EscucharDiputados de las seis fracciones fustigaron las irregularidades cometidas con préstamos y fondos de la Asociación Solidarista del Banco Nacional (Asebanacio), al considerar que estas acciones pusieron en peligro los dineros de sus asociados.
Criticaron la entrega de créditos sin requisitos, la falta de revisión documental y la ausencia de garantías, así como el otorgamiento de préstamos con tasas de interés diferenciadas para asociados, funcionarios de alto rango del Banco Nacional y personas no asociadas.
“Se pasaban créditos basura del banco (a la asociación)”, afirmó Jonathan Acuña, legislador del Frente Amplio, durante un debate reglado realizado el pasado jueves en el plenario legislativo.
Ese día, los 44 diputados presentes en el recinto aprobaron por unanimidad un informe elaborado por la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos sobre el caso de Asebanacio.
El mismo señala, entre otras, una serie de anomalías en el otorgamiento de créditos e incluye recomendaciones como solicitar al Ministerio Público que realice una investigación.
Al respecto, Alejandro Pacheco, jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sostuvo que los problemas de esta asociación datan desde su creación en 2011. Empero, el informe no precisa si los problemas con los créditos datan desde ese mismo año.
Indicó, por ejemplo, que la organización se financió con una transferencia de ¢60.000 millones provenientes de un fondo de cesantía del Banco Nacional, en lugar de aportes de los asociados.
Paola Nájera y Daniel Vargas, legisladores de gobierno, subrayaron que la organización violó el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Solidaristas al nombrar en su Junta Directiva a representantes patronales.
La investigación legislativa indica, por ejemplo, que en 2014 Oscar Prado Mendoza ocupó simultáneamente la presidencia de Asebanacio y el cargo de director general de finanzas del BN.
También señala que para marzo de 2017, Prado Mendoza mantenía el máximo cargo de la asociación mientras era director de planeación y control financiero de la entidad bancaria.
En tanto, Jorge Agüero Alvarado, directivo de Asebanacio en 2014, fungía como director general de crédito del Banco Nacional y formaba parte del comité de inversiones de la entidad bancaria.
Fabricio Alvarado, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), denunció irregularidades en la concesión de créditos, como la entrega de ¢2.181 millones sin garantías, y pérdidas para los asociados de ¢15.000 millones correspondientes al ahorro obrero.
Por su parte, Gilbert Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló posibles casos de tráfico de influencias en la gestión de los recursos de la asociación.
Asebanacio es la segunda asociación solidarista más grande del país por su patrimonio, con un capital de ¢84.000 millones y activos por alrededor de ¢90.000. Es también la cuarta más grande en número de asociados, con 5.000, según el informe legislativo.
Mediante un comunicado de prensa, Asebanacio pidió a la Fiscalía de Fraudes del I Circuito Judicial de San José presentar la respectiva acusación en el caso que, por actuaciones irregulares de altos funcionarios de la entidad bancaria, se provocaron pérdidas por ¢15.000 millones a los trabajadores agremiados.
“¿Por qué la Asociación Solidarista del Banco Nacional prestó miles de millones a personas y empresas particulares que no calificaron para un crédito en el Banco Nacional?. Eso es parte de lo que la Fiscalía debería investigar”, dijo Rodrigo Araya, abogado penalista de la asociación.
Informe señala negligencia
La investigación de la comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos señala una aparente falta de interés por parte de las autoridades del Banco Nacional por esclarecer los hechos denunciados en relación a Asebanacio.
Según el documento, no solo se evidencia un retraso significativo en la solicitud de información después de que trascendieran las irregularidades, sino también el uso de justificaciones improcedentes, como la exigencia de un fallo judicial, para evitar iniciar procedimientos disciplinarios contra los funcionarios implicados.
El informe destaca que, a excepción de la gestión realizada por la Dirección General de Riesgos, las autoridades del Banco Nacional no cumplieron con su deber de diligencia al no verificar adecuadamente las condiciones en la gestión de los fondos administrados.
Dicha dependencia recomendó a la asociación, en el 2016, establecer límites de crédito, proporcionar información financiera y contratar auditorías externas anuales de riesgos.
“Las autoridades de la institución no sólo no iniciaron la respectiva investigación, sino que no consta en el expediente que hubiesen puesto en conocimiento de las irregularidades detectadas a la SUGEF (Superintendencia General de Entidades Financieras), que es el órgano fiscalizador de las asociaciones solidaristas establecidas por ley. Lo anterior se traduce en un accionar negligente por parte de las autoridades del Banco Nacional”, reza el informe.
