Escuchar
La Contraloría General de la República (CGR), informó de que el contrato del nuevo edificio legislativo aún no cuenta con un plan que dé mantenimiento a las instalaciones estrenadas por los diputados meses atrás.
“En cuanto al mantenimiento de las instalaciones del edificio nuevo, como resultado de la auditoría se determinó que el fideicomiso no posee un plan de mantenimiento y sustitución de activos para el edificio nuevo en arrendamiento”, señala la CGR.
Este fue uno de los hallazgos que dio a conocer el ente contralor en su informe de auditoría sobre el fideicomiso inmobiliario que se llevó a cabo entre la Asamblea Legislativa y el Banco de Costa Rica (BCR).
En el documento, publicado este 8 de diciembre, se resalta que en el contrato celebrado por el Congreso y el BCR en el 2011 para construir las nuevas instalaciones en Cuesta de Moras, se estableció que la entidad bancaría se encargaría del mantenimiento de la obra durante el tiempo del contrato.
Sin embargo, en la fecha en la que la Contraloría realizó la investigación no se contaba con un plan establecido para que el BCR cumpliera con lo dispuesto en el acuerdo.
El nuevo macizo de cemento, fue estrenado este 7 de octubre y alcanzó un costo total de ¢83.000 millones, por el cual la administración parlamentaria le pagará a un fideicomiso del BCR ¢1.300 millones al mes por 15 años.
Según indicó Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, antes de este informe él ya había solicitado al BCR elaborar el plan, y afirma que la entidad bancaria ya lo tiene, y dicho mantenimiento no tiene costos extra.
“Me dicen las personas del banco que ya lo tienen, que lo están ultimando, les faltan los últimos detalles, pero que ya lo tienen. Y lo que la Contraloría dice es requerir al banco el plan, y efectivamente ya se le pidió y técnicamente lo tienen”, explicó Ayales.
En detalle
El 27 de septiembre del 2011, el Legislativo y el BCR suscribieron el contrato denominado Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa / BCR 2011.
El objetivo del fideicomiso fue gestionar y obtener el financiamiento necesario, mediante un contrato financiero para el diseño y construcción de las instalaciones de la Asamblea Legislativa sin recurrir a endeudamiento.
De esta forma, el BCR dio el financiamiento para el nuevo edificio, que se construyó sobre terrenos que pertenecen al Poder Legislativo; a cambió, el Congreso debe pagar al BCR el costo del inmueble mediante cuotas mensuales.
Al respecto, la Contraloría indicó que dicho fideicomiso debe cubrir el “mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble, así como sobre su equipamiento electrónico, mobiliario y electromecánico”.
Esto es de suma importancia para poder evitar la devaluación de activos por deterioro. Por ejemplo, semanas atrás, el suelo flotante que rodea el nuevo inmueble se quebró.
En noviembre los diputados lanzaron una serie de quejas a la administración por los problemas que afrontan en el nuevo edificio legislativo.
Entre otros asuntos, los congresistas aseguraron tener dificultades de movilización dentro del inmueble y sufrir desorientación por la falta de señalización interna.
Parte de estas quejas fue la distancia que existe entre el plenario, ubicado en el cuarto piso bajo tierra, y los despachos de los diputados.
Una de las diputadas que manifestó su molestia fue Marolin Azofeifa, del bloque de Nueva República. Ella dijo sentirse “perdida” en el nuevo edificio.
No hay fecha para reparar los viejos inmuebles
El contrato del fideicomiso incluyó la restauración de los siguientes edificios propiedad del legislativo: Casa Rosada, Edificio Sión y la antigua Asamblea.
También se aseguró el mantenimiento de las demás obras que sean necesarias salvaguardar por ser Patrimonio Histórico.
No obstante, la Contraloría indicó que la restauración no ha dado inicio y que tampoco existe un presupuesto para su remodelación dentro del contrato del fideicomiso.
“Con respecto a las restauraciones se debe a que la Asamblea Legislativa no ha girado instrucciones al fideicomiso sobre las acciones a realizar para cubrir esta parte del alcance del proyecto. Sobre este particular, la Asamblea Legislativa indicó que las restauraciones forman parte del fideicomiso, y no han sido presupuestadas”, señala el informe.
En octubre de este 2020, el Directorio Legislativo acordó posponer la remodelación de los edificios patrimoniales debido a la crisis sanitaria por la covid-19 y el deterioro de la situación fiscal del país.
Según Ayales, cuando las condiciones económicas del país y la crisis fiscal mejoren, estas restauraciones serán efectuadas, pues “por ahora no es prudente” realizarlas.
LEA MÁS: Diputados se quejan por Internet, ascensores y desorientación en nuevo edificio legislativo
Confusión con el tipo de arrendamiento
Otro de los señalamientos de la Contraloría sobre el contrato con el BCR es saber si el arrendamiento es financiero u operativo.
Esto se debe a que Contabilidad, la Dirección Ejecutiva y Financiera de la Asamblea Legislativa han indicado en sus registros contables que es un arrendamiento operativo, mientras que desde la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN) aseguraron que era financiero.
“De acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y bajo el análisis de las cláusulas del contrato de arrendamiento vigente, la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN) lo califica como arrendamiento financiero siguiendo el criterio dispuesto en las NICSP”, indicó la CGR.
Esta calificación fue apelada por Eduardo Cruickshank, presidente del Congreso, ante Hacienda, pero al momento de la publicación del informe de auditoría no se había emitido una respuesta desde esa cartera.
Este 9 de diciembre, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, declaró con lugar la apelación de Cruickshank, por lo que la incertidumbre manifestaba por el órgano contralor quedó saldada.
El estudio de la CGR abarcó las actividades relacionadas con la ejecución y el seguimiento del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa / BCR 2011, durante el periodo comprendido entre el 1.° de enero del 2019 y el 30 de abril del 2020.
Sin embargo, señala que el plazo se amplió, pues se incluyó acontecimientos recientes, muchos de los cuales fueron cubiertos de forma virtual debido a la emergencia de la covid-19.
El director ejecutivo del Congreso dijo sentirse alegre por el hecho de que la Contraloría corroborara que no se dieron irregularidades.
“En una inversión tan grande como esta, se demuestra que en la administración pública las cosas se pueden hacer bien, no como otras instituciones donde aparecen muchos procesos irregulares”, aseveró Ayales.
