Siete de los once diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios rechazarían el nuevo crédito de $265 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), si el Gobierno mantiene las dudas sobre el uso que le daría al 60% de los recursos gestionados para el bono Proteger.

Los votos para un informe negativo serían de las diputadas Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN); Oscar Cascante y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PUSC); y Harllan Hoepelman, de Nueva República (PNR).

Estos legisladores alegan que los ministerios de Hacienda y Trabajo no han sido capaces de aclarar el destino que le darían a $159 millones de este empréstito, el cual fue solicitado en abril para atender a los afectados económicamente por la pandemia.

Por su parte, Laura Guido y Nielsen Pérez, congresistas del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), apuestan al diálogo para aprobar los recursos.

Gustavo Viales, legislador del PLN, dijo que se mantiene estudiando el crédito; mientras que Eduardo Cruickshank, del PRN, no pudo responder por estar en reuniones en el Congreso.

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Las cláusulas

De acuerdo con el contrato, el empréstito solo podría ser utilizado para gastos del bono Proteger y políticas asociadas con sus objetivos.

De la totalidad del financiamiento, el BID le permitió al Poder Ejecutivo destinar hasta $159 millones como “gastos elegibles” para financiar ese programa de subsidios, siempre que se hayan efectuado entre el 16 de marzo, fecha en que el Gobierno declaró el estado de emergencia nacional debido a la covid-19, y el 15 de junio de 2020.

Otra de las condiciones del acuerdo es que los procedimientos de contratación se desarrollen de acuerdo con los principios básicos de adquisiciones públicas.

Los jerarcas de Hacienda y Trabajo, Elian Villegas y Geannina Dinarte, les dijeron a los diputados que los $159 millones podrían ser utilizados para gastos del Gobierno en subsidios Proteger que ya se otorgaron a los beneficiarios.

Sin embargo, el bono Proteger tiene diversas fuentes de financiamiento que juntas acumularon ¢256.000 millones (más de $426 millones) para unos 700.000 subsidios que el Ejecutivo viene otorgando desde hace casi seis meses a trabajadores afectados por la pandemia. A la fecha, se ha girado el 82% de esos recursos.

Precisamente, esa contradicción es una de las razones que llevarían a los siete legisladores a rechazar el empréstito.

Los ministros Villegas y Dinarte indicaron que los recursos del préstamo, entonces, podrían ser destinados a la Caja Única del Estado o a fortalecer un programa para el sector turismo. Sin embargo, el titular de Hacienda también sugirió que el dinero se podría usar en pago de salarios o aguinaldos, o para comprar vacunas contra la covid-19 cuando estén disponibles.

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Los argumentos

“No lo voy a votar. Hay que hacer un estudio minucioso de qué es realmente lo que ocupa el país. Vea las inconsistencias entre la ministra de Trabajo y el de Hacienda. Ya los bonos Proteger que se repartieron entre marzo y junio estaban cubiertos. Uno se pregunta si necesitan esa plata para tapar algún hueco”, señaló el diputado Otto Roberto Vargas.

En tanto, Ana Lucía Delgado reiteró que los recursos del programa de subsidios a trabajadores no se contratan bajo principios básicos de adquisiciones públicas.

Asimismo, señala que las condiciones del crédito vienen dentro del contrato, lo cual le impide a los legisladores hacer algunas modificaciones, como redirigir recursos al servicio de la deuda pública.

“Se suman a las contradicciones entre los ministros en sus audiencias, la discrepancia y omisiones de sus respuestas respecto a lo indicado en el contrato de préstamo. A diferencia de otros préstamos, en este incorporaron una cláusula dentro del contrato sobre uso, lo que imposibilita la modificación de la misma mediante el derecho de enmienda que tienen los diputados”, criticó la verdiblanca.

En la misma línea, la liberacionista Hernández añadió que “mientras persistan omisiones, discrepancias y contradicciones entre las instituciones del Gobierno, no es posible apoyar la asignación de estos recursos”.

Hernández explicó que, si en la comisión se apoya un informe negativo de mayoría, luego deberá ser sometido a votación en el plenario legislativo. Es probable que las legisladoras del PAC emitan un dictamen positivo de minoría que también sería sometido a valoración del plenario.

El socialcristiano Cascante dice que aprobar el empréstito podría implicar una ilegalidad. “Se aprobarían fondos para un proyecto que ya está en ejecución”, aseveró.

Su compañera de bancada, María Inés Solís, agregó: “Yo lo votaría en contra, no hay manera de aprobar una chambonada de este tipo".

Avendaño indicó que son “inaceptables” las contradicciones de los jerarcas. “No avalaremos un financiamiento, mientras no exista completa claridad del uso. Es sumamente grave que se sugiera un hueco en los fondos de bono proteger y los responsables no puedan clarificar la situación”, subrayó.

Hoepelman indicó que “así como estamos hay muchas dudas. No sabemos si es para pagar, prepagar o pospagar. Si no hay claridad del gasto es difícil aprobarlo".

Guido, del PAC, aseveró que al crédito aún le falta trámite en la comisión de Hacendarios y se podrían incluir “disposiciones que den tranquilidad a las partes”.

“Estaremos trabajando por construir acuerdos y resguardar los recursos urgentes para atender a las personas que han sido afectadas económicamente por la pandemia, para poder invertir en herramientas para la empleabilidad como es el caso de los recursos de Empléate y los muy urgentes recursos de apoyo al sector turismo”, puntualizó.

La legisladora Pérez agregó: “Cualquier avance de un proyecto es producto del diálogo. Yo apuesto a ese mecanismo para poder avanzar con este proyecto porque el mismo contribuye a proteger a la población que más necesita y brindar herramientas para la empleabilidad”.

De los restantes $106 millones del crédito del BID, $59 millones serían para 100.000 nuevos subsidios Proteger a trabajadores, $20 millones no reembolsables a programas para migrantes, $15 millones a subsidios a 18.000 trabajadores de pequeñas empresas del sector turismo y $10 millones para el programa Empléate.