Los diputados frenaron el avance del crédito por $400 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), con el objetivo de bajar el porcentaje que se destinaría a abonar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El compromiso de los diputados es reducir dicho porcentaje de un 40% a un 15%, aunque el Gobierno insiste que la cifra sea de un 10% y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que es mejor no recibir el préstamo si el Congreso no acepta su posición.
Este lunes, 46 legisladores aprobaron una moción para retrotraer el expediente 23.502 a su trámite en primer debate, lo que permite hacerle modificaciones de fondo al texto, en el plenario legislativo, para luego someterlo a votación, de nuevo, en primer debate.
En contra de la retrotracción votaron seis diputados, todos ellos integrantes del Partido Liberal Progresista (PLP).
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La modificación se le realizaría al empréstito este martes mediante una moción de fondo.
El proyecto está en la corriente legislativa desde diciembre del 2022 y se dictaminó en la Comisión de Asuntos Económicos en noviembre del 2023. El primer debate se votó el 30 de mayo, con la promesa de modificarlo para reducir el porcentaje dirigido hacia la CCSS.
El ministro de Hacienda había pedido a los jefes de las fracciones políticas salvar el financiamiento, pues la AFD requiere su aprobación antes del 16 de junio; de lo contrario, se perdería ese componente y el contrato de crédito no podría seguir adelante.
No obstante, luego Acosta endureció su posición y dijo que está dispuesto a perder el crédito.
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Esta postura fue calificada por el jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, como un chantaje. En tanto, el ministro declaró que los diputados no entienden lo que provocarían al exigir el traslado de un porcentaje del empréstito a la CCSS, en lugar de permitir al gobierno utilizarlo para financiar el Presupuesto Nacional.
A finales de enero de este año, el jerarca de Hacienda había dado señales de que el gobierno prefería prescindir del préstamo si se le obligaba a trasladar recursos para la seguridad social.
El contrato de financiamiento conlleva $100 millones de la AFD, $250 millones aportados por el BID y otros $50 millones puestos por el gobierno de Corea del Sur, a través del BID, como parte del apoyo al Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica.
Sin embargo, el objetivo principal de Nogui Acosta es utilizar ese financiamiento para cubrir gastos corrientes del Gobierno Central.
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El diputado Eliécer Feinzaig, del PLP, dijo que su partido votó en contra porque el endeudamiento de Costa Rica está creciendo a un ritmo peligroso, bajo el argumento del gobierno de que se está cambiando deuda cara por deuda barata.
“Son créditos para que el gobierno pueda gastar más plata. Con el nivel de endeudamiento, estamos empezando a peligrar”, dijo Feinzaig.
El legislador agregó que un anterior acuerdo entre diputados, Poder Ejecutivo y la CCSS se produjo durante el 2020, con el objetivo de fortalecer a la Caja, “lo que en ese momento tenía todo el sentido del mundo”.
“El acuerdo firmado dice expresamente que era solo para los créditos del 2020, pero estamos cuatro años después y a todos los créditos de esta Asamblea se les siguen asignando un 10% para la CCSS, pero el gobierno no lo gira y, si lo gira, la CCSS lo congela porque no hay conciliación de cuánto es la deuda del Estado con la Caja”, indicó Feinzaig.
Puntualizó también que el PLP está en contra de dar a la Caja un 40%, 15% o 10%, “porque es hora de entrar en razón”.
Al contrario que el PLP, la frenteamplista Sofía Guillén destacó el acuerdo entre fracciones de la oposición, no solo para otorgarle un 15% a la CCSS, sino también para condicionar a que el Ejecutivo no pueda utilizar el grueso de los $400 millones hasta tanto no haga el abono de los $60 millones (correspondientes al 15%) a la Caja.
“No más excusas, no más excusas. Cerca de ¢2 billones (de deuda) ya están certificados, fuera de discusión. Lo que está en disputa es cerca de ¢1 billón. Señor ministro, no más excusas, gírele fondos a la Caja”, comentó.
Guillén también enfatizó que la Comisión de Económicos siempre estuvo dispuesta a conversar con Acosta, para asegurar no solo la parte a la CCSS, sino también un grado de libertad para Hacienda, pero recordó que la posición del ministro fue decir “no quiero, o me dan 10% o no me dan nada, pero así no funciona la política pública”.