EscucharEl anteproyecto de presupuesto para Educación del 2026 incluye el monto con el que se pagaría el desarrollo de la prueba de idoneidad para docentes, la cual se convertirá en un filtro para escoger a los futuros docentes del Ministerio de Educación Pública.
La elaboración del examen estaría a cargo de la Universidad de Costa Rica (UCR). Una ley estableció la obligatoriedad de la prueba desde el 2020, pero hasta la fecha no se ha creado.
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Según el anteproyecto presupuestario, el MEP destinaría ¢870 millones para pagar el desarrollo de la prueba.
En entrevista con La Nación, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, comentó que la construcción de una prueba de idoneidad es muy compleja y que exige rigurosidad para que “tenga toda la robustez posible”.
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Sánchez reiteró que están coordinando con la decanatura de Educación de la UCR para que les formulen la prueba de idoneidad, los ítems que la van a componer y el sistema en el que se va a desarrollar. Afirmó que la idea es que no sea un examen escrito, sino uno que el docente pueda realizar digitalmente.
“Estos dos elementos son muy caros. Tienen que pasar un montón de rigurosidad estadística para que la prueba esté bien conformada y el sistema también. Estamos apartando esos recursos para poder contratar a la Universidad de Costa Rica”, detalló el ministro.
Luego de explorar y consultar con especialistas en Chile y “otros países”, concluyeron que la prueba más idónea es la que se puede trabajar con la UCR.
¿Cuándo estaría lista la prueba de idoneidad?
Sánchez dijo que la idea es que el examen esté elaborado en diciembre, que entre enero y febrero se monte el sistema y que se pueda empezar a aplicar entre mayo y junio del 2026.
El economista resaltó que esta prueba no solamente permitirá al MEP comprobar la idoneidad de los docentes que ingresarán, sino que habilita un concurso nacional para que los educadores opten por una propiedad.
“Eso es algo que han estado esperando desde el 2019. Con esto hablamos de estabilidad laboral”, dijo.
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Deuda pendiente
En octubre del 2024, la Sala Constitucional le dio dos meses a la ex ministra Anna Katharina Müller Castro para reglamentar el examen de idoneidad que deben realizar los docentes que quieran impartir clases en escuelas y colegios.
La decisión de la Sala IV se dio luego de que Miguel Guillén Salazar, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), presentara un recurso de amparo en el que reclamaba que el Ejecutivo no había reglamentado, ejecutado y asegurado el cumplimiento de lo establecido en la reforma al Estatuto de Servicio Civil que impuso el examen de idoneidad como requisito.
Leonardo Sánchez comentó que, para cumplir con este mandato legal, que resaltó está pendiente desde el gobierno pasado, se requiere de varios pasos. La elaboración es el último.
“Primero, había que hacer una batería de indicadores, que eso ya fue aprobado, ya se realizó el año pasado. Luego se tenía que hacer el reglamento de la prueba de idoneidad que fue publicado hace unos días. Y luego está la fase de construcción de la prueba de idoneidad”, añadió.
En marzo, durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa, el ministro se refirió a las pruebas de idoneidad pendientes y aseveró que, cuando se apliquen, expondrán a universidades públicas y privadas.
“A como pasa con medicina o como pasa con los abogados, si los docentes no salen bien en el examen, las universidades privadas o públicas que tengan mayor cantidad de docentes que no salen bien, van a ser expuestas ahí y van a tener que mejorar”, afirmó Leonardo Sánchez Hernández, ministro del MEP ante la Comisión Especial de Educación.
