Un decreto de embargo impidió que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) recibiera, en marzo anterior, un depósito de ¢61,6 millones por concepto de deuda política, de parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El dinero, al que tenía derecho la agrupación socialcristiana por gastos de organización efectuados entre julio y octubre de 2021, ahora se encuentra retenido en una cuenta bancaria del Juzgado Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José.
El embargo odebece a una demanda del publicista Luis Antonio Guerrero Sánchez, de 37 años, quien fue candidato a diputado por el Partido Nuestro Pueblo (PNP), del ex socialcristiano Rodolfo Piza.
Fue el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el que trasladó los recursos de deuda política del PUSC a la cuenta bancaria judicial. Incluso, esa decisión provocó reclamos por parte del partido.
El presidente del PUSC, Randall Quirós, interpuso un recurso para que el Tribunal dejara sin efecto la retención de los fondos de deuda política y los depositara en las cuentas de la agrupación política.
No obstante, el TSE contestó: “La pretensión del señor Quirós Bustamante es inatendible toda vez que a este Tribunal no le corresponde valorar si el proceso cobratorio incoado contra ese partido es -o no- procedente y, menos aún, ponderar si la decisión del Juzgado (el emitir el decreto de embargo descrito) estuvo ajustada -o no- a derecho.
“Por la naturaleza de esa materia, cualquier disconformidad (en cuanto a ese extremo) deberá ser planteada ante ese órgano jurisdiccional. Esa es la vía idónea para que el PUSC accione lo correspondiente y plantee los argumentos y defensas necesarios con el fin de que los recursos retenidos sean liberados”, señaló el Tribunal en resolución del 5 de abril.
Consultado por La Nación, Randall Quirós manifestó que “somos un país de derecho, hay que darle respeto a la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, que no la compartimos, pero es inapelable”.
Reclamo de pago por camisetas de campaña del 2018
El antiguo proveedor socialcristiano reclama el impago de un saldo por ¢48,3 millones, más intereses, por la fabricación de 87.000 camisetas con mensajes proselitistas para la campaña del 2018, cuando el PUSC impulsó la candidatura de Rodolfo Piza.
En la demanda interpuesta, Luis Antonio Guerrero aportó la copia de una factura física y asegura que el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reconoció dicho gasto.
En contraparte, la defensa de la Unidad Social Cristiana argumenta que dicha factura no es original y que no tiene la firma de ninguno de los apoderados del partido político para ese momento, quienes eran el diputado saliente Pedro Muñoz, el excandidato Rodolfo Piza y Laura Castillo.
“Evidentemente, ese dinero va a ser devuelto al partido porque el proceso monitorio cobratorio no va. Nosotros no creemos que eso vaya a proceder”, declaró Randall Quirós.
El decreto de embargo emitido por el Juzgado de Cobro es por un monto de ¢85,6 millones. Con ello, el PUSC podría sufrir la retención de otros ¢24 millones de su deuda política. “La diferencia resultante se reservará para ser conocida en posteriores liquidaciones”, adelantó el TSE.
No obstante, Randall Quirós descartó posibles problemas de liquidez en el partido a raíz de esas retenciones.
“En lo absoluto. Nosotros todo eso lo teníamos previsto. Mantenemos dentro de la contabilidad del Partido Unidad lo que se llaman políticas de gobierno corporativo y somos auditados interna y externamente y, entonces, todo ese se prevé y se van haciendo reservas. Nosotros seguimos sin ningún problema, con el día a día del partido, pagando lo que son salarios, alquileres, servicios, y todos los gastos que cualquier partido político requiere”, dijo el dirigente.