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Para la Defensoría de los Habitantes, el hecho de que Costa Rica ocupe el último lugar de la OCDE en cuanto a transparencia de la información pública, demuestra la urgencia de contar en el país con un órgano superior anticorrupción que asuma la rectoría y el control en esa materia.
La jerarca de la entidad, Angie Cruickshank, expresó preocupación por los resultados del país, pero sostuvo estar de acuerdo con la valoración crítica que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En su informe “Perspectivas de la OCDE sobre integridad y anticorrupción 2024″, del pasado 26 de marzo, el organismo asignó a Costa Rica la peor nota en torno al cumplimiento práctico de las medidas para asegurar la transparencia de la información pública.
La calificación fue del 31%, mientras que el promedio de los miembros es del 62%. Estonia, España, Canadá y Eslovenia obtuvieron las mejores puntuaciones, con casi un 81% cada uno. En América Latina, México y Chile recibieron un 65,4%.
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Igualmente, el informe fustigó al país por no publicar las agendas de los ministros ni de las sesiones de los órganos del Gobierno, además de que el Estado no difunde datos recopilados de distintas fuentes sobre el cabildeo de grupos de interés en la toma de decisiones públicas.
Costa Rica también recibió reproches por no contar con un organismo supervisor capaz de resolver los problemas o conflictos relacionados con el acceso a la información pública.
La Defensoría indicó a La Nación, que para atender estas falencias, es necesario contar con un órgano rector en la materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo III, punto 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita por Costa Rica.
Mediante dicho inciso, el país se comprometió a considerar la creación de “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.
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Asimismo, la Defensoría estimó como necesario el formular y coordinar la ejecución de una política nacional anticorrupción y su respectivo plan de acción.
Una propuesta en esa línea debe incluir aspectos relacionados con el acceso a la información; la participación del sector privado y la sociedad civil; la rendición de cuentas; y la transparencia en la divulgación de instrumentos y resultados.
La Defensoría hizo un llamado para que se avance en la actualización del ordenamiento jurídico nacional, relacionado con la lucha anticorrupción. Esto incluye la promulgación de nueva normativa y la reforma de otra ya existente.
Las normas que se deberían crear, según la Defensoría, son: una ley marco de acceso a la información; una regulación del lobby o cabildeo y otra relacionada con veedurías ciudadanas
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En cuanto a los cambios en la legislación, abogó por una reforma integral a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la actualización del decreto que crea la Comisión Nacional de Ética y Valores. Aunado esto, señaló la necesidad de reglamentar la Ley para perfeccionar la rendición de cuentas.
Finalmente, la Defensoría pidió atender las recomendaciones periódicas que emite el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), en lo concerniente al ordenamiento jurídico interno.
El informe de la OCDE también evidenció que Costa Rica se encuentra rezagada en regulación para garantizar el acceso a información. En este caso, la nota del país fue de un 56% frente al 67% del promedio de los miembros. México obtuvo un 66,7% y Chile, un 77,8%.
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Diputados avalan idea de Cuickshank
El diputado Oscar Izquierdo, jefe de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), lamentó el lugar que ocupa Costa Rica en el informe y ve necesario que se cree un órgano anticorrupción que asuma un papel “preponderante en la materia”.
Antonio Ortega, subjefe de fracción del Frente Amplio, calificó de vergonzoso el resultado, el cual evidencia que Costa Rica ha sido selectiva con respecto a los requisitos y metas que establece la OCDE en cuanto a la lucha contra la evasión, elusión y corrupción, según añadió.
“La Contraloría tiene un recorrido y aprendizaje acumulado en este tema, pero se debería perfeccionar un departamento, ya sea dentro de la Contraloría o en otra institución. Lo cierto es que se debe fortalecer lo que se ha hecho bien y llenar los vacíos que existen”, apuntó Ortega sobre la creación de un órgano específico.
Por último, Alejandro Pacheco, jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), considera que más allá de un órgano que, en la actualidad se tiene a la Procuraduría de la Ética como garante, el país necesita una ley marco de acceso a la información pública. “Uno de las aspectos más relevantes es no crear nuevas instituciones, si no utilizar las existentes”, opinó.
Colaboró en esta información el periodista Josué Bravo.
