Política

Diputados fortalecerían pensiones del IVM con aporte patronal que hoy recibe el Banco Popular

Los diputados avanzan con un proyecto de ley para fortalecer las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la CCSS, mediante el traslado de un aporte hecho por los patronos del país que hoy se deja el Banco Popular (BP).

Cada mes, el BP recibe un monto equivalente al 0,5% del salario de cada trabajador. El dinero corresponde a una contribución obligatoria de los empleadores.

De ese 0,5%, el Banco Popular se deja la mitad por 18 meses y luego gira los recursos a las cuentas de pensiones complementarias de los asalariados. La otra mitad se la deja para capitalizar sus operaciones.

El planteamiento de los diputados es trasladar ese último 0,25% al IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que equivale a unos ¢27.600 millones anuales.

Así lo prevé un proyecto de ley del diputado socialcristiano Pedro Muñoz, el cual fue dictaminado afirmativamente por seis diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

A finales del año 2020, el Congreso aprobó otro proyecto para que el BP, al trasladar el otro 0,25% que va para las pensiones complementarias, deba reconocer una determinada tasa de interés (tasa básica pasiva (TBP) más 1,60%) después de conservar el dinero por 18 meses.

El nuevo proyecto de Muñoz se fundamenta en una recomendación de la Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la Sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la CCSS del año 2017.

En ese foro, se sugirió que “la Gerencia de pensiones y la Junta Directiva de la CCSS procuren hacer los ajustes necesarios para que, de la cuota patronal actualmente pagada al Banco Popular, se traslade un 0,25% a favor del Régimen de IVM”.

La exposición de motivos asegura que “dicha reasignación no afectará el funcionamiento del banco, considerando que esos recursos no constituyen el giro normal y la fuente de financiamiento principal del Banco Popular”.

El plan lo dictaminaron afirmativamente, el pasado 9 de marzo, seis legisladores de la comisión de Económicos que militan en los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

“El IVM es un régimen que se debe fortalecer. Hay que ayudar a que tenga más recursos”, manifestó el diputado Enrique Sánchez, del PAC, previo al dictamen.

El expediente pasará con un informe esta semana al plenario, donde los 57 legisladores pueden presentar mociones de ajuste que serían discutidas en comisión.

Un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa descartó afectación a la independencia del Banco Popular con la reasignación de los recursos.

“Al margen de sus consideraciones financieras, se trata de una decisión que las señorías deben tomar apelando a criterios de oportunidad y conveniencia política”, añade el informe elaborado por Mario Avilés Sasso, mientras fungió como asesor parlamentario.

De aprobarse la iniciativa, añade Servicios Técnicos, el 0,25% del aporte patronal podría ser destinado a fortalecer el Régimen No Contributivo de pensiones de la CCSS, el cual cubre a personas en pobreza u orfandad.

“En otras palabras, el proyecto de ley no diferencia, a la hora de receptar la Caja como administradora del IVM, si los fondos de ese 0,25% trasladados, en caso de aprobarse la ley, los inyecta al régimen contributivo o si los introduce para financiar el régimen no contributivo.

“Este aspecto es omiso; quedaría solventado a nuestro juicio por la autonomía reforzada que tiene la CCSS por la vía del artículo 73 constitucional, en el sentido que implicaría un acto de decisión final que adopte la Junta Directiva de la CCSS, aunque lo ideal, por principio de legalidad y seguridad jurídica, es que este asunto quede plasmado en el texto del proyecto de ley”, recomienda Servicios Técnicos.

También, el informe aconseja incluir en el texto una norma transitoria que dimensione el traslado de los fondos. “Que corra la ley hacia adelante y no afecte al Banco Popular sobre los montos ya ingresados. Este dimensionamiento es razonable mientras se modifican los mecanismos contables e informáticos, es decir, la parte técnico-operativa”, indica.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.