Política

Diputados reviven proyecto del PAC para cerrar puerta a nuevas pensiones de lujo

Los jefes de las seis bancadas de la Asamblea Legislativa acordaron retomar, para la próxima semana, la discusión del proyecto de ley que le cerraría la puerta a nuevos pensiones de lujo.

Se trata de una iniciativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) que trasladaría al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS a los funcionarios públicos que hoy tienen la posibilidad de pensionarse mediante algún sistema jubilatorio con cargo al Presupuesto Nacional.

Dichos regímenes ofrecen ventajas económicas que terminan pagándose con impuestos. El plan presentado en el anterior periodo legislativo por el exdiputado oficialista, Víctor Morales Mora, se llama Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones y se encuentra listo para ser votado en primer debate.

La idea de los jefes de fracción es conocerlo por el fondo en la sesión del plenario del próximo lunes 23 de mayo y decidir si se vota en primer debate o se plantea algún cambio.

En los regímenes que se quieren cerrar, los pensionados reciben hasta el 100% del promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 24 devengados.

Además, algunos se jubilan a los 55 años de edad, cuando hayan completado 30 años de servicio. En el IVM, en cambio, la edad de retiro es de 65 años.

El acuerdo lo alcanzaron en reunión de jefaturas los voceros de los partidos Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera; Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas; Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado; Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig; Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña; y la oficialista Pilar Cisneros.

Del mismo modo, los voceros decidieron, este jueves, devolver deplenario a comisión dictaminadora un proyecto que eliminaría las pensiones que cinco instituciones públicas les regalan a sus funcionarios, con dinero estatal. Ello implicó que el plenario aprobara una moción para devolver al foro de Económicos el proyecto.

Según había publicado La Nación, se trata de regímenes especiales existentes en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

El plan derogaría los párrafos o artículos de las leyes que crearon una tercera pensión, con cargo al erario público, para los funcionarios de las instituciones citadas. El costo anual por sostener esos regímenes es de ¢63.676 millones y el ahorro al año por cerrarlas sería de ¢39.870 millones, según estimó el despacho de la exlegisladora liberacionista Yorleny León, su proponente.

El texto se encontraba en el plenario con un dictamen negativo de mayoría que recomendaba archivarlo, pero los legisladores decidieron devolverlo a comisión por un plazo de dos meses donde se conocería un texto sustitutivo que lo reviviría, explicó Daniela Rojas, jefa de bancada del PUSC.

“Es un proyecto de suma importancia para las finanzas públicas del país, para la fracción de la Unidad es importante apoyar el proyecto de ley y aprobarlo para frenar los abusos que existen en el despilfarro de los recursos públicos.

“Sin embargo, existen dos dictámenes (de comisión), uno de mayoría que recomienda archivarlo y no podemos archivar esta clase de proyecto; y otro de minoría que tiene un texto sustitutivo que no fue aprobado, no ha sido consultado y que no ha pasado por el trámite legislativo correspondiente”, expuso Rojas.

Además, las jefaturas decidieron retomar, para el próximo jueves 26 de mayo, la discusión del proyecto de jornadas laborales flexibles. Específicamente, acordaron quemar el primer día de ajuste del proyecto conocido como jornadas 4-3.

Significa que ese día la presidencia del Congreso abriría un espacio en el plenario para que los diputados presenten mociones de cambio al texto. Fabricio Alvarado, jefe de bancada de Nueva República, dijo que las bancadas decidirán la próxima semana qué hacer con alrededor de 300 mociones de ajuste que se le han planteado al proyecto.

El plan permitiría trabajar cuatro días por semana con tres días de descanso, siempre que se respeten los límites semanales según el tipo de horario: 48 horas en jornada diurna, 42 en jornada mixta y 36 en la nocturna. Significa que con horario diurno, se podrían trabajar 12 horas diarias durante cuatro días por semana, con tres de descanso. Si las labores son nocturnas, se trabajarían nueve horas diarias durante cuatro días. La jornada incluye 90 minutos para comidas y descanso.

Jonathan Acuña, jefe de bancada del Frente Amplio, anunció que preparan más mociones sobre el proyecto. El vocero indicó que intentará, vía mociones de ajuste, reducir la jornada semanal de 48 horas a 40 horas, manteniendo para los trabajadores el salario vigente.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.

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