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La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la proliferación de instituciones públicas, con reglas diferentes en la forma de presupuestar los recursos públicos, desembocó en que cada organización estatal se convierta en un “feudo”.
Aunque a la larga todo se financia con los aportes de los contribuyentes, la dispersión del Estado impide un mayor ahorro de recursos públicos, lo que perjudica al ciudadano y su bienestar.
Por tanto, la Contraloría pide impulsar las reformas legales que tiendan a respetar el principio de Estado único para lograr una asignación eficiente y equilibrada de los recursos. Actualmente, existen más de 320 instituciones estatales.
Como ejemplo de esas iniciativas, la CGR mencionó la incorporación de los órganos desconcentrados del Gobierno al Presupuesto Nacional, la participación de todas las instituciones en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y el plan de Cuenta Única del Tesoro, que ordenaría a todas las entidades depositar sus recursos en Hacienda, en vez de mantener el dinero público disperso en numerosas cuentas bancarias.
Según la Contraloría, la incorporación de los órganos desconcentrados al Presupuesto Nacional materializó “una menor dispersión de recursos”, pero con ello no se agotan la posibilidades.
“La proliferación de instituciones creadas por el legislador, pasando desde las desconcentradas hasta las descentralizadas, ha constituido cada organización en un feudo, siendo que en realidad el país es uno solo y generalmente, la fuente del dinero, la misma”, expuso la Contraloría en un documento publicado este 26 de febrero, sobre la perspectiva presupuestaría del 2021.
Añadió que contribuye a la fragmentación el hecho de que el presupuesto del Gobierno Central y sus órganos desconcentrados son aprobados en la Asamblea Legislativa, mientras que los numerosos presupuestos de instituciones descentralizadas, autónomas y municipalidades pasan por autorización de la Contraloría.
“En respuesta a ello, jurisprudencia de la Sala Constitucional ha desarrollado el concepto de un Estado unitario, teniendo como principio la unidad de mando o dirección política, siendo que el Poder Ejecutivo debe encargarse de organizar, dirigir y encauzar a la sociedad en todos sus aspectos por medio de la implementación de la política pública”, sostiene el documento.
Para este año, si bien los presupuestos públicos registran una disminución del 7,4% producto de la caída de ingresos por la pandemia, para este año alcanzan una cifra de ¢26,9 billones (millones de millones), cifra equivalente a casi el 72% del producto interno bruto.
De este monto, un total de ¢11,23 billones fueron aprobados en el Presupuesto Nacional, de manera que los restantes ¢15,6 billones corresponden a las demás instituciones públicas.
Según la Contraloría, para este año “se espera una recaudación débil como secuela de la crisis”, mientras que el gasto del Gobierno Central alcanzaría niveles superiores a la época previa a la crisis, producto principalmente del pago de intereses de la deuda pública y de la incorporación de los órganos desconcentrados al Presupuesto Nacional.
“En el resto del sector público, la ejecución presupuestaria arroja resultados cercanos al equilibrio financiero o, incluso, superávit, lo cual apunta a la conveniencia de avanzar hacia la consolidación de la gestión financiera pública, con un sistema de cuenta única del tesoro como uno de sus pilares. En nuestro país, ya se han observado los buenos frutos que comporta la operación de sistemas unificadores en la gestión pública, como es el caso del Sicop y la Caja Única”, continuó.
Otros proyecto que tiende a la unificación es la reforma al empleo público, que equipararía las condiciones salariales para funcionarios de una misma categoría en todo el Estado, pues el sistema pluses actual provoca que el personal de las instituciones autónomas gane mucho más dinero que el el de Gobierno Central, por ejemplo.
Por ejemplo, el 87% de los 32.000 funcionarios públicos que ganan más de ¢2 millones trabaja fuera del Poder Ejecutivo, aunque este último es el mayor empleador del Estado, con el 45% de la planilla.
El 70% de los servidores mejor pagados labora para instituciones descentralizadas, incluyendo a las autónomas, a las universidades públicas y a los bancos del Estado.
Otro 12% labora para el Poder Judicial y un 5% en el Poder Legislativo, el TSE y las municipalidades.
El restante 13% trabaja para ministerios y sus órganos desconcentrados.
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A nivel presupuestario, el Gobierno Central cubre a ministerios, los poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como los órganos desconcentrados.
Por aparte, hacen sus propios planes de gasto, muchas veces con recursos provenientes del Gobierno Central, las instituciones del sector descentralizado, donde se ubican las instituciones autónomas, empresas públicas estatales y gobiernos locales.
El problema de la fragmentación pública también fue objeto de críticas en un informe reciente de la Contraloría sobre el sector agropecuario, en el cual aseguró que tenía instituciones que trabajaban de “forma aislada”.
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