BID responde a diputados: Costa Rica decide si usa créditos para pagar deuda pública

Urra respondió el pasado 7 de febrero a los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos, respecto al destino de dos créditos de apoyo presupuestario otorgados al Gobierno, los cuales suman $300 millones y fueron negociados por la administración de Carlos Alvarado para la descarbonización.

Estos fondos, combinados con los 100 millones de euros facilitados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), y que juntos equivalen a más de ¢210.000 millones, son el centro de un choque entre los diputados de la oposición y el Ministerio de Hacienda.

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En su respuesta, Urra indicó que respecto al uso de los fondos para el pago de deuda pública, “esta decisión compete a la República de Costa Rica en su rol de prestatario, de conformidad con lo dispuesto en los Contratos de Préstamo”.

Añadió que el BID se guía en el diseño y la ejecución de sus operaciones por sus políticas y procedimientos internos, pero también tiene en cuenta las normativas del país, basándose en las normas jurídicas sobre el cumplimiento de requisitos internos proporcionados por las autoridades pertinentes.

Estas normas son transmitidas por el Ministerio de Hacienda, en su calidad de representante del Prestatario, explicó el representante del BID.

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El conflicto se origina en el interés de los legisladores en destinar el 40% de estos recursos, es decir, ¢84.000 millones, al pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cifrada en ¢3,5 billones por la institución, mientras que el Gobierno pretende dirigirlos principalmente al pago de la deuda pública.

Además, los legisladores condicionan al Gobierno el uso del dinero restante, que asciende a ¢126.000 millones, a la concreción del pago del 40% a la seguridad social.

Objeciones de Hacienda

Ante la propuesta legislativa, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, advirtió que renunciaría a los desembolsos si los legisladores aprueban ese porcentaje, considerándolo inviable. Afirma que se dejaría de pagar planilla e invertir en obra pública.

Acosta añadió que los préstamos de apoyo presupuestario no deberían aumentar el presupuesto de la República, y sólo deben utilizarse como fuente de financiamiento.

El ministro agregó que destinar ese porcentaje a la Caja aumentaría el endeudamiento del Gobierno para cubrir el presupuesto, y aumentaría el pago de los intereses de la deuda en ¢2.400 millones por año.

Esto pondría en riesgo las metas fiscales incorporadas por los propios diputados a la ley para colocar eurobonos, aprobada en 2022, según Acosta.

Interpretaciones de diputados

Monserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y una de las proponentes de destinar más dinero de los créditos a la Caja, argumenta que el BID deja claro que es el país quien decide el destino de los recursos. ‘Ellos lo dejan a la comunicación y acuerdos internos’, añadió la legisladora.

En ese sentido, Ruiz afirmó que el documento les ayudaría a sostener la decisión de trasladar el 40% a la seguridad social.

En contraste, Vanessa Castro, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), expresó que la respuesta del BID le generó dudas.

Por un lado, la carta indica que los créditos son para apoyar el plan nacional de descarbonización. Por otro lado, señaló, el documento afirma que el país tiene libertad de disponer.

Su incertidumbre surge, explicó, debido a que en comisión Acosta dijo que los fondos eran de libre disposición del Gobierno y que, con base a esa aseveración, se decidió que se traslade el 40% a la CCSS. “Habrá que aclarar más puntos para tomar una decisión final”, concluyó Castro.

El proyecto de los créditos ya salió de comisión y pasó al plenario para su etapa final. Ruiz informó que el martes 13 de febrero se decide cuándo se somete a votación de primer debate en el plenario.

Los diputados del gobierno insistirán en el plenario con una moción desechada en comisión, para destinar sólo el 10% de los recursos a la CCSS, adelantó la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros.

“Si aceptamos el 40% ¿cómo lo pagamos? ¿Con más y más deuda? No queremos eso”, señaló Cisneros.