EscucharLa Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia General de Valores (Sugeval) abogaron ante los diputados por la aprobación de una ley general de deuda pública para todo el Estado.
Jerarcas de estas instituciones clamaron porque se aglutine en un mismo marco normativo, hoy fragmentado, la estrategia del endeudamiento público para permitir un manejo adecuado, así como para lograr transparencia y reducción de costos.
Así lo plantearon en la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, en el marco de la discusión de la apertura del mercado interno de la deuda pública. Al llamado se sumó el presidente del Banco Central, Róger Madrigal, sin ampliar detalles.
La CGR identificó, en 2021, al menos 23 cuerpos normativos entre la Constitución Política y leyes (legislación primaria) que regulan, con distintos niveles de claridad y profundidad, la gestión del endeudamiento público, y alrededor de 53 normas entre reglamentos, directrices, políticas y guías (legislación secundaria).
Frente a tal dispersión, la contralora general, Marta Acosta, sugirió la “preparación, discusión y emisión de una ley marco de deuda pública que pueda consolidar, bajo un mismos marco integral, una serie de principios y prácticas transversales y básicas, para el manejo adecuado del crédito y deuda pública”.
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De acuerdo con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, una ley general permitiría uniformidad en la estrategia de endeudamiento, menores costos y menor riesgo fiscal, sobre todo cuando le corresponda a Hacienda asumir deuda de otra institución.
“Hoy, la política de endeudamiento del sector público, que está en un reglamento, solo alcanza al Gobierno Central y no a las demás instituciones. Hoy solo hay líneas generales para el sector público no financiero que no obligan a cumplir dada la autonomía”, señaló el ministro.
“Una ley marco permitirá mayor transparencia sobre la estrategia de endeudamiento en el corto, mediano y largo plazo, además del tipo de instrumento y de la moneda. Esto se hace hoy de manera informativa y se basa en un decreto ejecutivo”, agregó Acosta.
En el caso del Gobierno Central, los diputados autorizan un nivel máximo de endeudamiento en el Presupuesto Nacional de cada año que, precisamente, sirve para financiar un porcentaje del plan de gastos que no se pueden cubrir mediante impuestos.
Luego, Hacienda tiene que colocar títulos de deuda en el mercado interno o suscribir créditos internacionales. Este último debe ser aprobado por el Congreso. Para este año, por ejemplo, el presupuesto de ¢11,5 billones se financia en un 43% con deuda pública.
Esa forma de endeudamiento implica un doble castigo al Gobierno, de parte de los bancos y las agencias calificadoras, lamentó Mauricio Arroyo, director de la Tesorería Nacional de Hacienda.
“El tener que venir a la Asamblea (para su aprobación) cada vez que se emiten eurobonos, nos hace ver más riesgosos, por el hecho de que tienen poca opción de colocación. Además, porque el mercado local se vuelven más ambicioso con las tasas de interés que va a pedir”, lamentó Arroyo.
Consideró que la discusión sobre el endeudamiento del Gobierno debería ser técnica como las condiciones de colocación, y no política como ocurre ahora.
Por su parte, María Lucía Fernández Garita, superintendente general de valores, añadió que una única ley “permitirá integrar todos los elementos legales, dará seguridad jurídica de aplicación para el Estado y los diferentes agentes que se impactan en la ejecución de las acciones para el financiamiento”.
“Un elemento clave del marco legal es dar espacio a la Hacienda Pública con suficientes capacidades que le permita adaptar su gestión a los cambios de los mercados financieros, y le permita gestionar los riesgos ante un mercado en constante evolución.
“También, aprovechar las eficiencias para que se traduzcan en lograr el menor costo posible para los fines de su sostenibilidad”, apuntó Fernández.
