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La Comisión de Asuntos Hacendarios buscará esta tarde obtener insumos técnicos para definir, en consenso, una metodología que justifique el tope a las tasas de interés que se cobran en los créditos.
Los diputados de ese foro convocaron a tres expertos para que les asesoren en cómo establecer el límite a partir de la cual una tasa de interés se consideraría usura, explicó Ana Lucía Delgado, presidenta de la comisión.
“Lo que ocupamos es revisar que efectivamente se cuente con una metodología desde el punto de vista técnico más correcto para establecer ese tope”, dijo la legisladora liberacionista.
Los citados son el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero; el superintendente general de Entidades Financieras (Sugef), Bernardo Alfaro; y Víctor Garro, académico de la Escuela de Administración de Pública (EAP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Con ellos, los diputados se reunirán a partir de la 1 p.m. en el Congreso, en un ejercicio que además facilitaría reanudar la discusión del expediente 20.861, probablemente bajo un acuerdo.
El BCCR había sugerido a los legisladores, en marzo anterior, una tasa máxima que oscilara entre el 61% y el 63%, o bien el promedio simple de ambas cifras, que es de 57%. La EAP de la UCR, en tanto, propuso un tope del 35%.
Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, recomendó la semana anterior escuchar la opinión de instituciones como la Sugef para buscar un punto de equilibrio que proteja a los usuarios de tasas excesivas y que, a la vez, no los excluya de acceso al crédito.
A la mesa de trabajo fue invitado el diputado liberacionista David Gourzong, proponente del proyecto, quien se mostró de acuerdo en buscar un consenso.
“Yo les pedí una cosa: que se debía invitar a la Universidad de Costa Rica, la academia. Ellos pueden ajustar los datos con los indicadores econónimos de este año”, expuso Gourzong.
El debate en la comisión se pausó el martes, luego de rechazarse, tras más de media hora de discusión, en sesión ordinaria, solo una de las 40 mociones de fondo con las que el proyecto empezó la semana.
La discusión del texto se ralentizó desde que, el pasado 19 de noviembre, se aprobó una moción de fondo, con 7 votos a favor y 2 en contra, que establece que las tasas de interés no podrá superar 2,2 veces la tasa de interés activa del sistema financiero nacional, lo que, a esa fecha, equivalía a 30,2% para préstamos en colones y 15,4% para los financiamientos en dólares.
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La tasa por encima de ese techo se consideraría usura, de acuerdo con el texto, que además propone duplicar la pena cuando la usura se cometa en perjuicio de consumidores y usuarios.
En la actualidad, el artículo 243 del Código Penal establece que esta práctica será reprimida con prisión de seis meses a dos años o con 20 a 80 días multas, pero no existe en el país una fijación a partir de la cual calificar la usura.
Desde que se aprobó ese cambio, el proyecto acumuló 63 mociones provenientes principalmente de los diputados Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN); y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Los tres legisladores, opuestos a la metodología definida en esa moción, buscan modificar el texto. La comisión solo ha evacuado 25 de las 63 propuestas y aún faltan 38 por discutir.
Ante el poco avance, los diputados acogieron la propuesta de Delgado de abrir la mesa de trabajo para buscar claridad, en la voz de los expertos, sobre el sustendo de la metodología.
“La idea es poder construir una moción de fondo donde se puedan incorporar, mediante acuerdo, el punto que estaba pendiente en la comisión sobre este proyecto de usura”, expuso la congresista.
La verdiblanca consideró que todos los congresista de la comisión están en “total acuerdo” con la necesidad de definir topes para que permitan, una vez que se superen, aplicar sanciones al delito de usura.
“Sin embargo, el tema es cuál metodología. Desde el punto de vista técnico, se puede establecer ese tope. Eso es exactamente lo que tiene en este momento detenida a la comisión”, añadió la verdiblanca.
El diputado Otto Roberto Vargas considera que, con la redacción actual, el proyecto excluiría a población vulnerable del acceso a crédito y los enviaría al sector informal que cobra tasas mucho más elevadas.
En tanto, Avendaño insistió en que la metodología de cálculo se debe definir con criterios “científicos y rigurosos” como, afirma, lo sugirió el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR.
“Debemos unirnos en poder conseguir ese equilibrio, balance y que una tasa que defina donde comienza la usura, pero que también no sea una tasa que excluya a miles de hogares costarricenses”, expuso el restauracionista.
Welmer Ramos, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), uno de los firmantes de la iniciativa, asegura que la metodología establecida en el actual texto es la correcta debido a que fue validada con universidades públicas.
También resaltó la posibilidad de lograr un acuerdo a lo interno de la comisión.
“Veo desde mi perspectiva que hay asimetría de información importante entre los miembros de la comisión. Creo que si no nos ponemos a discutir en lo técnico, difícilmente la gente va salir de las posiciones ideológicas”, añadió.
