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La Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa se enfocará en solo uno de los dos proyectos de ley que presentó el gobierno para flexibilizar la interpretación de dos artículos de la Ley de Contratación Pública, con el fin de que el proyecto de Ciudad Gobierno pueda ser contratado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sin necesidad de concurso público.
Así se lo manifestó este martes el presidente de la Comisión de Jurídicos, el diputado Jorge Dengo, al ministro de Hacienda Nogui Acosta, quien fue convocado por el foro para que expusiera las dos iniciativas de ley.
Con esta decisión, se daría prioridad a la discusión del expediente 24.099, que pretende reformar los numerales 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP). Quedaría relegada la propuesta 24.100, la cual pretende que los diputados realicen una interpretación auténtica sobre dichos artículos.
El legislador del Partido Liberal Progresista (PLP) argumentó que la interpretación auténtica conlleva determinar cuál fue la voluntad original de los diputados en cuanto a la norma que fue aprobada. Sin embargo, señaló que lo más probable es que no van a encontrar suficientes insumos en las actas para determinar el espíritu de los parlamentarios durante las discusiones que se sostuvieron al respecto
“Por un tema de economía parlamentaria, creo que haríamos bien en centrarnos en el proyecto de reforma a la Ley de Contratación para que queden claras estas normas habilitantes que se necesitan para desarrollar obra pública”, explicó.
La diputada Gloria Navas, del Partido Nueva República (PNR), también avaló la línea definida por el presidente de la comisión.
Alejandro Pacheco, jefe de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue más crítico en cuanto a la pertinencia de la propuesta del Ejecutivo. Para el legislador, no es necesaria la interpretación auténtica, por lo que el “proyecto prácticamente estaría naciendo muerto”.
“La interpretación auténtica que hace la Asamblea Legislativa es cuando la norma no es clara; yo creo que en este proyecto la norma está muy muy clara”, alegó.
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¿Por qué son relevantes estos artículos?
El Poder Ejecutivo planea desarrollar Ciudad Gobierno sin concurso público, bajo la ejecución y el financiamiento del BCIE, en terrenos del Estado ubicados en las cercanías de Plaza González Víquez, en San José.
Para ello, pretende emplear una figura de excepción para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles, contenida en el artículo 67 de la LGCP, la cual entró en vigor en diciembre de 2022. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) sostiene que, por tratarse de terrenos públicos, no se puede usar este numeral, siendo necesario recurrir a otras vías, como los procedimientos ordinarios de contratación de obra.
En vista de estas observaciones, el gobierno propuso incorporar, en el numeral 67, que el proceso definido en este artículo sí se podrá aplicar para obras que se ejecuten sobre bienes públicos, ya sea propiedad de la administración arrendataria o de otros entes y órganos públicos.
Igualmente, incluye en el texto que no solo se permita la adquisición o el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de construcción, sino que también sea posible pactar el diseño.
Diputados expresan preocupaciones
Si bien los legisladores destacaron la importancia del proyecto de Ciudad Gobierno, algunos cuestionaron al ministro si lo planteado en el proyecto de ley de reforma de la Ley de Contratación es suficiente para dar viabilidad al plan, que hasta el momento se ha caracterizado por las ilegalidades señaladas por la CGR.
Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), fue uno de los legisladores que compartió sus preocupaciones al respecto.
El verdiblanco indicó que el proyecto cuenta con un nivel de complejidad que no lo convence de que sea necesaria la reforma legal: “Pero lo que no quiero es que luego se señale que es culpa de la Contraloría o que es culpa de la Asamblea”, advirtió.
Rocío Alfaro del Frente Amplio (FA), dijo compartir las dudas del verdiblanco, en particular de que el proyecto de ley “se quede corto”.
Quien también expresó dudas fue el liberacionista Francisco Nicolás; sin embargo, las suyas estuvieron más relacionadas con el avance del proyecto y las posibilidades de completar las obras, con el financiamiento previsto por el BCIE, por un monto de $450 millones.
Ante las preguntas del diputado, Acosta reconoció que la planificación de Ciudad Gobierno tiene un 30% de avance y que los recursos previstos por el BCIE son un monto máximo, por lo que en caso de que no alcancen los fondos, se tendrían que buscar recursos adicionales.
“Coincido con usted en que hay un concepto previo que no se ha terminado y que se va a concluir en los próximos meses, para poder arrancar de manera correcta el proyecto”, expresó el jerarca.
Ante lo señalado por el ministro, Nicolás aseguró que, bajo las condiciones actuales del plan, se estaría apostando “a una salida que no necesariamente garantiza el objetivo que usted mismo acaba de mencionar aquí, ministro (disminuir el gasto)”.
