El presidente Carlos Alvarado afirmó este martes que su apuesta, en la negociación de un acuerdo de estabilidad económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es heredarle a la próxima administración un clima de gobernabilidad.

Luego de que trascendiera que la deuda pública alcanzará un 80% del producto interno bruto (PIB) en el 2021, el mandatario afirmó que la propuesta que Costa Rica le presentará al FMI pretende darle una trayectoria controlada al tamaño de la deuda de aquí al año 2030.

El próximo año, el pago de amortizaciones e intereses de la deuda consumirá más del 40% del Presupuesto Nacional, lo que limita el gasto en obras públicas y conlleva un riesgo de estrujamiento para el sector privado, con consecuencias para el empleo.

El lunes, en Cartago, Alvarado adelantó lo que no se incluirá en la negociación con el FMI. Dijo que no se aumentará el impuesto al valor agregado (IVA) ni se incrementará el impuesto de renta a quienes ganen menos de ¢800.000. Además, descartó despidos masivos y cambios en los tributos para las empresas instaladas en zonas francas.

“Mi mayor deseo es dejarle un clima de gobernabilidad y de margen al próximo gobierno para que pueda llevar adelante el desarrollo de Costa Rica. Me siento comprometido con la responsabilidad de dejar bien las cosas”, afirmó.

El presidente negó que la propuesta al FMI se maneje con secretismo, pues insistió en que el jueves 17 de setiembre se hará pública a los diputados y al país.

“El día jueves, se va a hacer pública la extensión de lo que haremos como propuesta de negociación”, sostuvo el presidente, quien insistió en que las medidas implicarán también a la siguiente administración.

“Es un cambio de trayectoria. Lo habíamos logrado en una primera vez que se hizo el acuerdo fiscal, lo habíamos logrado en el 2018, pero la pandemia cambió las cosas”.

Añadió que la idea es alcanzar un superávit primario en el año 2024.

Este compromiso ya lo había adquirido el Gobierno cuando negoció con el FMI el crédito rápido de $508 millones que ya fue aprobado por el Congreso. Ahora, la idea es que el Fondo aporte unos $1.750 millones más, a lo largo de tres años con condiciones ventajosas, a cambio de que el país tome medidas de estabilidad económica.

Para ese primer préstamo, el país se comprometió a alcanzar un superávit primario equivalente al 2,2% del PIB en el año 2024.

Un superávit primario consiste en que los ingresos del Gobierno Central sean superiores a sus gastos, pero sin tomar en cuenta el dinero que se va en el pago de los intereses de la deuda pública.

En el 2019, por ejemplo, el país estuvo muy lejos de tener un superávit de este tipo; más bien, terminó con un déficit primario de un 2,78% PIB, lo que equivale a un faltante de más de ¢1 billón (un millón de millones). Este año, la situación empeorará con la pandemia.

En ese acuerdo, además, el Gobierno se había comprometido a reducir la deuda pública a un 50% del producto interno bruto (PIB) en el año 2034.

Según Alvarado, la negociación con el FMI “nos va a permitir tener confianza, estabilidad y retomar la senda de crecimiento”, atacando principalmente el déficit fiscal y lo que se gasta en deuda.

“Yo espero dejar eso mucho mejor para los gobiernos que vengan, esa es mi responsabilidad”, afirmó.