Política

Plan de empleo público sería votado en primer debate en cuarta semana de noviembre

Al proyecto aún le resta culminar la etapa de entrega de informes de la comisión al plenario, la discusión de estos y consultas con las instituciones, previo a ser sometido a votación en primer debate.

El proyecto de Ley Marco al Empleo Público podría ser votado de nuevo, en primer debate, durante la cuarta semana del próximo mes, una vez que supere el proceso de consultas con las instituciones, si se aprueba un dictamen de mayoría en el plenario.

La reforma superó este miércoles 20 de octubre la etapa de ajuste en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, donde se dictaminó una nueva redacción que acoge el criterio de la Sala IV. Luego entró en un proceso de ocho días hábiles para que los diputados de ese foro presenten informes de mayoría y minoría al plenario, donde el expediente sería sometido a más discusión.

El plazo, informó la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, vence el próximo 3 de noviembre y, dos días después, el 5 de noviembre, debe aparecer en el primer punto del capítulo de Régimen Interno de la agenda del plenario. Significa que a partir del lunes 8 de noviembre, tres días después, el expediente se estaría discutiendo en el plenario, por caer en viernes el 5 de noviembre, día de la semana en que no sesionan los diputados, explicó la jerarca.

“Luego se iría a la consulta obligatoria a las instituciones, se daría primer debate y segundo”, resumió la presidenta. Sin embargo, en la práctica, al expediente aún le queda recorrido legislativo.

De momento, cuatro legisladores del foro de Constitucionalidad han remitido a la Secretaría del Directorio un informe afirmativo de mayoría en el que recomiendan acoger la nueva redacción que delimita la rectoría del Ministerio de Planificación a las instituciones bajo la cobertura del Poder Ejecutivo. En correspondencia con la sentencia de la Sala, que declaró constitucional una ley de empleo público para todo el Estado, otros poderes como el Judicial y autónomas como las universidades, aplicarían la legislación de acuerdo con su normativa.

El informe de mayoría lo suscriben la liberacionista Ana Lucía Delgado, la diputada de Gobierno Laura Guido, el restauracionista Eduardo Cruickshank y la independiente Zoila Rosa Volio. El socialcristiano Pedro Muñoz, quien votó en contra del dictamen, comunicó a la Secretaría que enviará un informe de minoría.

Muñoz pretende que el plenario discuta temas de fondo como la situación inicial del Congreso y sus órganos frente a la ley, dado que la rectoría de Mideplán sobre este poder de la República no fue consultada ante la Sala. Para ello, según lo dejó ver el socialcristiano en comisión, propone que el plenario se convierta en comisión para hacer los cambios o bien, que el expediente se asigne con plazo a una comisión dictaminadora.

Discusión del dictamen de comisión

Independiente de lo que plantee Muñoz, amplió Hernández, el plenario estaría votando el informe de mayoría aproximadamente el 8 de noviembre. Solo si el plenario lo rechaza, se entraría a conocer el de minoría. Aprobar o rechazar el informe se haría con mayoría simple. Es decir, con el voto de 29 legisladores o la mitad del cuórum de 38, más un legislador.

El artículo 146 del Reglamento Legislativo regula este debate especial: “El Plenario conocerá el dictamen de la Comisión sobre la opinión consultiva de la Sala, como primer punto en el capítulo de Régimen Interno. Cada diputado y diputada tendrá hasta diez minutos para hablar por el fondo. Para su discusión, se tendrá por ampliado el lapso establecido en el párrafo segundo del artículo 35. Si no se ha agotado la lista del uso de la palabra faltando cinco minutos para las dieciocho horas, la Presidencia lo dará por discutido y procederá a su votación de forma inmediata”, reza el numeral.

Consultas obligatorias a instituciones

Acogido el informe, indicó la jerarca legislativa, se envían de oficio consultas obligatorias a las instituciones. Las respuestas deberán llegar en un plazo no mayor a los ocho días hábiles que se cumplirían el 18 de noviembre, en caso de que el dictamen se apruebe el 8 de ese mes.

Aunque las entidades pueden pedir ampliación del tiempo, depende de la presidencia legislativa si lo otorga. Hernández enfatizó que, en esta ocasión, no otorgaría tiempo adicional.

Una de las respuestas que recibirá especial atención será la de la Corte Suprema de Justicia. Si los magistrados determinan que la nueva redacción afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial. “De eso depende si ocupa 38 votos o no” para ser aprobado en definitiva en el plenario, añadió Hernández.

Los 38 votos, de requerirlos, solo se ocuparían en la votación definitiva, o sea, en segundo debate, aseguró Hernández.

Sin embargo, antes de llegar a esa discusión, el plenario deberá recibir todas las respuestas institucionales. Al día siguiente de haber recibido las respuestas, el viernes 19, tiempo en que no sesionan los diputados, el expediente deberá aparecer en los primeros lugares de los primeros debates del plenario.

Para ser sometido a discusión por el fondo ese mismo día, se requeriría de un acuerdo entre las fracciones, para programar una sesión extraordinaria. De lo contrario, dijo la presidenta legislativa, se empezaría a ver a partir del lunes 22 de noviembre, pero advirtió que en esta etapa se requerirá de la colaboración del Gobierno, dado que a partir de noviembre inicia el periodo de sesiones extraordinarias en la que el Poder Ejecutivo coordina la agenda.

Si Presidencia convoca otros proyectos que fueron sometidos a revisión constitucional, como el acuerdo de Escazú, estarían por delante de empleo público en la agenda, dijo Hernández. Frente a ese escenario, la fracciones tendrán que posponer otros asuntos del día para colocar empleo público en el primer lugar. La acción requiere de 38 votos en una moción de orden para mover la agenda.

Solo si el Ejecutivo limpia la convocatoria de proyectos en similar condición, se entraría ver la reforma al empleo público de primero.

Primer debate por la vía ordinaria

Ubicado en la etapa del primer debate con el dictamen de mayoría, explicó Hernández, el proyecto recibirá una discusión por el fondo por la vía ordinaria. Aquí cada uno de los 57 legisladores tiene la posibilidad de referirse durante 20 minutos el fondo de la iniciativa. Si la discusión no se agota al cierre de la sesión, el plenario podría extender la jornada o continuar conociendo el proyecto en las siguientes sesiones.

Si se aprueba en primer debate, los diputados pueden volver a presentar consultas a la Sala Constitucional sobre aspectos no preguntados en la primera ocasión, luego de que se aprobara en primer debate en el mes de junio. Se necesita de al menos 10 firmas de legisladores para enviar la consulta. Hernández aclaró que una nueva consulta constitucional sería solo de temas que no se haya preguntado anteriormente.

Si se presenta esta gestión, la Sala tendrá que evaluar su admisibilidad. Si cumple con los parámetros de legalidad, tendría un mes para pronunciarse, por lo que el conocimiento en segundo debate, si la iniciativa no requiere de más ajustes, coincidiría con el final de año, tiempo de vacaciones legislativas.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.