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La Municipalidad de San Carlos analiza interponer un recurso de casación tras el fallo del Juzgado de Trabajo que condenó a la exalcaldesa Karol Salas Vargas y a la municipalidad al pago de ¢328,5 millones por acoso laboral en perjuicio de una funcionaria de apellidos Amores Saborío.
“Es importante señalar que la resolución no se encuentra en firme, ya que existe la posibilidad de interponer un recurso de casación, trámite que será analizado en los próximos días para presentarlo dentro de los plazos establecidos por la ley”, indicó el gobierno local a través de un comunicado, donde confirmó que fueron notificados este martes 10 de marzo.
“En relación con las eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso, estas deberán determinarse posteriormente en la etapa de ejecución de sentencia, una vez que la resolución se encuentre en firme y se resuelvan los recursos legales correspondientes”, agregó la municipalidad.
¿Qué es un recurso de casación?
De acuerdo con el Poder Judicial, un recurso de casación es una solicitud que se presenta ante un tribunal superior para revisar si una sentencia aplicó mal la ley o no la aplicó correctamente.
Se trata de un recurso extraordinario que se utiliza cuando existen decisiones contradictorias entre tribunales sobre un mismo tema o cuando el tribunal interpretó erróneamente la legislación.
El desglose de la condena
La sentencia 2026-000120, dictada este martes 10 de marzo, establece que tanto Salas como la municipalidad deben asumir el pago de forma solidaria. El monto de ¢328,5 millones se desglosa de la siguiente manera:
- Daño patrimonial: ¢3,5 millones.
- Daño moral objetivo: ¢75 millones.
- Daño moral subjetivo: ¢250 millones.
El fallo, emitido por la jueza Martha Chaves Chaves, también ordenó la cancelación de intereses legales, indexación y costas. Consultada por La Nación, la exjerarca municipal aseguró que su equipo legal fue notificado recientemente y se encuentra analizando el documento para preparar la impugnación.
“Este proceso se inició en el año 2023 y lo he atendido en todas sus etapas de forma muy responsable. Como el proceso no ha terminado, no puedo referirme específicamente a detalles. Entonces, vamos a esperar que siga la atención jurídica como corresponde”, indicó Salas.
Según el expediente judicial, los problemas se iniciaron a finales de 2021, cuando Amores solicitó teletrabajo para recuperarse de una cirugía. La entonces alcaldesa Salas se lo denegó, indicándole que buscara una incapacidad o agotara sus vacaciones.
Pese a que la funcionaria ya tenía vacaciones aprobadas para agosto de 2022 por el anterior alcalde, Salas ordenó suspenderlas bajo el argumento de la preparación del presupuesto ordinario 2023. Amores hizo valer su derecho y tomó el descanso tras dejar sus labores organizadas.
En represalia, Salas ordenó un proceso disciplinario y, el 20 de febrero de 2023, despidió a la funcionaria sin responsabilidad patronal por supuesto “abandono de trabajo”. Este despido fue anulado judicialmente debido a que Amores contaba con fuero de protección sindical.
La sentencia detalla que, durante el proceso, la afectada fue vigilada y expulsada del edificio municipal. El documento describe el acto como “degradante, de humillación y descrédito, con el ánimo de ultrajarla emocionalmente”. El hostigamiento fue tal que el departamento de Salud Ocupacional remitió a la víctima al Instituto Nacional de Seguros (INS) para recibir atención médica por acoso laboral.
