

Algunas medidas de ajuste que se deben tomar a corto plazo, según cuatro exjerarcas, incluyen recorte al gasto en remuneraciones de funcionarios públicos y transferencias corrientes, reducir planilla estatal, acudir a más deuda y a nuevos impuestos.

Sin embargo, los exministros evitaron mencionar cifras sobre el alcance de esas acciones.

El 3 de julio, la Contraloría General de la República le certificó al Ministerio de Hacienda una caída de casi ¢1,2 billones en los ingresos corrientes, principalmente por la caída en la recaudación de impuestos.

Esa cifra equivale a un 11% del Presupuesto Nacional.

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Este lunes, el gobierno presentará un nuevo presupuesto extraordinario en el que plantearía un recorte de ¢355.000 millones, equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB); y solicitaría autorización de más deuda por unos ¢800.000 millones, según adelantó días atrás el ministro de Hacienda, Elian Villegas.

Las opciones

Rodrigo Chaves, quien lideró la cartera de Hacienda entre noviembre del 2019 y mayo de este año, expuso que el conjunto de opciones para equilibrar las cifras macroeconómicas a corto plazo incluye recorte del gasto público y uso de recursos existentes, aumentar los ingresos y reducir la evasión fiscal.

En reducción del gasto propone disminuir las jornadas laborales y, por ende, reducir salarios de funcionarios públicos con ingresos que podrían ser, en principio, a partir de ¢1 millón; así como revisar transferencias corrientes a otras instituciones que realiza el gobierno.

En cuanto a los gastos de capital, indica que estos no se deben tocar porque generan inversión y empleos mediante el desarrollo de infraestructura.

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Sobre las transferencias de gasto corriente, considera que se debe hacer ajustes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), luego de que en la reciente negociación con los rectores universitarios hubo un “fracaso” al no lograrse un recorte real.

El gobierno había propuesto para el próximo presupuesto extraordinario un recorte de ¢65.000 millones. Al final, las universidades cedieron ¢48.000 millones, de los cuales ¢13.000 millones ya se habían destinado desde mayo por las casas de enseñanza para reforzar las becas estudiantiles.

Los restantes ¢35.000 millones los devolverá el gobierno a las universidades en partes, entre los años 2021 y 2025. “No se redujeron transferencias, lo que se hizo fue un préstamo”, cuestionó Chaves.

En cuanto a los recursos existentes, Chaves menciona que se debe tomar dinero de los superávits de las instituciones autónomas, así como se planteó desde febrero pasado en el proyecto Pagar.

Este consiste en destinar ¢226.000 millones de superávits de instituciones publicas para la amortización de deuda pública.

“Podría haber un proyecto Pagar 2 y eso nos permite cerrar el déficit”, expuso. Sobre mejorar ingresos, cree que se podrían tasar las transacciones bancarias a través de los cajeros automáticos, pero no detalló más.

“Sí, son las opciones que hay, no es que las estoy recomendando. Subir impuestos y reducir evasión”.

Además, Chaves ve necesario vender activos del Estado. En febrero anterior, el exministro propuso a los diputados vender el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) para bajar la deuda.

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“Y se tiene que decidir, además, en qué no gastar. Es decir, ¿va aumentar el país los bonos Proteger o no? ¿aumentar el plazo y aumentar el número de beneficiarios?”, se preguntó.

También, llamó a revisar las exenciones tributarias. “Particularmente a las cinco grandes cooperativas, específicamente a instituciones como la Caja de ANDE que no paga impuesto de renta”, afirmó.

Todo lo anterior, según dijo, se debe de combinar con un plan de reactivación económica. Este consiste, citó, en reducir la tarifa eléctrica, disminuir la tramitología para favorecer la inversión y eliminar regulación excesiva, además de aminorar las presas en carretera.

Medidas como las que menciona, según el exministro, evitarían caer en impago de deuda pública o default y sentaría las bases para la reactivación económica, para lo cual también se aprovecharía el bono de género.

