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Tres grandes obras que el gobierno de Rodrigo Chaves decidió detener o modificar, siguen estancadas sin que a la fecha exista una señal clara sobre el rumbo que tomarán.
Se trata de la ampliación de la ruta 27, la marina y terminal de cruceros de Limón y Ciudad Gobierno. Su estado de situación es el siguiente:
Ruta 27
En el caso de la ampliación de la ruta 27, el gobierno anterior dijo haber dejado las negociaciones con la actual concesionaria en un 80% de avance. Quedaba pendiente la parte más delicada, correspondiente a la estructuración financiera.
En junio del 2022, con apenas mes y medio de haber iniciado su gestión, el presidente y su entonces jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, comenzaron a externar dudas sobre la opción de continuar con dicho plan.
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Incluso, hablaron de la posibilidad de indemnizar a la concesionaria por la terminación anticipada del contrato. En otra oportunidad, Amador se refirió a la necesidad de “quitarse de encima” a la empresa, alegando que no estaban conformes con la tasa de retorno negociada.
Amador ofreció buscar financiamientos en Medio Oriente o echar mano de otras alternativas como los fondos de pensión.
Al momento de su salida del Ministerio, en marzo del 2024, Amador ya había echado para atrás luego de conocer el monto que costaría romper el contrato (unos $350 millones en el mejor escenario), pero no se había avanzado en retomar las negociaciones.
La propuesta planteada por la concesionaria Ruta 27 contempla realizar la ampliación por etapas e ir incrementando las tarifas de peaje conforme entren en servicio los tramos. El plazo de ejecución sería de cinco años y se tenía previsto que la construcción empezara en el 2025.
Inicialmente, la empresa había estimado que se requerían $650 millones para completar la obra. Para hacer frente a esa inversión, también se acordó que los peajes deberían aumentar entre 25% y 40%.
En junio anterior, el actual ministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón, aseguró que estaban a la espera de los resultados de una consultoría que se contrató precisamente para validar los costos planteados por la empresa.
Previamente, el jerarca había afirmado que los esfuerzos del Ejecutivo estaban concentrados en la pretensión de cobrar una serie de multas a la empresa. De hecho, poco se ha dado a conocer sobre los avances para la ampliación.
Ciudad Gobierno
El 29 de noviembre del 2022, el presidente Rodrigo Chaves aseguró, durante una conferencia de prensa, que el Ejecutivo “nunca más pagaría un alquiler”.
Sin embargo, tres años después, el proyecto de Ciudad Gobierno está detenido.
Lo anterior ocurre a pesar de que el país cuenta, desde marzo del 2023, con un financiamiento aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $450 millones para construir un complejo de edificios al sur de San José que albergarían una buena parte de ministerios y entidades gubernamentales.
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La última actualización sobre ese plan fue brindada por la entonces ministra de Planificación, Marta Esquivel, el 30 de julio anterior (un día antes de renunciar a su cargo).
Ese día indicó, en respuesta a consultas de este diario, que había dejado presentado en Presidencia un proyecto de ley que incorporaba las “interpretaciones” de la Contraloría General de la República, “las cuales han frenado uno de los proyectos estrella de este gobierno, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo”.
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Al consultarle si el Ejecutivo había renunciado al proyecto de Ciudad Gobierno, la respuesta fue que no.
En esa oportunidad, Esquivel manifestó que se esperaba que al finalizar esta administración se contara “como mínimo” con la aprobación de la ley. Sin embargo, a la fecha se desconoce si dicho proyecto siquiera llegó al Congreso.
El plan que pretendía impulsar Rodrigo Chaves buscaba llevar a 10.000 funcionarios públicos de 14 ministerios y cuatro instituciones a la zona sur de la capital, con una inversión máxima de $450 millones en un área de 210.000 metros cuadrados de construcción y áreas verdes.
Según el mismo Mideplán, Ciudad Gobierno le permitiría al Estado un ahorro en alquileres por $23,5 millones anuales. El plan contemplaba que el Estado adquiriera las edificaciones desarrolladas con el BCIE, mediante un arrendamiento en un plazo de 20 años.
