La mayoría de los diputados de la Comisión de Asuntos de Económicos acordó sacar adelante el proyecto de condonación para los deudores de CCSS, sin cambiar su espíritu actual, pese a las horas de discusión que demandará evacuar las 44 mociones de cambio presentadas por el diputado José María Villalta, del Frente Amplio.
Para ello, el foro recurrirá a la celebración de sesiones extraordinarias, adicionales a las dos ordinarias de cada semana, para dar el tiempo suficiente al debate de las propuestas.
El martes pasado, la Comisión de Económicos pausó la discusión para abrir un espacio de negociación sobre eventuales cambios a instancia de Villalta, quien se opone a que el plan beneficie a profesionales liberales o a grandes empresas.
El frenteamplista dijo que estaba de acuerdo con perdonar una parte de las deudas a trabajadores independientes y a pequeñas empresas, así como a aquellas afectadas por la pandemia, pero alegó que no se podía beneficiar, por ejemplo, a empresas cuestionadas o que defraudaron a la seguridad social a través de la retención indebida de cuotas de aseguramiento.
La discusión de las mociones de Villalta podría demandar semanas en condiciones normales, pues exige 11 sesiones de una hora o siete de hora y media, dado que el proponente puede usar la palabra hasta por 15 minutos para defender cada propuesta.
El martes, pasado, la comisión empleó poco más de una hora en rechazar las primeras tres mociones del frenteamplista.
No obstante, la liberacionista Ana Karine Niño, presidenta de Económicos, explicó que una mayoría de legisladores de este foro considera inviable las mociones de Villalta, pues, según dijo, temen que estas rocen con la Constitución.
Por eso, este martes 20 de julio, el grupo retomará la discusión y trabajará horas extra para sacar adelante el proceso.
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“No se acordó (aprobar los ajustes del FA) porque la razón de la reunión era poner en auto a los diputados, darle la oportunidad al proponerte de que pudiera argumentar y que el resto de diputados evaluara.
“La mayoría (coincide en) que no hay viabilidad en las mociones específicas del diputado Villalta porque podrían poner en riesgo el proyecto con alguna inconstitucionalidad”, expresó la presidenta del foro.
Este proyecto es una propuesta del diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, que autorizaría a la CCSS a condonar a trabajadores independientes el principal, multas, recargos e intereses de sus deudas por cuotas de aseguramiento no pagadas.
A los patronos les condonaría el principal, multas, recargos e intereses correspondientes sobre los aportes patronales para el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular.
Roberto Thompson, compañero de fracción de Niño, insistió en que las solicitudes de Villalta harían perder el sentido del proyecto.
El verdiblanco recordó que la iniciativa tiene la finalidad de autorizar a la CCSS a condonar deudas a trabajadores independientes y patronos que, en la actual condición de crisis económica, presentan dificultades para saldarlas.
“Hay que recordar que la Caja tendría que reglamentar la ley, con lo cual se respetaría su autonomía”, agregó Thompson.
El independiente Erick Rodríguez calificó de inconcebibles las mociones de Villalta. En su criterio, incorporarlas a la redacción sería un “apague y vámonos” y mantendría a muchos trabajadores en la informalidad.
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Thompson: no desvirtuar el proyecto
“Al tener claro que tenemos que avanzar en un proyecto que espera el país, era importante que se diera el espacio para revisar una por una y tener la tranquilidad de votarla a favor o en contra. Ya tenemos claro el análisis de cada una de ellas y cómo podemos votar”, informó la presidenta.
Ahora, indistintamente del tiempo que se demore evacuar las mociones restantes de Villalta, el foro reiniciará la discusión este martes 20 de julio, añadió Niño .
Por el fondo, la verdiblanca recordó que el proyecto de ley es una autorización a la CCSS para que condone deudas a independientes y patronos.
“Aquí hay algo muy claro, esos montos son incobrables. La gente no puede ponerse al día porque no hay una autorización expresa que permita a la CCSS hacer esos arreglos para que se pongan a derecho”, añadió.
Thomson hizo hincapié en que las iniciativas de Villalta desvirtuarían el proyecto.
“Tienden a cambiarle el sentido. Por ejemplo, tiene inquietud con que la Caja pueda determinar a quien condona, a quien le condona una parte y a quién le condona el total. El proyecto dice es que es una condonación total de lo estipulado”, señaló.
De hacerlo como lo pide el frenteamplista, aseguró Thompson, se crearía una situación de incertidumbre “y una diferencia odiosa en cuanto al tratamiento de unas u otras empresas y de unas u otros trabajadores”.
En caso de que exista una empresa deudora condenada por corrupción, Thompson consideró que el país tiene suficiente legislación para evitar esas filtraciones.
“Don José María quiere ir más allá. Lo que quiere es ir a empresas que sean cuestionadas. Hay diferencias entre empresas cuestionadas y empresas condenadas. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado”, indicó Thompson.
Niño opinó que, precisamente, durante la negociación, diputados de la comisión consideraron que excluir a empresas sospechosas podría violentar el principio de inocencia.
Thompson y Niño también recordaron que la redacción actual que se pretende modificar se consensuó en una mesa en la que participó el diputado proponente, el socialcristiano Pedro Muñoz, los ministerios de la Presidencia y Trabajo, así como equipo técnico y legal de la CCSS.
El liberacionista señaló que el país tiene una informalidad que alcanza al 47% de la población laboral, “con un enorme desempleo, empresas cerrando todos los días. Los informales no tienen acceso a seguro de salud y están perdiendo la posibilidad de una pensión digna”.
Finalmente, el independiente Erick Rodríguez opinó que, si en la Caja existiera conciencia de facilitar el aseguramiento de trabajadores independientes y empresas, la iniciativa no tendría que pasar por el Congreso.
“Lo que presenta el diputado Villalta es sencillamente inconcebible. Yo por lo menos no voy apoyar eso. Me parece que la Asamblea aprobaría el proyecto y luego se dirá que la parte administrativa y financiera de la Caja tendría que actuar”, dijo Rodríguez.