Política

Deuda pública consume 40% del gasto y arrincona la inversión en obras

El panorama para el Presupuesto del 2023 no es bueno, debido a la cantidad de recursos que absorberá el endeudamiento

El pago de la deuda pública consumió el 40% del gasto del Gobierno Central en el 2021, lo que estrujó el dinero destinado a invertir en obras públicas, como es el caso del mantenimiento y construcción de carreteras.

El año pasado, de los ¢10,8 billones que gastó el Gobierno, ¢4,35 billones se destinaron a atender los dos tipos de obligaciones que exige la deuda.

Un total de ¢2,45 billones fue usado para amortizar el endeudamiento, es decir, para devolver a los acreedores el dinero que prestaron mediante la compra de bonos soberanos cuyo plazo expiró en el 2021.

Los otros ¢1,9 billones se gastaron en el pago de intereses de los bonos que están vigentes. Esta cifra representó el 4,8% del producto interno bruto (PIB). Para el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, esto significa que la riqueza que produce el país prácticamente se está yendo en intereses.

El jerarca lamentó que el costo del endeudamiento siga siendo el rubro que más “constriñe” el gasto público y que, el pago de los intereses, siga siendo elevado.

“Tiene trascendencia porque va generando una contracción del gasto publico”, lamentó el ministro, en la comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde se discute la liquidación del Presupuesto Nacional del 2021.

La declaración del jerarca coincide con el hecho de que la amortización de deuda y el pago de intereses alcanzaron altos niveles de ejecución en la liquidación del Presupuesto, con niveles superiores al 91% y 93%, respectivamente.

En cambio, el presupuesto destinado a obras públicas y equipamiento registraron pobres niveles de ejecución.

Por ejemplo, el Gobierno solo gastó el 24% del rubro asignado a bienes duraderos, es decir, a inversiones de capital fijo, muebles e inmuebles, como construcción y reparación de calles, señalización vial, movimientos de tierras, adquisición de propiedades o levantamiento de edificios, entre otros.

La inversión fue de solo ¢159.000 millones, lo que equivale a menos de un 2% del gasto real.

Asimismo, el nivel de ejecución fue inferior a un 59% en las transferencias de capital, dinero que se gira a otras instituciones para que estas también ejecuten obras y equipamiento. La cifra fue de 344.000 millones.

Menos del 5% del gasto total se destina a obra pública.

Después del servicio de la deuda, los dos mayores gastos del Gobierno son las transferencias corrientes (¢2,8 billones) y los salarios de los funcionarios (¢2,64 billones).

Las transferencias corrientes corresponden a recursos trasladados a otras instituciones para que estas paguen salarios, servicios e intereses.

Como dato a resaltar, los regímenes de pensiones consumieron ¢1 billón.

En cuanto a lo que viene, el titular de Hacienda añadió: “El peor problema es que el presupuesto del 2023, dada la regla fiscal, lo absorbió, todo, el endeudamiento”.

El Gobierno, de hecho, emitió un decreto para flexibilizar el cumplimiento de la regla fiscal (tope de crecimiento al gasto), de manera que pueda gastar más, pero la Contraloría General señaló que la medida es contraria a la ley y pidió a un Tribunal suspender el decreto.

El ministro calificó de lamentable que, a pesar de los buenos números fiscales del año anterior, con un déficit primario del 0,3% del PIB y un déficit financiero del 5%, la deuda pública se haya acercado al 70% del PIB. En monto nominal, el endeudamiento saltó a los ¢28 billones.

Frente a ese problema, el ministro planteó retos en dos perspectivas. El primero es cómo contener el crecimiento del gasto y, el segundo, cómo liberar recursos para aumentar el pago de servicios que presta el Gobierno.

Sobre lo primero, les aseguró a los diputados que una forma de contener el gasto público sería disminuir el endeudamiento y, sobre todo, el pago de intereses.

En esa línea, Acosta les recordó a los diputados de Hacendarios que, en ese mismo foro, existe un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para abrir el mercado interno de la deuda pública a inversores extranjeros, lo que ayudaría a bajar los costos de colocación dándole profundidad al propio mercado.

A su vez, el Gobierno pide al Congreso autorización para salir al mercado internacional a endeudarse por $6.000 millones mediante la colocación de eurobonos, al argumentar que obtendrá tasas más bajas y mejores plazos que en el mercado local.

Acosta estimó que el ahorro en intereses será de 1 billón en cinco años.

Sobre aumentar el pago de servicios, dijo: “Cada vez que aquí hablamos de los temas de cómo podemos incrementar el gasto, nos damos cuenta de que hay una imposibilidad material porque el crecimiento de las tasas de interés, el volumen de la deuda y el tipo de cambio han hecho que, para poder cumplir con el endeudamiento del Gobierno, prácticamente se absorbe todo el crecimiento del presupuesto.

“En ese sentido, es importante que tengamos clara la necesidad, no solo de hacer reingeniería al financiamiento de esta deuda, sino que, también, el gasto no puede crecer mientras tengamos esa obligación tan grande de pagar deuda”, reiteró.

El ministro les informó a los diputados que el presupuesto inicial de ¢11,28 billones del 2021 creció a ¢12,42 billones, a través de incorporación de gasto en presupuestos extraordinarios. Sin embargo, la ejecución alcanzó el 86,8%, es decir, ¢10,78 billones.

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