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Aníbal Pérez-Liñán, profesor de Ciencia Política y Estudios Globales en la Universidad de Notre Dame, ubicada en Indiana, Estados Unidos, sostiene que las relaciones convulsas entre los poderes del Estado responden a una tendencia política mundial de discursos más fuertes, extremos y agresivos, que arrastran incluso a las democracias más sólidas.
En entrevista con La Nación, opinó que Costa Rica está entrando en un periodo en el que se impone esta forma de discurso. “De algún modo es lo que los votantes de la era digital están demandando de estos políticos”, dijo.
Pérez-Liñán advierte de que no todas las democracias logran sobrevivir a estas tensiones, y que la supervivencia depende de la anuencia de las élites políticas para llegar a acuerdos, buscar la negociación y tomar decisiones basadas en la transparencia y el diálogo entre sectores.
¿Cuáles democracias sobreviven?
Las democracias que sobreviven, dice, consiguen separar un plano operativo de uno discursivo. Así, se logra alcanzar acuerdos y forjar políticas a largo plazo, aunque en forma paralela, se mantenga el rumbo discursivo del conflicto.
“La clave es mantener la movilización social del electorado, pero al mismo tiempo, poder formular políticas que sean estables a largo plazo (...). La historia democrática de América Latina nos ha demostrado una y otra vez que la lucidez de las élites políticas y su formación histórica es lo que permite que las instituciones sobrevivan”, dice.
La democracia costarricense, señala Pérez-Liñán, ha sido “excepcional” comparada con el resto de América Latina, y es por esto que la tensión entre poderes resulta inusual para su historia y genera “enorme conmoción”.
Tras los comicios de febrero, en los que el partido que prometió la continuidad alcanzó la Presidencia con 31 diputados, la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, surge la pregunta: ¿cómo puede el Poder Judicial llegar a acuerdos con el Poder Ejecutivo y el Legislativo? En parte, reconociendo una necesidad de cambio, dijo el experto.
Reconocimiento y transparencia
Para Pérez Liñán, las tensiones entre los poderes son normales en un sistema democrático, pero también pueden erosionar el sistema institucional. En un contexto digitalizado, explica, la única forma de atraer al electorado es asumiendo posiciones extremas que terminan abriendo espacio al deterioro institucional.
“Una vez que esos candidatos llegan al poder, tiene que mantener el tono conflictivo y el tono de acusaciones, para mantener su base electoral. Esto lo que genera es una tensión permanente con los otros poderes”, dice.
En este modelo político, los ataques constantes a instituciones como el Poder Judicial se vuelven inevitables y, afirma, terminan por minar la credibilidad de este pilar independiente. Los ataques existen, afirma, porque siempre aparece la tentación de reformarlo y capturarlo políticamente; es decir, de conformar un Poder Judicial alineado con las preferencias del partido de gobierno de turno.
“Esto termina por acabar con la legitimidad de la justicia. Produce una hegemonía partidista que es utilizada para perseguir adversarios políticos, para proteger actos de corrupción en los gobiernos y que en última instancia, termina por producir un gran desgaste no solo para el Poder Judicial, sino también para el partido de Gobierno”, dice.
Sin embargo, no significa que el Poder Judicial no deba someterse a reformas que deberían ser iniciativa propia de la institución para responder a las demandas de la sociedad. Sostiene que este poder debe aprovechar las críticas —”tan comunes hoy en día”— y utilizarlas como un impulso para corregir aspectos que requieren cambios.
“El Poder Judicial no puede esconder la cabeza en la arena y negar las críticas; tiene que tener una actitud proactiva, tanto en Costa Rica como en todos los demás países, para liderar de algún modo la agenda de cambios, la agenda de reformas y la agenda de propuestas institucionales para mejorar los problemas que la ciudadanía reconoce”, dijo.
El peligro de reformar sin transparencia
Las reformas judiciales son especialmente delicadas. La historia ha demostrado que la captura de los poderes judiciales ha desembocado en gobiernos autoritarios en la región latinoamericana, como el chavismo en Venezuela, que ganó sus primeros 15 años con gran popularidad, o el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, que también contó con una base popular importante.
Estos partidos lograron obtener una hegemonía y capturar el Poder Judicial a través de reformas judiciales. El resultado de esto, explica el experto, es que el nivel de corrupción llegó a tal punto que incluso el propio electorado terminó abandonando a esos partidos. En el caso del régimen venezolano, se mantiene hoy principalmente a través de la represión, y buena parte de la población venezolana estaría dispuesta a conceder parte de la soberanía nacional con tal de liberarse de ese partido de gobierno.
“No es solo una tragedia para la democracia, una tragedia para la justicia, sino también una tragedia para el mismo partido de Gobierno a largo plazo”, afirmó.
¿Cómo asumir entonces las reformas necesarias del Poder Judicial en un contexto de hegemonía del Poder Ejecutivo y también legislativa en Costa Rica?
Para Pérez Liñán, es justamente en este momento cuando se debe acudir a la transparencia y a la participación de distintos sectores. Si las reformas se producen tomando el tiempo necesario para un debate público amplio, será menos probable que surja una reforma abrupta que conduzca a la captura del Poder Judicial.
Si hay participación de múltiples sectores en la discusión, aunque la reforma en última instancia sea responsabilidad del Poder Legislativo, afirma que la reforma será “mucho más rica, viable y sana” que una reforma impuesta de manera unilateral en un periodo muy corto.
“Cuando las reformas se producen de manera unilateral y forzada, esas son las reformas por las cuales nos tenemos que preocupar”, afirmó.
Señales tempranas de la toma judicial
Para el experto, existen señales tempranas que indican intentos de captura del Poder Judicial con fines políticos. Una de las primeras, dice, son los ataques permanentes con el objetivo de socavar su legitimidad. La segunda es la presentación de propuestas de reforma que prometen alcanzar un bien mayor, pero sin un debate abierto y transparente.
Pérez Liñán menciona como ejemplo el caso de México, que abrió a elección popular los cargos judiciales. Esta reforma, dijo, pese al discurso optimista de democratizar el Poder Judicial, terminó por politizarlo y alinearlo al partido de gobierno.
El último signo de preocupación, agrega, es cuando estas reformas intentan impulsarse mediante una mayoría sin debate y de manera unilateral.
“Es muy difícil para la democracia sobrevivir si la ciudadanía no tiene confianza en las instituciones democráticas, en el Judicial, Ejecutivo y Legislativo”, concluyó.
