Política

Contraloría detecta alquileres con reajustes superiores a inflación y en dólares

Instituciones públicas siguen suscribiendo arrendamientos sin acatar directrices de control de gasto; auditoría señala débil labor de dirección de Hacienda encargada del tema

Las instituciones públicas todavía firman contratos de alquiler con reajustes anuales de precios por encima de la inflación y, además, pactan arrendamientos en moneda extranjera, expuso una auditoría elaborada por la Contraloría General de la República (CGR).

Estas circunstancias, según la CGR, contravienen una directriz emitida por el Gobierno en el 2018, la cual prohibió alquilar edificios en moneda extranjera y estableció que los reajustes de precios no superaran los índices de inflación del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En la Administración Central, la Contraloría encontró que casi el 10% de los contratos contemplan reajustes de precios por encima de lo que establezca el índice de precios al consumidor (IPC). En el sector descentralizado, el porcentaje fue mucho mayor: un 65%.

Asimismo, la CGR halló que el 27,5% de los alquileres fueron pactados en moneda extranjera en las instituciones descentralizadas, mientras que pasó lo mismo con el 3,5% en el Gobierno Central.

Para hacer este análisis, la Contraloría solicitó información de sus alquileres a 171 instituciones públicas.

Solo las instituciones financiadas por el Gobierno Central destinarán este año casi ¢60.000 millones para el pago de alquileres

El informe expone que la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, del Ministerio de Hacienda, debe fiscalizar los procesos de contratación de la Administración Central, pero no cuenta con procedimientos formales para eventuales incumplimientos, lo cual “resta seguridad jurídica a sus actuaciones”.

Además, de las 27 instituciones de la Administración Central que incumplieron lo relativo a los reajustes de precios, esta dirección de Hacienda solo se acercó a cuatro de las instituciones para dar seguimiento a lo sucedido. Además, solo asesoró en el 6% de los casos de forma previa.

“Este órgano contralor considera que las situaciones anteriores se presentan debido a la ausencia de procedimientos formales por parte de la Dirección, que permitan identificar y abordar apropiadamente posibles incumplimientos en los contratos de alquiler de edificios y locales suscritos por entidades públicas.

“La gestión de posibles incumplimientos a la normativa en contrataciones debe sustentarse en procedimientos claros, detallados y actualizados que guíen y orienten dicha gestión, con la intención de resguardar el uso adecuado de los recursos públicos en materia de alquileres”, enfatiza el informe.

La información relacionada con los contratos de alquiler en el sector público está incompleta y es poco “confiable” y muchas veces tan siquiera es facilitada a Hacienda.

Anualmente, la Dirección de Bienes realiza una solicitud de información a las entidades del sector público y, a partir de la respuesta, organiza la información recibida en un archivo de Excel, donde clasifica los contratos según moneda.

Entre el 2018 y el 2019, solo el 46% de las instituciones consultadas por Hacienda brindaron datos completos sobre los contratos de arrendamiento.

En el 2020, una tercera parte de los contratos reportados no consignó la totalidad de la información solicitada.

La CGR encontró que la “información no es de calidad”, pues esta no se actualiza con base en nuevos datos disponibles tras las consultas a las entidades públicas, lo cual, a criterio del ente contralor, “le resta veracidad y, por ende, confiabilidad”.

Muchas entidades públicas incumplen año tras año con la remisión total o parcial de la información solicitada. Además, existen instituciones donde no se dispone de información en materia de contrataciones de alquiler en forma consolidada.

El ente contralor atribuye todas estas fallas a la “inobservancia” por parte de las administraciones responsables de la suscripción de contratos de alquileres, así como la escasez de cumplimento de las directrices emitidas y la carencia de un marco normativo que las regule.

Michelle Campos

Michelle Campos

Periodista en la sección de Política. Graduada como bachiller en periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de licenciatura en Mercadeo. Ganadora de la Clase 8 del proyecto de periodismo colaborativo Punto y Aparte.

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