El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) adjudicó, en tiempo récord, la construcción del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), que se ubicará en San Rafael de Alajuela, a la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar).
Esa firma obtuvo el contrato por ¢16.775 millones ($33,1 millones) el pasado domingo, tras la aprobación del jerarca de esa cartera, Gerald Campos.
La contratación arrancó el 14 de octubre, mediante “procedimiento especial de urgencia”, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y se concretó solo 19 días después, este domingo 2 de noviembre.
Precio, el factor decisor
Tres empresas presentaron una oferta: Edificar, que fue la ganadora, y las constructoras Van der Laat y Jiménez S. A. y Navarro y Avilés S. A., según consta en el expediente N.° 2025XE-000004-0006900001.
El 31 de octubre, la Proveeduría Institucional del Ministerio de Justicia declaró “inadmisible técnicamente” la oferta de Van der Laat y Jiménez “al incumplir con aspectos técnicos esenciales de este procedimiento concursal”.
De esta forma, solo admitió las ofertas de Navarro y Avilés y Edificar. Al final, recomendó adjudicar a esta última.
El único factor de evaluación fue el precio. Bajo esa dinámica, la adjudicación recayó sobre Edificar cuya oferta fue de ¢16.775 millones, mientras que Navarro y Avilés cobró ¢18.921 millones, un 13% más.
Tras la recomendación de la Proveeduría Institucional, el pasado sábado 1.° de noviembre, el órgano ad hoc designado por el ministro Campos —integrado por el viceministro de Justicia, Nils Ching Vargas, y otros funcionarios públicos— acordó de forma unánime adjudicar el proyecto a Edificar.
Así se lo comunicó Ching al ministro Campos, quien un día después, domingo, acogió la recomendación y aprobó la contratación, de acuerdo con el expediente en el Sicop.
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Detalles de la contratación
La empresa contratada ahora posee 315 días naturales para concluir la cárcel, que “contempla la construcción de cinco módulos de alojamiento de alta seguridad, destinados a albergar un total de 5.100 personas privadas de libertad, distribuidas en 1.020 internos por módulo", según consta en el documento de la Proveeduría.
“Cada módulo contará con 17 celdas, y la construcción ocupará una huella total de 31.048,18 metros cuadrados, que incluye obras complementarias, así como, la preparación y terraceo del terreno (movimiento de tierra) con un volumen estimado de 70.000 metros cúbicos. En total, la huella a intervenir será de 91.000 metros cuadrados”, se detalló en el pliego de la contratación.
Según lo acordado por la comisión ad hoc, para el periodo 2025 se debe reservar el 40% de la propuesta de adjudicación en dólares, más el 10% de diferencial cambiario, correspondiente a más de ¢7.000 millones.
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