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La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó un proyecto del PUSC, el PLN, Restauración, Nueva República, PIN y el PAC que busca perdonar las multas e intereses de los contribuyentes con deudas municipales.
El pasado 7 de mayo, la Contraloría hizo énfasis en que el plan legal carece de estudios y datos para fundamentar su planteamiento, por lo que podría resultar riesgoso y agravar las finanzas de los gobiernos locales.
“La aprobación de iniciativas tendientes a autorizar a una institución pública a condonar deudas implica un riesgo, pues son decisiones que pueden generar que los deudores, motivados en la medida, incumplan sus obligaciones”, dice el criterio.
Este proyecto busca otorgar autorización a los concejos municipales para que, por una única vez, se condone total o parcialmente recargos, intereses, multas y sanciones a los contribuyentes municipales que cancelen o lleguen a un arreglo de pago por sus deudas.
Dichas deudas podrían provenir de impuestos, tasas, licencias como patentes para venta de alcohol o impuestos de bienes inmuebles, que se hayan generado entre el primer trimestre del año 2019 y el primer trimestre del año 2021.
En criterio de la Contraloría, esta condonación propuesta no es puntual, y carece de disposiciones sobre cuáles servicios o impuestos se perdonarían.
“No existe dentro de la redacción, ni se deducen del texto, disposiciones mínimas respecto a cuáles servicios, tasas o impuestos se aplicará la condonación planteada”, señaló la CGR.
El criterio sostiene que un enunciado tan general, que utiliza frases como “demás obligaciones de carácter municipal”, es impreciso y puede alejar la norma de su verdadero fin, que es el beneficio de los contribuyentes.
La iniciativa tampoco cuenta con fechas establecidas para hacer los arreglos de pago ni establece cuándo vencería el plazo.
“No se indica cuál será el periodo de aplicación de la condonación, o si será una disposición sin vencimiento alguno”, indicó Contraloría.
El texto del proyecto carece de claridad sobre el arreglo de pago ya que, según el órgano contralor, no se regula la forma en la que se efectuaría el perdón de las multas.
“Se plantea la opción del arreglo de pago, sin indicación sobre si la condonación se hará efectiva desde que se constituya el arreglo de pago, o hasta que se le dé cumplimiento a lo pactado mediante este”, critica el documento.
A los ojos del ente contralor, el plan tampoco especifica las fuentes de financiamiento que cubrirían las condonaciones, ni el acceso a recursos necesarios para cumplirlas, lo que puede representar un perjuicio para las finanzas del sector municipal o generar gastos adicionales.
El criterio les recordó a los diputados que se ha vuelto recurrente este tipo proyectos.
“Aunque la emergencia por la covid-19 puso al país en una situación particular, este tipo de leyes no se han dado solo en el contexto de la pandemia, sino que se han vuelto recurrentes, siendo que incluso actualmente en la corriente legislativa hay proyectos similares”, detalló.
Además, insistió en la necesidad de identificar contenido presupuestario para reponer ingresos, pues muchos de los proyectos de los congresistas son presentados sin estudios y sin datos que sustenten sus iniciativas.
“Cuando se pretenda promulgar o reformar leyes que involucren al sector municipal, se debe contar siempre con toda la información necesaria o, por lo menos, la mayor cantidad posible de ella”, agregó Contraloría.
Esta propuesta fue presentada por los diputados Pablo Heriberto Abarca, Shirley Díaz Mejía, Óscar Mauricio Cascante Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Del Partido Liberación Nacional (PLN), firmaron Luis Fernando Chacón , Carlos Ricardo Benavides , Silvia Vanessa Hernández Sánchez.
La iniciativa también es apoyada por los fabricistas Jonathan Prendas y Carmen Chan Mora, así como Wálter Muñoz y Sylvia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN); y Xiomara Priscilla Rodríguez , Melvin Ángel Núñez Piña y Floria María Segreda, de Restauración Nacional (PRN).
Mientras tanto, Luis Ramón Carranza fue el único diputado de Acción Ciudadana (PAC) en apoyar el proyecto.
Nuevas tarifas para patentes de licor
El proyecto de ley plantea una modificación a la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, para hacer un recálculo de tarifas a cobrar por las licencias para la comercialización de bebida.
También propone un transitorio que indicaría que las municipalidades podrán publicar un reglamento para regular estas tarifas.
Pese a que el dinero de las patentes se utiliza para financiar servicios como seguridad, aseo de la comunidad u otros gastos, los diputados no aportaron al proyecto un estudio sobre el impacto de esta medida.
“Se hace necesario que se valoren, estudios técnicos o análisis integrales que permitan estimar el impacto que la presente iniciativa, podrían tener en la Hacienda Pública Municipal; verificar la viabilidad y la conveniencia”, indicó.
“La CGR advierte que, aunque se requiera tomar decisiones oportunas y ágiles, no se puede perder de vista considerar un enfoque integral basado en datos y criterios, con una vinculación clara a la situación de crisis o emergencia que las origine”, opinó.
Concejos municipales sin potestad jurídica
El artículo cuatro de la propuesta legislativa pretende que los planteamientos propuestos en su texto sean aplicados según el criterio de cada concejo municipal, pese a que estos no poseen la potestad jurídica para hacerlo.
Sobre este punto, la Contraloría opinó que dichos órganos “carecen de personalidad jurídica y de capacidad para adquirir derechos y obligaciones, por lo que están llamados únicamente a administrar los intereses y servicios del respectivo distrito, a nombre de la municipalidad”.
Esto se debe a que las decisiones de los concejos poseen un rango menor de ley, al ser entes que meramente poseen autonomía administrativa circunscrita a los intereses del distrito que representan.
Incluso, la Contraloría alerta que la intención de los diputados puede tener roces de constitucionalidad.
“Ellos (consejos municipales) tienen su órbita de acción referida a la circunscripción territorial de un distrito, y que ese parámetro no responde al concebido para determinar lo referente a las licencias para el expendio de bebidas etílicas, sin mencionar el posible roce de constitucionalidad que puede provocar el desvanecer esas competencias de la manera propuesta”, dijo.
Además, los concejos municipales no poseen autorización legal para tocar la materia de las patentes de licores.
“En la práctica de órganos inframunicipales, hay ciertas competencias que son incapaces de ostentar; una de ellas, aquella exclusiva en materia de licencias de licores”, agregó la CGR.
El proyecto de ley también dejaría a cargo del concejo de cada gobierno local los planes para la recaudación de los dineros adeudados.
