Josué Bravo. 13 enero
El diputado liberacionista Luis Fernando Chacón (izquierda), expuso lo que se negocia en la Asamblea en el proyecto de empleo público. En la imagen, a la derecha, su compañero Carlos Ricardo Benavides.
El diputado liberacionista Luis Fernando Chacón (izquierda), expuso lo que se negocia en la Asamblea en el proyecto de empleo público. En la imagen, a la derecha, su compañero Carlos Ricardo Benavides.

Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración construyen un acuerdo para establecer, en el proyecto de reforma al empleo público, que las convenciones colectivas no podrán crear aumentos salariales o pluses, ni comprometer al Estado a abrir nuevas plazas.

Además, se introduciría un artículo para que el contenido de estos acuerdos laborales, en el sector público, tenga que ser refrendado por la Contraloría General de la República (CGR), aunque, esta posibilidad, ya está contemplada en el Código de Trabajo cuando se trata de temas presupuestarios.

La Contraloría tendría que cerciorarse de que las convenciones cumplan con las reglas que serían introducidas en la legislación.

Así lo confirmó el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón. Él argumentó que las convenciones en el sector público son constitucionales, pero se pueden regular.

“La Sala Constitucional, en el mes de diciembre, reitera que las convenciones colectivas son de orden constitucional. El problema de las convenciones es precisamente la creatividad que hubo para generar pluses salariales, para generarse prerrogativas, facilidades a unos empleados y a otros no. Eso es lo que la Sala ha dicho que es inconstitucional”, afirmó el jefe verdiblanco.

Una convención colectiva es un contrato establecido entre empleados y patrono para poner las “reglas del juego” en su relación laboral.

No obstante, la Sala IV ha encontrado que muchas cláusulas incluidas en las convenciones del sector público eran abusivas.

En el país existen 26 acuerdos de ese tipo en entidades como el Ministerio de Educación (MEP), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Universidad de Costa Rica (UCR), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

En su jurisprudencia, la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República (CGR) han aclarado que este tipo de pactos no están del todo prohibidos en el sector público, sino que se permiten en los casos donde los trabajadores no desempeñan gestión administrativa directa.

Chacón dijo que la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración no apuesta por eliminar las convenciones en las instituciones donde se ejerce gestión administrativa directa, para evitar que el texto se “vuelva inconstitucional y que se nos vaya a afectar por el fondo”.

“Queremos que, a través de esta ley de empleo público, se aclare lo que no puede establecerse en convenciones colectivas, que son precisamente aumentos salariales, pluses, prerrogativas, contrataciones. Todo eso queremos dejarlo muy claro para que no se preste a interpretaciones y que quede claro eso que está prohibido”, reiteró.

El proyecto de empleo público está dictaminado y aún falta superar dos etapas de presentación y discusión de mociones de ajuste.

Este plan establecería un salario global que sea competitivo por sí solo, sin pluses salariales que hoy disparan el gasto público.

Además de regular convenciones colectivas, los diputados de ese foro, en conjunto con la ministra de Planificación, Pilar Garrido, discuten cómo implementar un esquema de salario global para los actuales funcionarios que ganen por debajo de ese nuevo sistema.

Planificación sostiene que, si se incluye de forma gradual a esos funcionarios al nuevo esquema y se aplica la regla fiscal que congela los aumentos por costo de vida del salario base, el país se ahorraría alrededor del 1,1% del producto interno bruto (PIB) cada año, en las próximas cuatro décadas.

Jorge Fonseca, diputado del PLN, dijo que los diputados de Gobierno y Administración acordaron exponer los tres temas en el seno de cada fracción, con tal de afinar posiciones.

La idea, agregó Fonseca, es poder avanzar con la discusión de mociones de fondo a partir de la próxima semana y aprobar en primer debate la reforma de empleo público en el mes de febrero.

Chacón, por su parte, indicó que el próximo lunes el PLN estaría analizando las 125 mociones que a la fecha se han presentado al texto.

Otro tema en discusión es definir la rectoría de la materia de empleo público. El actual texto fortalece las competencias del Ministerio de Planificación (Mideplán) en la emisión de directrices o lineamientos de empleo público.

Los legisladores tratan de consensuar que, en la rectoría, participen Mideplán, el Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria.

La discusión del proyecto incluye un acercamiento con los sindicatos por parte del presidente de la comisión, aseveró Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).

El acercamiento se ha hecho con el presidente de la comisión de Gobierno y Administración, Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como con el socialcristiano Pedro Muñoz y el liberacionista Roberto Thompson. Estos dos últimos han planteado un proyecto alternativo.

“Hasta ahora no hemos llegado a ningún acuerdo con alguna fracción sobre el respeto al derecho de la negociación colectiva. Hay algunos diputados que sí han expresado su interés del respeto a la negociación colectiva, mientras no exista una afectación a las finanzas públicas”, expuso Hernández.

Agregó que los gremios apuestan a que, en materia de rectoría, esta recaiga sobre el Servicio Civil, entidad adscrita a la Presidencia de la República.

“Y que no sea Mideplán. De lo contrario, el tema de empleo se convertiría en un botín político”, alegó el sindicalista.

“En cuanto a la negociación colectiva, que se respete el derecho que tenemos las organizaciones de representar colectivamente los intereses laborales de los trabajadores, tomando en consideración, además, que la Ley de fortalecimiento de finanzas públicas prohíbe aumentos salariales, por lo que ninguna convención colectiva puede transgredir la ley”, subrayó.

En salario global, Hernández dijo: “Que no se violente el salario de trabajadores actuales, que no sea un proceso confiscador, ni discriminatorio”.

Hernández dijo que, en las conversaciones con Morales, han participado el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) y Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco).