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La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), opera desde hace siete meses con una Junta Directiva incompleta, situación que la impide, legalmente, de resolver apelaciones, aprobar cánones, otorgar concesiones de generación de energía y designar a los miembros del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Para todas estas decisiones, el órgano decisorio de la Aresep debe estar integrado por cuatro personas, sin embargo, desde la renuncia de Grettel López Castro, el 17 de abril del presente año, la Junta Directiva pasó a tener solamente tres miembros.
La Junta Directiva de la Aresep se compone de cinco integrantes y si bien puede sesionar con solo tres ellos, existen acuerdos que únicamente pueden ser tomados por una mayoría calificada del total de sus miembros, por lo que se requiere el voto de 4 personas.
Los acuerdos para los que se necesita una mayoría calificada, según la ley constitutiva de la Aresep, incluyen la resolución de las apelaciones en materia de fijación de tarifas y precios.
Igualmente, el otorgamiento, la revocatoria o la ampliación de las concesiones en generación de energía, lo cual impediría que nuevos generadores ingresen en operación.
Se suman el nombramiento y remoción del auditor interno; así como la aprobación del estudio de cánones y la aprobación de las operaciones de endeudamiento.
En el caso de las designaciones de los miembros titulares y suplente del Consejo de la Sutel, el artículo 61 de la norma que dio vida a la Aresep, establece que debe realizarse por mayoría de al menos cuatro votos.
La junta directiva se encuentra compuesta, actualmente por: Eric Bogantes Cabezas, regulador general y presidente del órgano; Jorge Blanco Roldán y Ana Lorena León Marenco.
Consecuencias ya se han materializado
Las consecuencias de contar con la Junta Directiva incompleta, por tanto tiempo, ya se han ido materializando.
Por ejemplo, en julio, la Contraloría General de la República (CGR), improbó la propuesta que presentó la Aresep para los cánones por concepto de regulación, que entrarían a regir en el 2024.
Producto de la disminución del financiamiento por cánones, la Aresep tuvo que realizar “importantes reducciones en la estimación de los costos asociados a la regulación, dejando varias partidas presupuestarias, que se consideran fundamentales para la operación, en cero”, indicó Eric Bogantes, regulador general, ante una consulta de La Nación.
La Aresep estimó para el próximo año, ingresos por ¢14.185,7 millones por concepto de cánones de regulación, sin embargo, la CGR le avaló la suma de ¢12.083,9 millones, ya que en los casos de improbación, se toma el monto ejecutado durante el año anterior, más un reconocimiento por inflación.
El órgano contralor indicó en su resolución DFOE-SOS-0359, que el acuerdo presentado con el proyecto de cánones, “no contaba con los requerimientos formales (...) ya que el proyecto no fue aprobado por cuatro miembros de la Junta Directiva requeridos por la normativa aplicable”.
Los cánones se cobran a los prestadores de los servicios regulados de los sectores energía, agua y transportes. Son una fuente de financiamiento para la institución.
Consejo de la Sutel también se quedaría sin integrantes
Tampoco ha sido posible llenar la plaza que dejó vacante Gilberth Camacho, tras cumplir en marzo con los cinco años de su periodo en el Consejo de la Sutel.
De acuerdo con Bogantes, ya se cuenta una terna de candidatos elegibles, empero, “no ha sido posible designar a la persona pues se requieren 4 votos de junta directiva para ello y actualmente solo tenemos 3 miembros”.
Asimismo, están por vencer en enero las designaciones de Federico Chacón, como miembro titular, y Walther Herrera, quien es suplente. Aún no se cuenta con una nómina de candidatos, pero la Aresep tiene previsto concluir esta etapa antes de que finalice el mes de noviembre.
En caso de que la Aresep no logre concretar los cuatro integrantes necesarios para la designación de los miembros de la Sutel, Bogantes explicó que se estaría analizando emplear la figura del funcionario de hecho, “dado el carácter de extraordinario de estos nombramientos, y para garantizar la continuidad del servicio”.
La Ley General de la Administración Pública define al funcionario de hecho como aquel “servidor público regular, pero sin investidura o con una investidura inválida o ineficaz, aun fuera de situaciones de urgencia o de cambios ilegítimos de gobierno”.
Según Bogantes, esta figura permite el funcionamiento de los órganos colegiados y ha sido habilitada por la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República (PGR).
Proceso en la Asamblea Legislativa
Los miembros de la junta directiva de la Aresep son nombrados por el Consejo de Gobierno, no obstante, la Asamblea Legislativa puede objetar las designaciones, para lo cual tiene un plazo de 30 días.
Esta potestad fue ejercida por el Congreso el pasado mes de setiembre, cuando el plenario rechazó a dos candidatos, postulados por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y sus ministros.
Los legisladores se opusieron a los nombramientos de Nibia Barquero Fernández y Sergio Mata Montero, por considerar que ninguno de los dos tenía los atestados ni la experiencia para asumir el cargo.
El 20 de noviembre pasado, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el expediente de Luis Pablo Murillo Rodríguez, para que sea ratificado u objetado por los parlamentarios.
La Comisión de Nombramientos del Congreso acordó efectuar la entrevista de Murillo este lunes; en esa misma sesión, los integrantes del foro tendrán que definir si aprueban o rechazan la candidatura, ya que tienen plazo hasta el día 29 de noviembre, para remitir su recomendación al plenario.
