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Un grupo de 14 diputados urgió al Gobierno a que convoque, en la agenda del Congreso, el proyecto de ley que autorizaría la producción de cannabis con fines medicinales y el cáñamo con objetivos industriales.
Los diputados alegaron la necesidad de reabrir la discusión del tema en el Congreso por razones de reactivación económica y generación de empleo.
“Este proyecto ya no puede esperar. Cada día que pasa, más pacientes crónicos con efecto de sus enfermedades como convulsiones, esclerosis múltiples, fibromialgia y en muchos casos el cáncer, están obligados a comprar gotas que se extraen de las cannabáceas en un mercado totalmente ilícito, sin controles de calidad”.
“Creo que es hora de que nosotros dejemos de satanizar una planta, cuando tenemos opiáceos que se usan en anestesias y muchos medicamentos que extraemos de las plantas. Esto para decir que es un tema de humanidad, de calidad de vida”, dijo la independiente Zoila Rosa Volio.
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El texto, propuesto por ella, se dictaminó en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa el 11 de noviembre del 2020.
Sin embargo, no ha sido convocado en el actual periodo de sesiones extraordinarias que se inició el 1° de diciembre, en el que el Poder Ejecutivo coordina la agenda legislativa.
El plan plantea permitir el acceso regulado del cannabis y sus derivados, exclusivamente, para uso medicinal y terapéutico.
Con el cáñamo, se pretende autorizar la producción y comercialización de la planta para uso industrial y alimentario, promoviendo el desarrollo socioeconómico en las zonas rurales de Costa Rica.
Paola Vega, legisladora de la bancada de Acción Ciudadana (PAC), comentó que existe resistencia en el Gobierno en avanzar en la discusión por razones de seguridad pública.
“Temores por no poder tener controles en la diferenciación de plantas y demás. Este grupo de diputados creemos que la excusa no es válida y que podemos tener identificadas herramientas y mecanismos de seguridad para tener un control estricto del tema y regularlo del hecho”, aseveró.
Carlos Ricardo Benavides, por su parte, afirmó que el país está perdiendo la oportunidad de ingresar al mercado del cáñamo que, en el mundo, mueve $5.200 millones, según aseveró.
Asevera que el país tiene un clima adecuado, de mercado y de desarrollo agropecuario para el cultivo, comercio y exportación de manera eficiente del cáñamo y entrar al negocio del cannabis medicinal.
“Costa Rica por prejuicio se está negando. Y en este caso, el Gobierno se está negando consistentemente a que esta posibilidad de trabajo y creación de riqueza para los costarricenses en distintas zonas del país”.
“Es decir, el Gobierno, en este caso, ni pica leña ni presta el hacha. La responsabilidad política estamos dispuestos a asumirla los diputados de distintas fracciones”, indicó.
El llamado lo hicieron además de Volio, Benavides y Vega, los liberacionista Yorleny León, Roberto Thompson, Wagner Jiménez, Aida Montiel, Paola Valladares, Karine Niño y Daniel Ulate.
Del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se sumaron a la petición María Inés Solís y Erwen Masís; del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carolina Hidaldo; y del Frente Amplio José María Villelta.
La restauracionista Mileidy Alvarado adujo que es resorte del Poder Ejecutivo hacer la convocatoria. Sin embargo, advirtió que el proyecto tiene dos líneas: el cáñamo industrial que ayudaría a la economía del país y el cannabis con THC que, en su criterio, traería riesgos.
El tetrahidrocannabinol (THC) es el principal constituyente psicoactivo del cannabis.
“Tenemos estudios y fundamentos donde nos dice el Ministerio de Salud, de Agricultura y Ganadería y de Seguridad, por qué en este momento el país no está preparado para desarrollar cannabis con THC. Se necesita una mayor economía para poder dar una vigilancia, supervisión y fiscalización del proyecto”, adujo.
Luego de hacer un análisis a la normativa interna a internacional a la que está sujeta el país, la Procuraduría General de la República (PGR), concluyó que no existe prohibición nacional o internacional para producir cannabis medicinal.
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“En nuestro criterio, el legislador está autorizado para liberalizar la actividad del cáñamo no psicoactivo, siempre y cuando lo haga bajo criterios científicos y estándares internacionales aceptados”, concluyó la PGR en la opinión jurídica OJ-172-2020.
El cáñamo es una de las especies de cannabis que no posee propiedades psicoactivas. Esta variedad contiene un bajo contenido de THC.
Según la Procuraduría, desde el año 1999, la Unión Europea fijó un 0,2% como el valor límite de THC que puede contener el cáñamo industrial.
El presente proyecto de ley, continuó el abogado del Estado, define el cáñamo como un fenotípico de cannabis con un bajo contenido de THC, el cual señala que es menor a 1%.
“El establecimiento de ese porcentaje, en nuestra opinión, debe estar respaldado en criterios técnicos, pues evidentemente excede los estándares permitidos a nivel internacional”, dijo la Procuraduría..
Sobre la producción de cannabis psicoactivo para fines medicinales y científicos, la PGR sostiene que en la actualidad está contemplada en los tratados internacionales a los que está sujeto Costa Rica, así como la Ley Nacional de Psicotrópicos.
De hecho, la diputada Volio mencionó que, desde setiembre del 2020, la Comisión de Estupefaciente de Naciones Unidas (ONU) retiró el cannabinoides de la lista de sustancia prohibidas.
Esto implica que se excluyó de la categoría de drogas peligrosas, al atender una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
