EscucharLos diputados tienen dudas sobre el proyecto de reforma a la Constitución Política que permitiría la implementación del financiamiento indirecto para las campañas políticas, el cual permitiría a las agrupaciones acceder a financiamiento estatal de forma anticipada y no reembolsable.
Se trata del expediente legislativo 20.117, que busca modificar el artículo 96 constitucional, que es el referido al financiamiento estatal de los partidos políticos.
La figura de financiamiento indirecto permite a los partidos acceder a recursos como transporte público gratuito para los votantes, la exención de impuestos a las donaciones, acceso a espacios en medios y la impresión de sus planes de gobierno.
Según los congresistas, una reforma como la que están tramitando podría permitir que el pluripartidismo aumente, al garantizar recursos anticipados de forma equitativa, y que no serían reembolsables, por lo que más partidos se interesarían en participar de las elecciones.
Los principales cuestionamientos a la propuesta son de Pablo Heriberto Abarca, jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y de Gustavo Viales, de Liberación Nacional (PLN), quienes objetaron la forma en la que se plantea repartir dichos recursos.
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Abarca alegó que el financiamiento indirecto sería un incentivo para la inscripción de más partidos políticos y que, al existir una tendencia creciente en el número de agrupaciones, la distribución equitativa de recursos haría que los montos de financiamiento no reembolsable sean pequeños.
“Si hoy hay una gran cantidad de organizaciones políticas de alquiler, como han llamado aquí algunos diputados, imagínese cuando hay garantía de que van a tener recursos, cuando hay garantía de tener pauta, transporte.
“Yo realmente creo que la discusión se debe tener en función de que se fortalezcan los partidos políticos y existan reglas que garanticen que las organizaciones de verdad, que piensan, recorren el país y no solo están para la maquinaria electoral, para que tengan financiamiento y una garantía de que el Estado les está apoyando”, comentó el socialcristiano.
Además, criticó el criterio enviado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la semana anterior, pues considera que el tema del financiamiento indirecto queda “tan abierto, que la deuda adelantada sería como un regalo a los partidos”.
Frente a los cuestionamientos de Abarca, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, negó en su audiencia del 29 de marzo que un aumento en la participación de agrupaciones se deba al financiamiento.
“Hoy participaron 25 partidos políticos de nivel nacional. Hubo provincias en los que participaron 28 partidos provinciales, y esta norma no existe todavía. El aumento de partidos políticos no se ha dado por razones de financiamiento, por lo menos no únicamente, hay una serie de temas que han permitido eso”, expresó Zamora.
La jerarca del TSE enfatizó que ese órgano avala incluir en la reforma constitucional la opción de un porcentaje de adelanto que no sea caucionado, y que quedaría sujeto a materia de ley.
La magistrada Zamora explicó que, por ejemplo, si se hubiera tomado un 1% no caucionado de los ¢19.800 millones de la deuda política del 2022 y se dividiera entre los 25 partidos que participaron en la primera ronda, cada agrupación habría tenido un adelanto de solo ¢79 millones.
Por su parte, Gustavo Viales externó su preocupación por la reforma, pues dijo que sentaría bases normativas para el financiamiento indirecto dentro de la Constitución Política.
“Si hacemos esto simplemente como una transferencia económica, vamos a generar un incentivo en dos vías: primero, para que se constituyan más agrupaciones, porque sabemos que, sí o sí, van a tener recursos; y dos, hay agrupaciones que ya sabemos que se utilizan en una elección y en la próxima no, porque no son permanentes, son prácticamente de garaje”, comentó Viales.
El verdiblanco aseguró que el financiamiento indirecto tampoco es un garantía para que las elecciones inicien “con una cancha más pareja”, pues no todas las agrupaciones tienen las mismas posibilidades para acceder a crédito bancario privado, lo que para él no es “legítimo”.
“Yo abogaría por facilitar algunos mecanismos para que sea la ciudadanía la que pueda acceder a una mejor información, por ejemplo, en el transporte público el día de las elecciones o la posibilidad de acceder a más espacios de discusión en debates”, agregó.
Por su parte, Héctor Fernández, director del Registro Electoral del TSE, explicó que uno de los problemas, desde la década de los 90, es la falta de financiamiento antes de las elecciones, ya que muchos partidos no tiene acceso para pagar sus campañas y caen en “tentaciones” para obtener recursos de otras fuentes, a falta de dinero público.
“Antes de 1990, era un 60% la posibilidad de adelanto a los partidos políticos de la deuda, con garantías incluso fiduciarias. Entonces, era muy accesible. ¿Cuál fue el problema? Bueno, que solo podían tenerlo los partidos que habían tenido deuda anteriormente”, comentó Fernández.
Específicamente, el proyecto modifica el artículo 96 de la Constitución y elimina el inciso 4, el cual asegura hoy la comprobación de los gastos de campaña. El TSE se manifestó de acuerdo en buscar mayor equidad, pero sin perder de vista los controles sobre el dinero público.
“Como Tribunal, muchas veces nos hemos encontrado gastos excesivos, por lo menos en términos de oferta y demanda, en ciertos bienes”, alegó Fernández.
Sin este principio, ya no existiría fundamento constitucional para exigir a los grupos políticos pruebas de que incurrieron en un gasto de campaña, a fin de acceder al aporte público.
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