Por ejemplo, afirmó que se deben invertir en guarderías o redes de cuido que posibiliten a más mujeres salir a trabajar.

“El evitar el default lo que quiere decir es que se necesita asegurar que cerramos el 2020 con suficientes ingresos para que el gobierno pueda servir la deuda y funcionar. Aunque es más desafiante aún el 2021″, expuso.

El próximo año, según el exministro, sería más complicado para el país, debido a que en ese periodo económico se darán muchos vencimientos de deuda y aún no hay un plan definido de financiamiento,

Indicó que, de acuerdo con sus cálculos, en el 2020 la caída del PIB sería de entre un 5% y 6%, mucho más que el 3,6% previsto por el Banco Central; los ingresos disminuirían en ¢1,5 billones o más, y el déficit fiscal rozaría el 11%, siempre que no se aumente el gasto.

Sobre asumir nueva deuda, asevera que se puede hacer, pero el gobierno debe definir una ruta clara.

Reducir jornadas como en el sector privado

Por su parte, Rocío Aguilar, quien estuvo al frente de Hacienda durante los primeros 17 meses del actual gobierno, coincidió con Chaves en no afectar los gastos de capital y revisar las remuneraciones del sector público.

También coincidió con el exjerarca en analizar las transferencias de gasto corrientes con el fin de ver cuánto se puede recortar, así como revisar exenciones para aumentar ingresos.

Remuneraciones y transferencias corrientes, afirmó, son dos de las grandes partidas presupuestarias que se pueden recortar del gasto nacional, dado que la primera tiene un presupuesto de unos ¢2,65 billones y el segundo de casi ¢2 billones, de un plan de gasto total de ¢10,5 billones sin incluir los efectos de la pandemia.

En cuanto al ajuste de remuneraciones, expone que esta podría ser similar a la reducción temporal de jornadas y salarios laborales como ahora se hace en el sector privado.

“No estoy hablando de reducción de personal, lo que estaría pensando es si de manera transitoria se pueden hacer algunos ajustes”, expuso.

¿Cómo hacerlo?, se preguntó la exjerarca. Ahí mencionó que una posibilidad es aplicar el artículo 192 de la Constitución Política, que permite la reducción forzada de servicios por la falta de fondos.

Textualmente este artículo dice así: “Con las excepciones que esta Constitución y el Estatuto de Servicio Civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos”.

Aguilar dice que, para tomar una decisión, Hacienda debe hacer un análisis legal y realizar las consultas correspondientes. La revisión incluiría, añadió, cómo aplicar la reducción o si se hace de forma escalonada para evitar un impacto negativo en los servicios. Además, dejar claro las áreas que se afectarían.

Considera que las remuneraciones de los trabajadores que atienden directamente la pandemia no podrían tocarse. Algunos de estos son personal de salud o seguridad, indicó.

Sobre transferencias corrientes propuso hacer ajustes del FEES. Opina que en el tema de pensiones no se pueden hacer recortes ni tampoco en el gasto social.

En exenciones Aguilar no detalló, pero cree que ahí hay un monto de beneficios que puede alcanzar hasta el 4% del PIB.

“Lo que es servicios, materiales y suministros y bienes duraderos son sumas pequeñas, si acaso será el 4% del Presupuesto Nacional excluidas amortizaciones y eso ya debe de estar barrido”, añadió.

En cuanto a la posibilidad de acudir a más deuda, Aguilar, dijo: “Sí vamos a recurrir a mayor deuda para poder cerrar el déficit que es mayor al estimado. Lo que estamos viendo es como podemos recurrir a menos deuda, hasta donde podemos hacerlo con un esfuerzo interno”.

En lo inmediato, Aguilar afirma que los ajustes no solo deben apuntar a la parte fiscal. También, agregó, en “ver cómo podemos incrementar fondos para poder ayudar a una cantidad de personas que se quedaron sin trabajo”.

