El plan que impulsan los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) en el Congreso, con el propósito de reducir el impuesto a los combustibles durante al menos seis meses, carece de estudios técnicos que estimen el impacto en las finanzas públicas si se implementa la medida.
“El presente texto carece de una estimación del impacto fiscal directo, el cual se puede anticipar sería considerable, dado el valor actual de las tarifas y la composición del consumo de estos productos”, señaló la Contraloría General de la República (CGR).
El órgano contralor advirtió a los congresistas de “la importancia de ese tributo para las finanzas públicas y para la infraestructura vial, a la cual está asignado, entre otros propósitos”. Añadió que esos elementos “se deben tomar en consideración en el presente proyecto”.
La advertencia la realizó la Contraloría el 19 de abril, días después de que los anteriores diputados acordaron dispensar de trámites el proyecto de ley. Finalmente, la iniciativa no fue sometida a votación en la anterior Asamblea Legislativa.
No obstante, el proyecto revivió este lunes, luego de que las bancadas parlamentarias del PLN y PUSC pidieron al Poder Ejecutivo incluir el plan en la agenda legislativa para su respectiva votación.
Ambas bancadas realizaron conferencias de prensa por separado, para pronunciarse acerca de las medidas anunciadas el domingo por el mandatario Rodrigo Chaves, las cuales consideran insuficientes para atender el impacto por el aumento en las tarifas de gasolina. En cambio, exigen una reducción temporal del impuesto.
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La propuesta original contempla una reducción de ¢100 en el impuesto a las gasolinas súper, regular y diésel por un periodo de seis meses, con la posibilidad de prorrogar la medida por seis meses más. Asimismo, otorgaría una exoneración del tributo a los sectores agrícola y de transporte de pasajeros.
El exministro de Hacienda, Elian Villegas, había advertido de que ese expediente abriría un hueco fiscal de ¢285.500 millones por año. El presidente de la República, Rodrigo Chaves, también se opuso a la iniciativa porque esta ni compensa lo que el Gobierno dejaría de percibir ni reduce el gasto que la Administración debe cubrir.
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Por su parte, Kattia Rivera, jefa de bancada del PLN, insistió: “Si bien hay propuestas que dio el señor presidente que compartimos, como la eliminación del subsidio al material asfáltico, hay situaciones que definitivamente se tienen que ver de forma inmediata” .
“Dentro de esa convocatoria de proyectos de ley, nosotros solicitamos el proyecto de don Erwen Masís (exdiputado socialcristiano), que tiene que ver con una afectación directa con el rebajo de ese impuesto. No ha sido convocado, hemos sido insistentes”, declaró la liberacionista.
Proponen texto sustitutivo
La fracción del PUSC también anunció su apoyo a la iniciativa. No obstante, los congresistas de esa bancada presentaron un texto sustitutivo que modifica el proyecto.
La alternativa socialcristiana sugiere una rebaja de ¢25 en el impuesto para las gasolinas súper y regular, y de ¢50 para la diésel por un periodo de un año. Al igual que el texto original, el nuevo contempla la suspensión de la actualización tarifaria de ese tributo, a menos de que haya una reducción.
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La nueva propuesta prescinde de la exoneración total del impuesto a actividades agropecuarias y de transporte público. En tanto, elimina permanentemente el impuesto sobre el valor agregado (IVA) que deben pagar las empresas que transportan combustibles, costo que se carga a las tarifas.
Las medidas de Chaves
El domingo, antes de partir hacia Suiza a un encuentro del Foro Económico Mundial, el presidente anunció cuatro medidas.
La primera en realidad no es impulsada por el Gobierno, sino que ya era una decisión tomada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Esta entidad cambió el cálculo de las tarifas de los combustibles, de manera que ya no se usen precios de referencia, sino los costos en que realmente incurre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para suministrar los hidrocarburos.
En consecuencia, el litro de gasolina súper bajará ¢28, el de regular, ¢27; y el de diésel, ¢43.
La segunda medida es el eventual uso de un crédito de $200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar pasajes de bus, pero esta acción depende de que se implemente el cobro electrónico en buses, para evitar girar dinero de más a los autobuseros.
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Las otras dos medidas son eliminar un subsidio que tiene el precio del asfalto y derogar un decreto del expresidente Carlos Alvarado que ordenaba que, a partir del 2023, el país importada combustibles de estándar Euro 6, en vez de Euro 5.
Chaves dijo que el efecto de la eliminación del subsidio al asfalto es poco, pero lo importante es el mensaje de no subsidiar a las constructoras de vías.
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