Si una persona con alguna discapacidad cognitiva (intelectual) o volitiva (falta de control sobre sus actos) sufriera un abuso sexual, tendría 25 años a partir de que fuera víctima del último abuso para denunciar esa agresión.
Así lo establece el proyecto de ley 21.518, aprobado por 45 diputados la tarde de este jueves.
La iniciativa reforma el inciso c del artículo 31 del Código Procesal Penal.
Su fin es aclarar una norma creada hace un año, cuando se aprobó un proyecto llamado “derecho al tiempo”, que aumentó el plazo para que las personas que fueron abusadas cuando eran menores de edad, tengan derecho a denunciar hasta 25 años después de cumplir su mayoría de edad.
La redacción de la propuesta tendía a generar una confusión, tal como les advirtieron funcionarios del Poder Judicial a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
El problema era que se entendía que, al igual que otras personas, a las que tienen alguna discapacidad volitiva o cognoscitiva el plazo para denunciar corría por 25 años a partir de su mayoría de edad, aunque ese no fuera el espíritu original de la iniciativa.
“Podría darse la situación absurda de que si el delito se da contra una persona mayor a 43 años, ya el delito estaría prescrito según la ley, aunque haya sido cometido después de su mayoría de edad”, explicó José María Villalta, del Frente Amplio, en el plenario legislativo.
Entonces, básicamente, la nueva redacción de ese inciso establece que el periodo de los 25 años corre a partir de que se cometió el último abuso contra la persona con esa discapacidad.
“Es una precisión de forma, pero es importante porque, si no se corrige, podrían darse situaciones de impunidad que no queremos promover. Por eso la premura, ante la advertencia del Poder Judicial, ante la incongruencia o la poca claridad en la redacción”, dijo Villalta.
El diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), destacó que ahora queda claro en la ley que son dos tipos de modificaciones, tanto para quienes fueron abusados de menores, como para quienes sufrieron esos abusos, por su condición vulnerable debida a la discapacidad cognitiva, en cualquier momento de su vida.
El oficialista agregó que, actualmente, la prescripción para ese tipo de delitos no tenía ninguna condición especial, sino que corrían los plazos entre dos y 10 años, según el delito del que se tratara.
