Juan Diego Córdoba González. 5 diciembre, 2019
Fachada del edificio del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). La Asamblea Legislativa revisa la gestión de dicha entidad, la cual subejecutó ¢25.000 millones el año anterior. Foto Jeffrey Zamora
Fachada del edificio del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). La Asamblea Legislativa revisa la gestión de dicha entidad, la cual subejecutó ¢25.000 millones el año anterior. Foto Jeffrey Zamora

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y organizaciones no gubernamentales (ONG) libran un pulso por los recursos económicos que la institución dejó de girarles a algunas fundaciones que impulsan programas para prevenir la violencia contra la niñez.

El enfrentamiento surgió en mayo del 2018, con la llegada de Patricia Vega a la presidencia ejecutiva del Patronato, debido a que la jerarca frenó el traspaso de dinero a algunas iniciativas de fundaciones argumentando que estaban mal planteadas, no tenían sustento técnico o carecían de control.

Tales deficiencias, aseveró la jerarca, ponían en duda el resultado de esos programas que se nutrían con fondos públicos, por lo que decidió suspenderlos o replantearlos.

No obstante, Josial Salas, representante de la Coalición Costarricense de Organizaciones para el Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño (Cosecodeni), reclamó que la institución tiene engavetados varios proyectos de fundaciones, que hasta el momento, desconocen si deben replantearlas o si simplemente sus propuestas fueron desechadas.

“Muchas ONGs están al día de hoy a la espera de que se les comunique si alguno de los proyectos que habían quedado a la espera en fase de formulación o negociación serán retomados, o que se comunique de manera clara los mecanismos para presentar propuestas bajo los nuevos parámetros y seguir tejiendo lazos de cooperación”, afirmó Salas, quien también es miembro del Consejo Nacional de la Niñez.

De acuerdo con el representante de las fundaciones, las iniciativas que ejecutan son vitales para proteger a la niñez costarricense, pues el alcance del Patronato es limitado.

“Consideramos que dar continuidad y consolidar los mecanismos de articulación con organizaciones de la sociedad civil como entes ejecutores, puede ayudarle a la institución a profundizar y masificar el trabajo de prevención, así como alcanzar a poblaciones que el PANI no suele alcanzar y las ONG, sí”, señaló Salas.

Las declaraciones las dio ante la comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público, la tarde de este jueves. Dicho foro revisa la gestión del PANI pues la entidad subejecutó ¢25.000 millones el año anterior.

Patricia Vega, jerarca del Patronato, brindó una conferencia de prensa, luego que los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia aprobara un informe que pide su destitución inmediata.

“Yo realmente creo de corazón que si vamos a invertir dinero en niñez –y debemos hacerlo– tiene que ser bien invertido, no gastado”, señaló Vega.

De acuerdo con la jerarca, tocó intereses de trabajadores y organizaciones cuando puso reglas para buscar ese fin.

“Al develar lo que sucedía en el PANI toqué intereses. Yo no tenía ni un mes de estar aquí y empezaron las críticas, bueno toqué intereses, sí… pero ¿sabe cuál es el interés que yo tengo? Es que cada cinco que yo invierta en el PANI sea para los niños y no para otras cosas”, señaló Vega.

Sin embargo, para el representante de las organizaciones sociales este debate no debe frenar los programas en favor de la niñez.

“Si la actual Administración encontró debilidades en procesos de formulación, evaluación de impacto y aplicación de controles, en esto las ONGs tienen poca o ninguna responsabilidad (…). Si se ejecutaron inconsistencias o irregularidades, las implicaciones y eventuales penalidades están establecidas en los contratos y convenios de cooperación, de acuerdo a la normativa del PANI”, afirmó Salas.