EscucharLos diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales acordaron investigar el financiamiento de la campaña electoral del Partido Nueva República (PNR) y su excandidato Fabricio Alvarado Muñoz para los comicios del 2022.
La decisión fue tomada después de que La Nación publicó, el viernes, que el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, indaga el origen del dinero que se usó en la campaña presidencial de Alvarado.
Por otra parte, el dueño de las empresas Pedregal, Rafael Ángel Zamora Fernández, embargó la deuda política de Nueva República por ¢502,4 millones argumentando el impago de un préstamo que le hizo a la agrupación en diciembre del 2021.
En esa misma campaña, Zamora compró bonos de deuda política del PNR por ¢345 millones, los cuales no adquirieron valor económico alguno debido al resultado electoral del partido de Fabricio Alvarado.
Posteriormente, el empresario reclamó al partido el pago de un crédito por ¢300 millones más ¢202,4 millones por intereses y costas del proceso, para un total de ¢502,4 millones. Para exigir a un juzgado de Heredia activar el cobro judicial, presentó un pagaré que le entregaron como garantía.
Ese pagaré fue firmado por el expresidente del PNR, Francisco Prendas; y como fiadores suscribieron el documento el tesorero partidario, César Zúñiga; y el consultor político, Iván Barrantes.
Este lunes, los legisladores aprobaron una moción para llamar a comparecer a Rafael Ángel Zamora Fernández y su abogado Gavridge Pérez Porras, así como a Francisco Prendas Rodríguez y César Zúñiga Ramírez.
La moción fue votada positivamente por los cinco diputados presentes: los verdiblancos Dinorah Barquero y Francisco Nicolás, el frenteamplista Ariel Robles, la socialcristiana Vanessa Castro, y el liberal progresista Jorge Dengo.
En cuanto a la investigación de la Fiscalía General, la oficina de prensa de esta institución explicó que recibió una denuncia según la cual, aparentemente, entró al PNR una “cuantiosa suma de dinero para pagar deuda adquirida en el marco de las elecciones nacionales”.
En específico, se indaga la presunta comisión de un delito de recepción de contribución privada ilegal, el cual es regulado y sancionado por el artículo 275 del Código Electoral con penas de dos a seis años de prisión. El inciso d de ese apartado castiga con esa pena a los candidatos que reciban contribuciones directamente.
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La Fiscalía General también investiga si los hechos podrían constituir una violación al artículo 68 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Ese numeral castiga con “pena de prisión de 5 a 15 años a quien aporte, reciba o utilice dinero u otro recurso financiero proveniente del tráfico ilícito de drogas o de la legitimación de capitales, con el propósito de financiar actividades político-electorales o partidarias”.
Consultado días atrás sobre la investigación judicial en su contra, el diputado Alvarado insistió en que “se trata de una denuncia temeraria y falsa”.
“Se corroboró que no tenía asidero. Quien denunció de forma anónima dio datos que la Fiscalía corroboró que no eran ciertos. Por eso se está esperando la desestimación pronta”, enfatizó.
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