EscucharLa limitación de dinero por la crisis fiscal abrió un fuerte conflicto por el dinero destinado para el mantenimiento de vías. La oposición quiere reducir de ¢180.000 millones a ¢131.000 millones el presupuesto del Conavi del 2022, para subir el de las municipalidades de ¢80.000 millones a unos ¢109.000 millones.
Para el Conavi, el cambio supondría una caída del 16% y, para los gobiernos locales, un aumento del 36%.
El Gobierno rechaza la propuesta y advierte del efecto que la medida tendría sobre los proyectos de carreteras nacionales; además, recuerda que, cuando las finanzas públicas están en crisis, la regla fiscal le permite distribuir los recursos de los impuestos con destino específico según la disponibilidad de recursos. Y el dinero para vías proviene de un tributo con destino específico: el de los combustibles.
Una moción del legislador Gustavo Viales, de Liberación Nacional (PLN), plantea restarle ¢29.244 millones al presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para dirigir los recursos a las municipalidades, a las cuales les corresponde atender la red cantonal vial.
Viales argumenta que el ajuste cumpliría con lo establecido en la ley 8114, la cual establece que el 22,25% de la recaudación del impuesto a los combustibles debe ir a las municipalidades.
Según el liberacionista, su moción es “nada más un acomodo” en concordancia con dicha legislación. “Se proyecta una reducción del ingreso por el impuesto a los combustibles, pero esa disminución no se afectó como lo dice la ley. Se afectaron más a las municipalidades que al Conavi. La moción lo que hace es arreglar”, argumento.
De acuerdo con Viales, para el próximo año Hacienda proyecta una recaudación de ¢524.956 millones por impuesto único a los combustibles. Si se descuenta el 6% dirigido al Poder Judicial, el monto quedaría en ¢493.459 millones.
Con ese cálculo, el diputado asegura que el 22,25% para los gobiernos locales equivaldría a ¢109.794 millones. En el proyecto de presupuesto del 2022, a las municipalidades se le asignan ¢80.374 millones.
La reducción sería de ¢29.244 millones, el mismo monto que restituiría la moción, insistió Viales.
Por su lado, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, dijo que la certificación de ingresos no significa que los recursos deben asignarse de forma completa a las instituciones.
“Hay que recordar que la certificación se hace a partir de una probabilidad de ingresos. Eso no significa, de ningún modo, que de forma fehaciente se daría el ingreso por el monto exacto que ahí se dice. Es una aproximación del ingreso que se va a dar durante el año siguiente, así que se debe tener cuidado”, descargó el jerarca.
En todo caso, aseguró el ministro, la disminución a las municipalidades para el próximo año, es de ¢10.000 millones.
Villegas advirtió de que eliminar recursos al Conavi dejaría a la entidad con menos margen para ejecutar proyectos.
“El presupuesto del Conavi sería de unos ¢160.000 millones, pero estos son ¢29.000 millones no vienen con coletilla, no están asignados, pero internamente don Rodolfo (Méndez, ministro del MOPT) los tiene asignados todos con diferentes proyectos. Ahí es donde se vuelven importantes sostenerlos en su presupuesto”, explicó Villegas.
Adicionalmente, sobre los impuestos con destinos específicos, como el de combustibles, el artículo 15 del título IV la Ley 9635 (reforma fiscal del 2018) establece que si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del producto interno bruto (PIB), Hacienda “podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades beneficiarias”.
La deuda del Gobierno Central, superó el año pasado el 60% del PIB y este año oscila en el 70%.
Como medida de presión, las municipalidades efectuaron una protesta en San José para este miércoles, día en que se empiezan a discutir las mociones de fondo presentadas por los diputados para ajustar el presupuesto ordinario del año entrante.
