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La Comisión Plena Primera del Congreso aprobó, este miércoles, un proyecto de ley que declara de interés nacional la elaboración, la implementación y la divulgación de acciones afirmativas para la población afrodescendiente.
El expediente 21.499 fue votado con 14 votos a favor y uno en contra.
El plan establece, en su artículo 3, que el 7% de las plazas que queden vacantes en las instituciones públicas serán asignadas a personas afrodescendientes, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales para el puesto.
Por su parte, el artículo 4 pide al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) destinar un 7% de los cupos en cada una de sus ofertas educativas a la población afrodescendiente.
Durante la discusión de este miércoles, se aprobó la moción 41, la cual modifica este artículo para que, en caso de que no se llene este 7% con personas afrodescendientes, los campos puedan ser ocupados por otras personas interesadas.
Este cambio fue propuesto por la diputada María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien no estuvo presente en el debate. La moción fue aprobada con nueve votos a favor y cinco en contra.
En marzo, esta diputada socialcristiana fue fuertemente criticada por presentar 70 mociones para que el texto dijera “afrodescendientes, negros”, “chinos”, “malekus”, “desempleados” o “indígenas”, entre otros términos.
Sus mociones finalmente fueron rechazadas.
Dentro de la discusión, Pedro Muñoz, diputado y precandidato del PUSC, fue el único legislador que se opuso al proyecto.
Las comisiones plenas, conformadas por 19 diputados, pueden aprobar leyes sin la necesidad de pasarlas al plenario legislativo.
Legado afrodescendiente
Esta ley también modificará los programas educativos de escuelas y colegios, para que incorporen el legado de las personas afrodescendientes en Costa Rica dentro de los temas de estudio, así como su participación en la conformación de la nación y en las diversas expresiones culturales.
A la vez, se promoverá la investigación sobre el pasado de esclavitud y estigmatización a la que ha sido objeto la población afrodescendiente.
Estas obligaciones recaerán sobre el Consejo Superior de Educación, que debe hacer cumplir esta acción afirmativa en cada curso lectivo.
La apertura y promulgación de espacios culturales estará a cargo del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), por medio del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, que será el responsable de llevar las coordinaciones interinstitucionales necesarias.
Para ayudar al progreso de las mujeres afrodescendientes el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) deberá incorporar en sus programas acciones afirmativas específicas de participación política, autonomía económica y el acceso a la salud.
Estas medidas se aplicarán por un plazo de diez años, contado a partir de la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto surgió para rescatar del archivo legislativo la propuesta de la exdiputada Maureen Clarke Clarke, que se tramitó bajo el expediente 19.628 Ley de Acciones Afirmativas a favor de las personas Afrodescendientes.
Ese texto había sido archivado el 25 de junio del 2019 por una disposición legislativa de plazo cuatrienal.
David Gourzong, congresista del Partido Liberación Nacional (PLN), quien es uno de los promotores del proyecto, agradeció a sus compañeros por la aprobación en primer debate de la ley.
“La población afrodescendiente costarricense se ha visto afectada por la falta de acceso a la formación de la educación para disminuir las brechas sociales que existen, la educación es uno de los motores fundamentales para que un ser humano pueda desenvolverse y mejorar su condición social.
“Estas acciones afirmativas que este proyecto contempla van en ese sentido de cerrar esas brechas sociales”, dijo Gourzong.
El socialcristiano Pedro Muñoz más bien alegó: “Me parece que estas curitas no cambian las causas del problema, no arreglan las causas del problema y buscan, más bien, un analgésico a las consecuencias del problema“, dijo con respecto a la ley.
Agregó que le parece “contradictorio” obligar a las personas que concursan para un trabajo indicar si se consideran afrodescendientes.
“La condición de afrodescendiente no hace que necesariamente esté en una condición de vulnerabilidad, por lo tanto, no creo que deba legislarse dando una cuota específica”, dijo Muñoz durante su intervención.
Por su parte, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, se pronunció a favor de la ley y lamentó el hecho de que la legisladora María Inés Solís reiterara las polémicas mociones este miércoles.
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