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La diputada María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un proyecto de ley para entregar el título de bachillerato a exalumnos que no superaron esas pruebas, pero que sí terminaron los cursos de secundaria.
El bachillerato se exige a quienes terminaron el último año de colegio en el 2019 o antes. Después de ese año, se cambió al sistema de pruebas FARO.
Si el plan fuese aprobado, las personas podrían acudir al Ministerio de Educación Pública (MEP) a reclamar su título de bachiller, aunque no hayan ganado las pruebas nacionales de Matemáticas, Biología o Español, por mencionar algunas asignaciones.
El único requisito es que la personas “tengan aprobadas las materias del programa de estudios de su respectivo centro educativo”, es decir, que hayan superado todas las materias en quinto grado de colegio, o sexto año en educación técnica.
Según establece la propuesta, a partir de la posible entrada en vigencia de la legislación, los interesados tendrían un año para presentar la solicitud ante el MEP. El trámite no tendría costo y debería resolverse en el plazo de un mes.
Los exalumnos que no superaron las pruebas de bachillerato “podrán incluir toda la prueba que demuestre que el interesado tiene aprobadas las materias del programa de estudio”.
Al defender su proyecto de ley, la congresista socialcristiana alegó que esas personas han sufrido discriminación y que muchos terminan en la informalidad por no poder avanzar en sus estudios.
Carballo argumentó, en la exposición de motivos de su proyecto de ley, que el MEP suspendió la aplicación de las nuevas pruebas FARO, en 2020 y 2021, por el impacto de la pandemia de coronavirus en la educación pública, y que “no ha pasado nada”. También, dijo que las pruebas evaluativas, que determinan el nivel de conocimiento de los estudiantes, no son “esenciales”.
“Aún y cuando muchas personas han cumplido con todos los requisitos académicos que se les pidió para aprobar cada año del colegio, se aplicó un examen, que no es esencial en el esquema educativo nacional.
La presentación de la propuesta socialcristiana ocurre en momentos donde se debate acerca del futuro de las pruebas FARO, creadas en 2019 para sustituir el anterior modelo de las pruebas de bachillerato.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció la eliminación de esas pruebas académicas. Ahora el Ministerio de Educación deberá presentar la propuesta ante el Consejo Superior de Educación (CSE) para determinar si se eliminan definitivamente esas pruebas y si se elige el nuevo modelo de evaluación del aprendizaje.
Los exámenes se aplican a alumnos de quinto grado de primaria, décimo año de colegios académicos y undécimo año de colegios técnicos. Evalúan el conocimiento del estudiante en Matemáticas, Ciencias (incluye habilidades obtenidas en Química, Biología y Física, en colegio) y Español.
No hay una nota mínima de aprobación. No obstante, la calificación que obtiene el alumno en cada prueba FARO se tomará en cuenta para la nota final del último año de primaria y de secundaria.
Representa el 40%. El restante 60% será el resultado promedio de todas las materias de sexto grado, undécimo año o duodécimo en el caso de colegios técnicos.
La aprobación de las pruebas de bachillerato, por el contrario, era requisito para graduarse de la secundaria. Las realizaban alumnos de quinto grado de colegio y sexto año de centros educativos técnicos.
Escuelas con órdenes sanitarias
María Marta Carballo, diputada que pretende entregarles títulos de bachillerato a exalumnos que no aprobaron, también impulsa otra iniciativa de ley para que los centros educativos con órdenes sanitarias de cierre puedan operar, por un máximo de dos años, a pesar de que no cumplen con las condiciones de salud básicas.
Según la iniciativa de la legisladora socialcristiana, ese permiso solo se extendería a centros educativos con órdenes sanitarias que no tengan otro espacio para impartir las lecciones presenciales. Mientras ese plazo se cumple, señala la propuesta, el MEP deberá solventar los problemas de infraestructura.
La propuesta señala: “Por un plazo de un año natural se suspenderá la orden sanitaria con cierre definitivo de todos los centros educativos en los cuales el Ministerio de Educación Pública no tenga otro espacio físico para impartir las clases presenciales. Dicho plazo será prorrogable por una única vez por un año natural”.
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Al respecto, Carballo manifestó que “las órdenes sanitarias emitidas a estos centros educativos han generado que 1.900 estudiantes no pudieran regresar a clases presenciales y tuvieran que seguir su educación virtual y con programas ineficientes como las guías de trabajo”.
Actualmente hay 13 centros educativos con órdenes de cierre en todo el país: Liceo Sixaola, Liceo Rural China Kichá y Centro Educativo Monte Sión, en Limón; Liceo Rural Barra de Tortuguero, Escuela Imperio, en Talamanca; Escuela Linda Vista, Escuela San Isidro y Escuela Caimitos, en San Carlos; y Escuela Finca 5, Escuela Potrero y Escuela Coquito, en Grande de Térraba.
También el Liceo de Coronado, en San José, y el Jardín de Niños Santa María Rodríguez, en Alajuela.
Carballo aseguró: “Tiene como objeto crear una alternativa transitoria para suspender el cierre definitivo con orden sanitaria, de los centros educativos para los cuales el MEP no ha encontrado otro espacio donde se puedan impartir las lecciones. Y que este cierre se ejecute hasta el próximo año presupuestario, con el fin de brindar un tiempo prudente al ministerio para que pueda realizar las acciones necesarias en función del centro educativo afectado”.
