Un grupo de 21 diputados firmó un proyecto de ley para eliminar la aplicación de la regla fiscal sobre los fondos de becas, subsidios y ayudas de las instituciones de educación pública para los estudiantes, de manera que el tope de crecimiento presupuestario no recaiga sobre estos recursos.
Se trata de legisladores del Frente Amplio(FA), Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y Partido Nueva República (PNR). Ellos presentaron en la Asamblea Legislativa un texto llamado “Ley de protección de la inversión pública en becas y otras ayudas para la población estudiantil”.
Los partidos que no firmaron fueron Liberal Progresista (PLP) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
Los socialcristianos aseguraron que nunca se les entregó el texto para revisarlo, pero no descartaron darle su apoyo.
En tanto, Eli Feinzaig, jefe del PLP, declaró: “Los diputados, sobre todos los de los partidos que ya tienen más experiencia de estar aquí, tienen la mala costumbre de traerle a uno, durante el plenario, proyectos de ley para que uno firme. Mi posición es que yo no firmo cheques en blanco, no firmo documentos que no leído y mucho menos firmo proyectos de ley sin saber qué contienen.
“En este caso específico, me trajeron un proyecto de ley para eximir a las instituciones educativas del cumplimiento de la regla fiscal y les dije ‘pásenlo para analizarlo’ y nunca me lo pasaron, de manera que no lo firmé”, aseveró.
La regla fiscal es un mecanismo legal que le fija un techo al crecimiento del gasto público de acuerdo con la situación fiscal y económica del país. El límite es más estricto conforme mayor sea el endeudamiento público. De hecho, el nuevo ministro de Hacienda, Nogui Acosta, alabó el funcionamiento de la norma y abogó por mantener la disciplina.
Su propósito es evitar un crecimiento desmedido del gasto. No obstante, en el último año, los diputados aprobaron una importante cantidad de proyectos para eximir a varias instituciones de la regla.
El nuevo plan pretende reformar el artículo 6 del capítulo de Responsabilidad Fiscal, establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual versa sobre las excepciones de la regla fiscal.
La justificación de la propuesta alega que con la llegada de la pandemia, la situación económica de las familias se vio afectada, por lo que las solicitudes de ayudas y becas registraron una mayor demanda.
El proyecto argumenta que, en el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), las solicitudes de becas categorías cuatro y cinco (para ayuda máxima ayuda) se duplicaron en el 2021, pero que la regla fiscal no permite cubrir todas las necesidades.
Dicho tope cubre a las ayudas que otorgan todos los sectores de la educación pública, desde la primaría hasta la educación superior, así como los subsidios para comedores escolares y colegiales y las becas otorgadas por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
El Frente Amplio, impulsor del expediente, argumentó que dentro de las principales afectaciones detectadas por la aplicación de la regla fiscal está un recorte de ¢21.000 millones en las transferencias del Ministerio de Educación Pública (MEP) al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para las becas Avancemos y el programa de entrega de útiles escolares.
“La aplicación de la regla fiscal a estos programas impacta directamente a la reactivación económica y a los esfuerzos para mejorar la condición de empleabilidad del país. Con este proyecto de ley, reafirmamos nuestro compromiso para garantizar que ninguna persona vea violentado su derecho a la educación por limitaciones económicas”, señaló la agrupación.