EscucharEl alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, emitió una directriz en la que impone un conjunto de barreras a los regidores que deseen visitar las instalaciones públicas de la Municipalidad capitalina. El documento, con fecha del 26 de junio, se dio a conocer la tarde de este martes durante la sesión del Concejo Municipal. Por ejemplo, les exige pagar una póliza de riesgo.
La restricción es para visitar edificios municipales, bibliotecas, complejos recreativos y el campo ferial, entre otros. Según la resolución RES-MSJ-ALCALDIA-44-2024, los regidores y sus asesores que deseen hacer visitas deberán enviar un escrito con la siguiente información:
- Indicar de qué forma se va a financiar el tiempo de los empleados municipales utilizados durante el tiempo de visita.
- En caso de posibles daños sufridos durante la visita por terceras personas, indicar quién será el responsable de la atención.
- Toda persona ajena a la Municipalidad deberá contar con una póliza de riesgo, que deberá presentar junto con la solicitud.
- Las personas externas que visiten alguna instalación municipal en representación de alguna empresa no podrán aparecer posteriormente como proveedores en Sicop.
- Objeto de la visita.
- Resultado esperado de la visita.
- Tiempo de visita (día, hora y tiempo estimado de la duración de la visita).
- Lugar por visitar.
- Personas que asistirán a la visita, con nombre, cédula, institución o empresa proveniente.
- Indicar el número de funcionarios requeridos para la visita y dependencia municipal a la que pertenecen.
Regidor: ‘Nos pareció escandaloso’
El regidor del Frente Amplio (FA), Brandon Guadamuz, relató a La Nación que los miembros del Concejo se enteraron de esta directriz media hora antes de recibir formalmente su contenido durante la sesión de este martes.
“De entrada, nos pareció escandaloso, nos parece que es desmedido, que está sobrepasando los límites. Una Municipalidad tiene un carácter bifronte; esto quiere decir que está compuesta por dos centros de autoridad jerárquica, que no tienen una relación de subordinación: el Concejo Municipal y la Alcaldía. Creemos que con esto está sobrepasando sus límites (la Alcaldía)”, expresó Guadamuz.
El funcionario aseguró que la directriz no tiene cabida en el ordenamiento jurídico democrático costarricense, por lo que su despacho preparó una moción para instruir a la Alcaldía a retirar y dejar sin efecto la resolución en cuestión, por “restringir, condicionar y controlar el trabajo” de los regidores.
Según Guadamuz, la moción fue presentada al oficialismo antes de la sesión del Concejo, lo que provocó un receso en el cual los funcionarios se reunieron junto con el alcalde para discutir “a puerta cerrada” los alcances de la medida.
Según la versión de Guadamuz, Miranda admitió que la resolución había sido un error de redacción y que esa no era su intención, por lo que presentará una nueva directriz con una redacción diferente. Este relato fue confirmado a La Nación por el alcalde, quien aseguró vía mensaje que procedió con el retiro de la comunicación para corregir el escrito, “ya que se puede malentender el texto como una prohibición de ingreso a algunas instalaciones”.
Miranda explicó que la medida pretende que el ingreso a instalaciones o áreas que no son públicas pueda ser regulado para cuidar los bienes inmuebles, la seguridad de los recintos y la integridad de quienes las visitan, ya que cualquier daño a una instalación o inconveniente dentro de estas recae en la administración.
“La medida se toma a partir de solicitudes de algunos regidores de visitar con terceros ajenos a la institución algunas instalaciones como el redondel de Zapote, por lo que en la corrección del texto vamos a aclarar cuáles instalaciones requieren de un permiso de la administración, para evitar cualquier tipo de incidente, coadministración o situaciones que puedan perjudicar la imagen o los riesgos dentro de las instalaciones”, concluyó Miranda.
