La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) les pidió a los diputados un proceso ordenado para liquidar el régimen de pensiones exclusivo para funcionarios de la CCSS, llamado Fondo de Retiro de la Caja (FRE), en caso de que decidan avanzar con una iniciativa de ley que plantea eliminar este y otros cuatro sistemas en instituciones públicas. La idea es evitar dos efectos negativos para las finanzas de la entidad.
La excitativa la expuso este martes el presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, ante la Comisión Legislativa de Asuntos Sociales. En ese espacio, afirmó que la versión actual del proyecto, si se aprueba tal como está, generaría dos efectos financieros negativos a la Caja.
El primero de los efectos negativos advertido por Ramos, en caso de un cierre en poco tiempo, es que la CCSS tendría que sacar recursos extraordinarios de su patrimonio para reponer el faltante que dejaría la suspensión de los aportes patronales. Este problema se produciría, según añadió Ramos, porque las reservas del FRE no alcanzarían para pagar las obligaciones.
El segundo efecto negativo se derivaría de tener que devolver los aportes a los trabajadores activos en seis meses. Para ello, dijo el presidente de la CCSS, se tendría que poner a la venta a un menor costo del real, por la urgencia de colocación, los títulos valores que compró el FRE para su capitalización.
En esta situación, de nuevo le correspondería a la Caja hacer la compensación con sus recursos. Además, el resto de tenedores de esos bonos se verían afectados por la caída de su valor, advirtió Ramos en la comisión.
“Nuestra exhortación a los diputados es que consideren un mecanismo ordenado, en razón de estos dos efectos, si es que van a continuar con el proceso de cierre”, dijo Ramos a los legisladores.
La iniciativa plantea eliminar los fondos especiales de pensiones en cinco instituciones: CCSS, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional (BN) e Instituto Costarricense de Turusmo (ICT). Quienes tengan opciones de jubilarse en los siguientes 18 meses de aprobada la ley, podrán acogerse al beneficio, dice el texto.
Además, se respetarán los derechos adquiridos de quienes ya se pensionaron; es decir, seguirán devengando su jubilación de cada entidad.
En tanto, los trabajadores activos tendrán derecho a que se les liquiden los aportes y se les trasladen al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), o se les devuelvan, de conformidad con las normas establecidas en el respectivo sistema, añade.
Las pensiones del FRE, las cuales solo se nutren de aportes patronales de la CCSS, le costaron a esta entidad casi ¢54.000 millones en los dos últimos años por el aporte del 3% sobre el salario de cada trabajador. Actualmente, cuenta con 18.800 pensionados.
Por las razones de índole financiera, no actuariales, fue que en julio del 2020 la Junta Directiva de la CCSS se opuso a la iniciativa en los términos que está planteado, expuso el presidente ejecutivo.
“Hay que procurar algún mecanismo de liquidación ordenada de los activos que actualmente tiene ese fondo. Si no, se puede tener una reacción no deseada sobre los tenedores de los bonos de ese fondo, porque su precio bajaría repentinamente”, insistió Ramos.
Ramos detalló que liquidar el FRE costaría ¢325.000 millones, pero sus reservas son de ¢226.000 millones. “Queda aproximadamente poco menos de ¢100.000 millones de saldo descubierto. Eso es, a grandes rasgos, sobre lo que hay que ir pagando sobre la marcha”, indicó Ramos.
La Caja tendría que reponer, casi al instante, ¢17.600 millones. Posteriormente, tendría que desembolsar ¢14.000 millones anuales, durante diez años, para un total de ¢157.600 millones, detalló el presidente ejecutivo.
Aunado a esa compensación, la institución tendría que afrontar pasivos contingentes que puedan derivarse al liquidar un fondo de pensión con beneficios definidos como el FRE, advirtió Ramos.
El jerarca admitió que seguir financiando esa pensión especial, “obviamente, es más cara”.
Sin embargo, calculó que los efectos positivos en las finanzas de la Caja se verían en 16 años. Además, aclaró que el ahorro sería sobre la mitad de ese 3%, dado que al liquidar esa pensión complementaria, la Caja tendría que pasar a pagar el 1,5% del régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) por cada trabajador.
Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, explicó que la Caja aportó al FRE ¢25.789 millones en 2021 por ese 3%, y ¢28.141 millones en 2022, para un total de ¢53.930 millones en esos dos años.
Los datos los detalló Picado ante consultas del diputado David Segura, del Partido Nueva República (PNR), quien exige que se cierren estos fondos especiales que se financian con fondos públicos.
En el año 2019, de acuerdo con la Superintendencia de Pensiones (Supén), el FRE tenía un déficit actuarial de ¢681 millones. Ramos aseguró que en los últimos 18 meses, producto de un ajuste en el aporte de la institución, los números mejoraron, pero no dio detalles.