Tres cámaras empresariales criticaron con fuerza la decisión de los diputados de otorgarles un trato diferenciado a las universidades públicas en el proyecto de reforma al empleo público.

Se trata de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), la Cámara Nacional de Bananeros (Canaba) y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia).

AmCham solicitó a los poderes Legislativo y Ejecutivo detener las excepciones en el plan de empleo público y eliminar “los privilegios odiosos” dados a ciertos sectores del aparato estatal.

En un comunicado de prensa difundido este jueves, AmCham les pide a los diputados incluir a todas las instituciones públicas dentro de la Ley Marco de Empleo Público, “sin excepciones”.

La solicitud de esta Cámara se produjo luego de que, el martes, los legisladores de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron un trato diferenciado a las universidades, excluyéndolas de la reforma mediante una moción que incluso fue propuesta por las cúpulas de esas casas de enseñanza.

“La comisión que estudia este proyecto en la Asamblea Legislativa aprobó una moción para excluir a las universidades públicas de ajustarse a la escala salarial única y demás límites propuestos en esta reforma; además, se aprobó una moción relacionada con municipalidades”, manifestó AmCham.

Este beneficio para los centros de enseñanza superior crearía un subsistema dentro del empleo público, que se regiría por los estatutos aprobados por las propias casas de enseñanza superior.

Equidad en salarios

Gisela Sánchez, presidenta de AmCham, insistió en que las reformas deben ser equitativas para los mismos puestos que desarrollan funcionarios en las diversas instituciones del sector público.

“Establecer un mismo salario para los empleados públicos con las mismas responsabilidades, acorde al mercado, es igualdad entre los funcionarios. Es hora de eliminar los privilegios odiosos y discriminatorios que tienen unos pocos empleados públicos”, afirmó Sánchez.

La jerarca agregó que el proyecto de ley debe abarcar a todo el sector público, incluyendo a las empresas públicas y las instituciones públicas no estatales.

Asimismo, indicó que es el momento de que el Gobierno establezca “reformas significativas” para afrontar la severa crisis económica del país, empeorada por la pandemia de la covid-19.

AmCham también recalcó la necesidad de la aprobación del plan de empleo público, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el comunicado, “este proyecto sentará las bases para restaurar la estabilidad macroeconómica y brindará la confianza necesaria a la comunidad financiera local e internacional para que Costa Rica continúe siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa”.

Por su parte, la Cámara Nacional de Bananeros se sumó al llamado para evitar que se produzcan excepciones en la implementación de un salario global para todos los funcionarios.

“Resulta ilógico establecer diferenciaciones que perpetúen la problemática de salarios y pluses exorbitantes en beneficio de funcionarios de algunas instituciones, lo cual no contribuye para nada con el espíritu de esta reforma”, aseguró la organización.

Para Canaba, este proyecto debe cumplir con ordenar el esquema laboral y de salarios en el sector público.

Jorge Osborne, presidente de esta entidad, insistió en que es momento de que el sector público contribuya con la situación fiscal del país.

“El sector productivo ya está haciendo sus aportes para contribuir a sanear las finanzas del país. Ahora les corresponde a todos los funcionarios públicos, sin excepción, someterse a un salario global para contribuir con este cometido”, indicó Osborne.

Esta cámara recordó que, recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) detalló que más del 50% de los ingresos del Estado se destina al pago de remuneraciones, cuando el promedio es solo de un 25% entre los miembros de la OCDE.

Mientras tanto, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria también se unió a lista de sectores molestos por las decisiones de los congresistas en torno a las universidades.

“Como inmoral e improcedente catalogan los industriales de alimentos la reciente aprobación de una moción que excluye a las universidades de los lineamientos que la ley de empleo público propone, para poner orden en las brechas salariales existentes en el Estado, brechas que han sido provocadas, a criterio de Cacia, principalmente por el desorden, el abuso y las ilimitadas potestades de ciertos grupos privilegiados, a la hora de autoimponerse su propio esquema salarial”, manifestó la agrupación.

Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara, afirmó: “El sector privado y la población sufren una crisis real, mientras que, en el sector político, pareciera que la crisis es una simple pose política”.

En su comunicado de prensa, la cámara que representa a los productores de alimentos también manifestó su negativa a nuevos impuestos, ya que mientras los costarricenses deberán pagar más al Gobierno, algunos sectores públicos seguirán manteniendo tratos especiales.

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