Sin embargo, los problemas para esa iniciativa surgieron luego de que la Contraloría alertara sobre la ilegalidad de ejecutar el proyecto sin un concurso público, como pretendía el gobierno. El ente fiscalizador también advirtió de que el BCIE no podía alquilar al país edificios construidos sobre terrenos estatales.
Además, señaló que el expediente estaba incompleto y que el financiamiento propuesto consistía en deuda pública, la cual debe ser aprobada por los diputados.
Esa confrontación, sumada a otras diferencias entre el Ejecutivo y la Contraloría, provocó la presentación de la denominada Ley Jaguar, con la cual el mandatario buscaba evitar controles y modificar leyes para seleccionar a los contratistas. Esa iniciativa no superó el filtro constitucional.
El terreno previsto para Ciudad Gobierno quedó en abandono por un año, como foco de contaminación. Recientemente, el Liceo de Costa Rica anunció que lo utilizaría para canchas deportivas.
La marina de Limón
En agosto anterior, durante una gira por la provincia de Limón, Rodrigo Chaves acusó una vez más a la Contraloría por el nulo avance del proyecto para construir una marina y una terminal de cruceros en esa ciudad.
Sin embargo, el modelo que el gobierno pretendía impulsar para desarrollar ese proyecto también había sido declarado como inconstitucional, cuando se resolvió una consulta sobre la llamada Ley Jaguar.
Se concluyó, además, que la reforma a la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) era inconstitucional porque pretendía desarrollar obra pública por medio de alianzas estratégicas, sin apegarse a la Ley de Contratación Pública.
Para entonces, el ente contralor también había advertido de que la figura de alianza estratégica no podía usarse para construir infraestructura.
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La marina y el muelle de cruceros en Limón formaban parte de un Plan Maestro Turístico, que contemplaba la edificación de locales comerciales dentro de la zona.
Ese proyecto requeriría una inversión de $854 millones y la intención del gobierno era que fuera construido por entidades privadas en terrenos públicos.
La Nación remitió consultas al Consejo Nacional de Concesiones, el Ministerio de Planificación y Japdeva, para conocer el estado actual del proyecto de la marina de Limón, así como de la ampliación de la ruta 27 y Ciudad Gobierno.
También se solicitó información sobre los planes para llevarlos adelante y las proyecciones del avance con que se pretende dejarlos al término de la actual administración. No obstante, al cierre de esta publicación no se tuvo respuesta.
Urge mantener ciclo de proyectos
El director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Guillermo Carazo, sostuvo que lo ocurrido con estos tres megaproyectos, y otros en situaciones similares, genera preocupación, pues ocurre cada vez que hay un ciclo electoral nuevo.
“Todos los proyectos se paralizan, se reestudian, se reanalizan. Se le va uno o dos años a la administración en eso y después arrancan, muchas veces siguiendo prácticamente lo que estaba.
“Esos dos años que se pierden ya nos están pasando la factura de una manera muy fuerte”, sostuvo.
Carazo recordó que en el caso de la ruta 27, el actual gobierno estuvo desde el 2022 al 2024 analizando la posibilidad de suspender la concesión, para al final convencerse de que era mejor hacer la renegociación.
“Nuestro país ya no aguanta que este tipo de obras no tengan una planificación y una ejecución con un objetivo país y no con un objetivo de una administración de cada 4 años”, agregó.
El ingeniero insistió en la necesidad de que, en proyectos como el de Ciudad Gobierno, se debería al menos procurar dejar un plan “analizado, constituido y heredable” y evitar las parálisis.
Por su parte, la directora de la Cámara Nacional de Turismo, Shirley Calvo, recordó que el desarrollo de infraestructura es indispensable para el turismo.
Señaló que situaciones como el colapso de la ruta 27 deterioran la experiencia de los visitantes y afectan directamente la competitividad del país como destino.
En relación con la marina en Limón, sostuvo que esta representa una oportunidad estratégica para dinamizar la economía del Caribe costarricense.
“Tanto Limón como Puntarenas enfrentan altos niveles de desempleo y, en el caso de Puntarenas, una marcada informalidad.
“Por ello, el estancamiento de proyectos clave como la ampliación de la ruta 27 y la marina de Limón no solo retrasa el desarrollo turístico, sino que priva a estas provincias de oportunidades concretas para generar empleo, inversión y bienestar en las comunidades que más lo necesitan”, concluyó Calvo.
