EscucharLa contralora general de la República (CGR), Marta Acosta, cuestionó lo que considera un exceso de endeudamiento público en el proyecto de ley para colocar eurobonos en el mercado internacional. Este plan, elaborado por la administración anterior, fue retomado por el Gobierno actual.
En el expediente 23.036 que se discute en la Comisión de Asuntos Económicos, el Ministerio de Hacienda les pide a los diputados autorización para endeudarse en los próximos cinco años por $6.000 millones mediante la colocación de eurobonos en el mercado internacional.
De una vez, en el mismo texto, el Gobierno requiere permiso para endeudarse por otros $6.000 millones para pagar los primeros bonos cuando estos venzan. Así, el endeudamiento solicitado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa asciende a $12.000 millones por un plazo mínimo de 10 años, solo en eurobonos.
La Contraloría no objeta la primera solicitud de emisión, pero sí la segunda. “Es un mecanismo que nosotros no consideramos que sea idóneo porque estaríamos comprometiendo hoy las finanzas en el largo plazo”, martilló Acosta.
“La autorización de $6.000 millones adicionales, para el repago de vencimiento de los títulos externos, podría generar confianza en los inversionistas, pero implicaría tomar decisiones que afectan la Hacienda Pública en el largo plazo, dada la incertidumbre actual sobre las condiciones económicas, financieras e internacionales futuras, lo que podría comprometer en ese momento la estabilidad de las finanzas públicas.
“Al ser a tan largo plazo, el mismo proyecto de ley no establece condiciones para las posteriores colocaciones, quedando estas últimas con la posibilidad de ser realizadas en condiciones no reguladas por la Asamblea Legislativa”, machacó Acosta.
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Adicionalmente, el Poder Ejecutivo pide autorización de endeudamiento por $500 millones anuales, por un periodo de cuatro años, para adquirir líneas de créditos con bancos locales u organismos multilaterales.
Cada autorización sería una línea de rédito que se colocaría a un plazo no mayor de un año. En total, se trata de $2.000 millones en cuatro años que, juntos con los $12.000 millones en eurobonos, el endeudamiento ascendería a $14.000 millones.
Acosta señalo cómo los constantes desequilibrios fiscales se traducen en mayores déficits del Gobierno que incrementan las necesidades brutas de financiamiento.
En el 2008, el requerimiento fue el equivalente al 8,88% del producto interno bruto (PIB) y para este 2022 se estima en 9,12%. En ese trayecto se registraron sobresaltos como en 2019, cuando el requerimiento fue del 12,35% del PIB y, en el 2020, del 12,76%.
En tanto, para abril del presente año, el saldo de la deuda pública alcanzó los ¢28,7 billones. En esa línea, recalcó que el Gobierno afrontará en los próximos cinco años vencimientos de deuda pública por $12.500 millones.
“Contar con acceso a fuentes internacionales de financiamiento, así como el mecanismo (de eurobonos) que se propone para ello, es positivo para las finanzas públicas, siempre y cuando se procure la estabilidad fiscal y económica del país, así como la correcta gestión de los riesgos”, resaltó la contralora.
No obstante, llamó a los diputados a tomar en cuenta el incremento a la exposición del riesgo cambiario si aprueban la colocación de deuda en el mercado externo, y a valorar una estrategia de compensación si ocurre dicho efecto.
“Se debe asegurar una visión sistémica e integral de la gestión y del control legislativo del endeudamiento, que permita avanzar hacia un diseño más eficiente de la gestión del financiamiento de los bienes y servicios públicos, dentro de lo cual se vuelve relevante visualizar una Ley Marco de Deuda Pública”, concluyó la contralora.