A mediano plazo, indicó, se debe continuar con la ruta de sostenibilidad fiscal que ella expuso durante la discusión de la reforma tributaria, en 2018. Esta incluye una reforma del Estado.

“Dijimos que esto (el plan fiscal) no era suficiente. Que era necesario entrarle a las remuneraciones y al rediseño institucional. Aquí la visión no es tener un Estado más pequeño, es ver cómo hacemos un Estado más eficiente y seguirle prestando mejores servicios a los ciudadanos”, recordó.

No más impuestos y reducir planilla

Jorge Walter Bolaños, ministro de Hacienda en los años 2002-2003, al inicio del gobierno de Abel Pacheco, reconoce que no hay una “solución fácil a un problema económico tan difícil” como el actual.

Sin embargo, de entrada cree que se deben descartar más impuestos. “Hay pocas posibilidades”, afirma.

En cambio, él sugiere entrarle al problema por el recorte del gasto y buscar “un poco de deuda”, probablemente, indicó, a través de un arreglo con el Fondo Monetario de Internacional (FMI) con un plazo de tres años.

“En término de gastos, a mí sí me parece. Creo que no es por reducción de salarios, ya está llegando el momento que tiene que ver con recortar gente. Las empresas privadas están pagando la gran factura en el sentido que han reducido jornadas y reducido la planilla.

“Recorte del gasto hablando de instituciones, tiene anticuerpos de entrada. Yo diría que habrá funcionarios relacionados con la atención de la pandemia que no se pueden afectar, pero habrá que reducir planilla en instituciones que permitiría dejar de pagar alquileres, compra de computadoras, etcétera.

“También, tenemos que aceptar que el déficit fiscal va a tener que elevarse porque no hay forma de que uno pueda, en una emergencia como esta, hacer algo adicional”, manifestó Bolaños.

Más impuestos y aumentar gasto en educación

En tanto, Fernando Herrero, ministro de Hacienda durante 1994-1996, en el gobierno de José María Figueres; y entre 2010-2012, en el mandato de Laura Chinchilla, dijo:

“El camino ahora, desafortunadamente, es pedir prestado. Tenemos que seguir endeudándonos, se reduce lo que se puede y se plantean los impuestos. Yo diría que ya deberíamos de hablar de poner impuestos, pero que esos impuestos no van a empezar a regir hasta que la economía esté creciendo otra vez”, propuso Herrero.

Una forma de aumentar los ingresos sería establecer un tributo para los salarios altos del sector público y privado. Sin embargo, los ingresos regulares de ambos sectores ya pagan el impuesto de renta a partir de los ¢840.000.

Si bien se inclina por reducir el gasto público, considera que la propuesta que haría este lunes el gobierno de reducir el 1% del PIB, es una cifra “importante”. “No creo que se pueda reducir algo mayor que eso”, añadió.

Luego de ese esfuerzo, indicó, lo que quedaría por hacer es un reajuste de las partidas del presupuesto, de tal modo que algunas queden igual como salud y seguridad, se recorten algunas transferencias como el FEES y se aumente en educación.

“Yo diría recortar todo el gasto del sector público que no demuestre rentabilidad social elevada, y aumentar partes de rentabilidad social elevada. ¿Las universidades en qué invierten? Hay que definir el mecanismo de evaluación de las universidades, que separen proyectos de rentabilidad social baja y prioricen las que tienen rentabilidad social alta”, planteó Herrero.

Como inversión con rentabilidad social alta, el exjerarca Herrero califica la conectividad a Internet en escuelas y colegios. Si esta se fortalece, añadió, ayudaría a mejorar la educación no presencial de niños y niñas, y disminuiría la brecha social.

“Se ha demostrado en el mundo y en Costa Rica, que la rentabilidad social de invertir en la primera infancia es mucho más alta que muchos de los proyectos de inversión física”, afirmó Herrero.

Finalmente, Herrero propuso al gobierno reactivar la economía a través de construcción de vivienda de clase baja, lo cual generaría empleo, así como fomentar la pequeña y mediana empresa.