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Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, suscribió la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, un documento militar firmado el 5 de marzo de 2026 en Doral, Florida, en el marco de una conferencia organizada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos.
La firma, atribuida al ministro Zamora, aparece en el documento junto a las rúbricas de representantes de otros 17 países, confirmó este diario.
Un video publicado por el propio Pentágono muestra a Zamora durante la ceremonia, acompañado de oficiales que portan en sus brazos la bandera de Costa Rica.
En el video, aparece el presidente Donald Trump anunciando la iniciativa: “A esta alianza militar la llamamos Coalición Anticartel de las Américas”.
La declaración establece que los países firmantes se comprometen a ampliar la cooperación en seguridad y defensa hemisférica, colaborar en seguridad fronteriza y lucha contra el narcoterrorismo, promover la doctrina de “Paz a través de la Fortaleza” —Peace through Strength— y unirse a una coalición para combatir amenazas compartidas en el hemisferio occidental.
El documento fue suscrito dos días antes de que el presidente Rodrigo Chaves se acercara a la mesa donde Donald Trump firmó el decreto que formalizó la Coalición América contra los Carteles —conocida como “A Triple C”— en la cumbre Escudo de las Américas celebrada el 7 de marzo en Doral, Miami.
Ministro brinda explicaciones
Zamora explicó la noche de este domingo que la alianza respetara las leyes vigentes en cada Estado así como su Soberanía. Además aseguró que firmó el documento con el visto bueno del presidente, Rodrigo Chaves bajo sus indicaciones de incrementar la ayuda internacional en la lucha antidrogas y bajo los parámetros de la Ley vigente.
Agregó que la firma del documento implica un mayor apoyo a Costa Rica en el patrullaje conjunto en mares, apoyo material y técnico al Servicio Nacional de Guardacostas y a la Sección de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Publica.
Además, se le consultó qué entiende el gobierno costarricense por esos compromisos en la práctica.
“El poder coercitivo del Estado de Derecho en Costa Rica se ejerce bajo los parámetros de legalidad que establece el derecho administrativo y el derecho penal. El concepto de Paz a través de la Fortaleza o de la Fuerza esta referido al uso de la violencia legal o de la Fuerza Legal con que las leyes facultan a las fuerzas policiales para enfrentar la violencia criminal que emana de los carteles”, precisó.
Eso, agregó, sin dejar de mencionar que el uso de la fuerza o de la violencia legal de las que hacen uso las fuerzas de orden publico se circunscribe a los parámetro de legalidad que establece nuestro ordenamiento jurídico.
Coalición de acción ofensiva
El alcance de la iniciativa quedó definido en declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante la cumbre del 7 de marzo.
“Es una coalición de acción de países con ideas afines que van a poner sus capacidades al servicio de esta causa, con el liderazgo estadounidense al frente”, afirmó.
Hegseth fue más lejos al describir el carácter ofensivo de la iniciativa: “Pasaremos a la ofensiva contra los cárteles. Sabrán que estamos a la vuelta de la esquina, ya sea en barcos con drogas o por tierra”.
El secretario de Guerra enmarcó la coalición dentro de lo que denominó el “corolario Trump de la Doctrina Monroe” y subrayó que opera con inteligencia compartida y capacidades militares coordinadas bajo liderazgo de Washington.
Por su parte, el presidente Trump no descartó el uso de armamento de precisión contra cabecillas de carteles si los gobiernos de la región lo solicitan.
“Vamos a usar misiles. Son extremadamente precisos. Boom, directo al cuarto. Ese es el fin de esa persona del cartel”, afirmó durante la cumbre.
Antecedente constitucional
La adhesión formal de Costa Rica al marco de seguridad militar generó el sábado una reacción política inmediata.
Miguel Guillén Salazar, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad en la que argumenta que el Poder Ejecutivo vinculó al país a una declaración de seguridad con implicaciones militares sin autorización de la Asamblea Legislativa y en abierta tensión con el artículo 12 de la Constitución Política, que proscribe el ejército.
En su escrito, Guillén Salazar invocó el voto 2004-09992 de la Sala IV como precedente directamente aplicable.
En aquella ocasión, los siete magistrados declararon inconstitucional el apoyo moral que el gobierno de Abel Pacheco brindó a la coalición que invadió Irak en 2003, por ser contrario a la tradición pacifista de Costa Rica, a la Constitución Política y al sistema internacional basado en la Carta de la ONU.
Según el ministro Zamora, el acuerdo suscrito apunta a los carteles del narcotráfico por lo que, según él, no existe relacion alguna con el contenido de la Resolución de la Sala Constitucional.
