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La deuda pública alcanzaría el 74% del producto interno bruto (PIB) el próximo año. La alerta fue emitida por la Contraloría General de la República (CGR), el pasado 30 de setiembre, en un informe donde analizó a profundidad los datos incorporados por el Ministerio de Hacienda en el proyecto de Presupuesto Nacional del 2022.
Dicha entidad estimó que si bien el Gobierno espera que el ingreso de recursos externos para apoyo presupuestario permita sustituir deuda interna por externa y reducir el crecimiento de estos pasivos, la relación deuda/PIB para el año entrante se ubicará en un 74% “y continuará presentando niveles por encima de su límite natural (50% de la producción) durante al menos diez años”.
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Así lo señaló al considerar que las necesidades de financiamiento que refleja el proyecto de presupuesto del 2022 continuarán ejerciendo presión sobre el endeudamiento. Al respecto, sostuvo que para volver a contar con estabilidad en las finanzas públicas, se requerirá tiempo y concretar medidas en materia de ingresos y gastos que generen constantes superávits.
Sobrepasar el límite natural de la deuda significa que existe la posibilidad de que en algún momento en el futuro los espacios de financiamiento se vuelvan escasos y caros, según explica el Ministerio de Hacienda, en el documento Justificación para la definición de la Política de Endeudamiento para el Sector Público Costarricense.
La CGR indicó que las acciones deben ir acompañadas de la asignación y el uso eficiente del endeudamiento público y de una gestión de pasivos que permita reducir la presión que las obligaciones existentes generarán en el futuro.
Por otra parte, la entidad señaló que los resultados del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021-2026 (MFMP) indican que si no se aplican las medidas de ajuste fiscal que impulsa la administración Alvarado, la deuda alcanzaría el 74,7% del PIB al 2026.
Agregó que, en caso de que sí se implementen, para ese año el endeudamiento se colocaría en un 68,5% del PIB y que para el 2032 se regresaría al límite natural de la deuda.
“La estrategia fiscal propuesta por el Ministerio de Hacienda para alcanzar dicha sostenibilidad consiste en la materialización del plan de ajuste fiscal (elementos en ingresos y gastos) en el contexto de un entorno macroeconómico favorable y de un uso intensivo de recursos de financiamiento externo”, comentó la CGR.
A inicios de este año, el Gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la aprobación de una agenda de proyectos para aumentar los ingresos y reducir los gastos, a cambio de un crédito de $1.778 millones para equilibrar las finanzas públicas.
No obstante, al calor de la campaña electoral, los diputados ya dejaron que expiren los plazos para discutir en comisión tres de esas iniciativas sin haberlas discutido. Se trata del impuesto a premios de lotería, el de reducción de beneficios fiscales (elimina la exoneración del salario escolar al impuesto de la renta) y el de eliminación de plazas vacantes y congelamiento de pensiones de Gobierno.
Lo mismo ocurrirá en pocos días con los proyectos de impuesto a las casas de lujo, renta global, reforma a Ley de Aduanas y aporte de las empresas públicas al pago de la deuda pública.
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Dichos proyectos tienen por objetivo aumentar los ingresos para reducir la deuda pública de ¢26,4 billones, mientras se atenúa el gasto con la reforma al empleo público, la cual está siendo ajustada conforme a las observaciones de la Sala IV para darle segundo debate.
Una misión del FMI preguntó, la semana pasada, a los diputados cuál era la posibilidad de que la agenda sea aprobada durante el mes de octubre.
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Riesgo a mediano plazo
Sobre los riesgos fiscales a mediano plazo, la CGR externó su preocupación por dos problemas: la prolongada contención del gasto en funciones sustantivas para atender el costo financiero de la deuda y el crecimiento de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“En este último caso, sin medidas remediales, podría seguir en aumento a ritmo acelerado”, advierte el ente contralor.
Por otra parte, el ente contralor manifestó que aunque para el presupuesto 2022 se estima que los ingresos se recuperarán a niveles similares a los registrados antes de la pandemia, y que habrá una disminución del gasto primario y una situación fiscal positiva, se requiere contar con un superávit primario (diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno sin incluir el pago de intereses).
“La deuda está creciendo, como efecto de la devaluación del colón y la acumulación de considerables fondos líquidos, mientras hay obligaciones no atendidas. Por esta razón, se impone una reducción significativa de la deuda en el mediano plazo con el fin de atender las funciones sustantivas del Estado”, agrega el documento.
Adicionalmente, señaló que existen una serie de iniciativas de ley que buscan la creación de exoneraciones a distintos sectores o de nuevos gastos, lo cual impactaría las deterioradas finanzas públicas. Indicó que esa es la orientación de 28 de 62 proyectos consultados a la Contraloría durante el pasado mes de setiembre.
