Josué Bravo. Hace 6 días
La comisión de Gobierno y Administración realizó la última sesión de trabajo, este lunes, previo al inicio de la votación de mociones de ajuste al proyecto de empleo público. Foto: Josué Bravo
La comisión de Gobierno y Administración realizó la última sesión de trabajo, este lunes, previo al inicio de la votación de mociones de ajuste al proyecto de empleo público. Foto: Josué Bravo

Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración evalúan extender a las empresas públicas en competencia las regulaciones sobre convenciones colectivas que se introducirían en el proyecto de reforma al empleo público.

En este momento, están fuera de las regulaciones del plan instituciones como el Instituto Nacional de Seguros (INS), los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) y la parte de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Con el ajuste, a estas empresas públicas se les impediría negociar aumentos salariales o creación de nuevos pluses y plazas en los acuerdos con los sindicatos, al igual que al resto de las instituciones.

Víctor Morales Mora, presidente de la comisión, declaró este lunes que los legisladores se decantan por excluir a esas entidades de la mayor parte de normas del proyecto, como la que establecería el salario global, pero aplicarles la regulación de las negociaciones colectivas.

“La sensación que tengo es que nos estamos decantando por mantenernos en el acuerdo que tomamos la vez anterior (en enero), solo que dejando claramente establecido en el texto que las empresas públicas en competencias también están sometidas a las regulaciones de convenciones que tendría esta ley”, adelantó Morales, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Durante la reunión de trabajo, Morales hizo hincapié en evitar amarras a esas entidades precisamente para que puedan competir con el sector privado.

El principio que el Gobierno defiende es que tanto, para públicos como privados, rijan las mismas reglas para competir en el mercado.

De mantenerse esa visión, se rechazarían mociones planteadas por el Partido Restauración Nacional (PRN) que piden revertir esa exclusión o, en última instancia, que se incluya a la parte de los funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) relacionados con el sector electricidad.

Al mismo tiempo, se obviaría el llamado de la contralora general de la República, Marta Acosta, quien pidió que el texto abarque a todos el sector estatal para evitar las desigualdades salariales y la atomización de sistemas.

Dentro del grupo de 474 mociones de ajuste al proyecto, hay una de consenso que impediría que, en las convenciones colectivas, se negocien incrementos salariales, nuevos pluses y la creación de nuevas plazas.

Además, se prohibiría introducir asuntos adicionales que impliquen un gasto de recursos que afecte el presupuesto nacional o el de las instituciones.

Luis Fernando Chacón, vocero del Partido Liberación Nacional (PLN), recordó que esas empresas, hasta ahora, están excluidas y que cualquier ajuste sería parte de la discusión de este martes.

Los congresistas de la comisión de Gobierno y Administración realizaron este lunes la última sesión de trabajo con la participación de la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

La comisión prefirió revisar las mociones en las que hay consenso y en las que no, a fin de facilitar el proceso de votación que se pospuso para este martes, a partir de las 8:45 a. m.

En materia de convenciones convenciones, el foro avanzó en puntualizar cuáles mociones ayudarían a extender las regulaciones de convención colectiva en las empresas públicas en competencia, sin que ello implique un acuerdo en firme.

Por el momento, hay dos iniciativas en esa línea con redacciones diferentes. La número 32 reafirma la exclusión de esas entidades de la ley, salvo en lo relativo en materia de negociaciones colectivas.

La número 26, además de incorporarlas a las regulaciones, les ordenaría regirse por los principios rectores del plan relativos a equidad salarial, excelencia en el servicio, modernidad o prevalencia del interés general.

También, ligaría a las empresas públicas en competencia con los principios de rendición de transparencia y rendición de cuentas mediante el suministro de información a la Plataforma Integrada de Empleo que crearía la legislación.