Escuchar
El extraditable Jordie Picado Grijalba, alias “Noni”, presunto líder del cartel del Caribe Sur, le arrendó a una junta de educación del Ministerio de Educación Pública (MEP) dos propiedades en Limón, entre el 2024 y el 2025, para que operara allí la Escuela de Villa del Mar 1.
La junta de educación firmó un contrato de arrendamiento con Corporación KYK S. A., una sociedad investigada por la Fiscalía por legitimación de capitales dentro del caso Traición, cuya representante legal y presidenta es Gaudy Cortés Madrigal, esposa de alias “Noni” y quien figura como investigada en esa causa.
La Escuela de Villa del Mar 1 brindó lecciones en dos fincas aledañas en el cantón central de Limón —N.° 7-36348 y N.° 7-36346—. La primera está a nombre de Picado Grijalba y la segunda pertenece a Corporación KYK S. A.
Así consta en el informe policial N.° 031-OECDO-UAFP-2025 al cual tuvo acceso La Nación y cuyo contenido fue adelantado por el periodista Álvaro Sánchez, en su perfil de Facebook, denominado Expediente.
Posteriormente, este diario confirmó que, a la fecha, ambas propiedades siguen teniendo los mismos dueños y que, en el Google Maps aparece que allí todavía está la mencionada escuela. Sin embargo, el MEP sostiene que el centro educativo opera en otro sitio desde el 2026.
En el Registro Nacional incluso consta que tienen una anotación desde noviembre del 2025, por el caso Traición, el cual se tramita bajo el expediente N.° 21-030208-0042-PE.
La Nación consultó al MEP sobre quiénes firmaron el contrato de arrendamiento y cómo se realizó esa negociación; sin embargo, a la hora de publicar este artículo no se obtuvo una respuesta.
En el expediente judicial sí aparece una versión de ese ministerio que data del año pasado. En esa oportunidad, la entidad alegó que estaba tramitando la donación de un terreno con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y que, mientras se formalizaba esa cesión, el centro educativo estaba alquilando un espacio físico a un tercero.
Con esa respuesta, contenida en el oficio N.° DVM-A-DIE-DM-0629-2025, y el cruce de coordenadas y ubicaciones prediales de ambas fincas —que coinciden con la ubicación de la escuela, según confirmó este diario en Google Maps—, quedó establecido que los dos inmuebles vinculados al cartel del Caribe Sur fueron arrendados por ese centro educativo.
El propio MEP aceptó que la escuela operó allí, según respuestas brindadas al periodista Álvaro Sánchez, como una solución temporal. Detalló que se trataba de dos propiedades de apartamentos, que fueron adaptadas para uso educativo.
La cartera también confirmó que la inspección técnica se realizó el 10 de octubre del 2023 y que el contrato se firmó el 21 de mayo del 2024. El arrendamiento inició el 1º. de junio del 2024 y concluía el 31 de mayo del 2025, aunque existía la posibilidad de prórroga.
No obstante, el MEP precisó a Sánchez que desde el 2026 el centro educativo “funciona en otro inmueble”.
“La Junta de Educación figuró como arrendataria y Corporación KYK S. A. como arrendadora, representada en el contrato por el señor Jordie Kevin Picado Grijalba. Los documentos técnicos y contractuales también identificaron a los titulares registrales de las fincas”, consignó ese ministerio en su respuesta.
Participación del MEP
Conforme al procedimiento interno, la intervención del MEP consistió en la valoración técnica y económica, la revisión y consolidación del expediente necesario para autorizar recursos y la gestión de las transferencias de pago. La junta de educación, como persona jurídica pública, suscribió y ejecutó el contrato.
La cartera, en las respuestas dadas a Sánchez, dijo desconocer los antecedentes de los propietarios. Adujo que a partir de la información documental (sociedad arrendadora, representante y titulares registrales de las fincas) podía concluir, por sí sola, relaciones familiares, investigaciones penales o solicitudes de extradición relacionadas con terceros.
“Además para esa fecha no existía la figura de la extradición”, según justificó.
Arrendamiento con el Estado
Según el expediente del caso Traición, la finca N.° 7-36348 es una edificación que, en efecto, funcionó como escuela y cuyo propietario es Picado Grijalba. Fue adquirida el 15 de setiembre del 2020, dentro del período que investigó la Fiscalía, según el Registro Nacional.
En el documento de compraventa, que aparece en el expediente judicial, se consignó que alias “Noni” adquirió esa propiedad de 412 metros cuadrados por $15.000, pagados mediante transferencia bancaria. Aseguró además, que esos fondos habían sido obtenidos de su actividad comercial, el alquiler de apartamentos, y de ahorros propios.
Poco después de esa compra, de acuerdo con la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada, se levantó en el terreno una construcción de aproximadamente 310 metros cuadrados.
Por esa secuencia, el ente acusador sospecha, en grado de probabilidad, que tanto la compra del inmueble, como la construcción, se financiaron con dinero proveniente del aparente tráfico de drogas.
La segunda finca, la N.° 7-36346, está inscrita a nombre de Corporación KYK S. A. Según el mismo informe judicial, fue adquirida el 5 de octubre del 2018 por la madre de Gaudy Cortés Madrigal (esposa de alias “Noni”), y mientras estuvo a su nombre también se construyó en ella. El 16 de marzo del 2022 fue traspasada a esa sociedad anónima.
El patrón que describe la Fiscalía
El Ministerio Público describe ese esquema como parte de un patrón más amplio, en el que la organización investigada adquirió bienes muebles e inmuebles, los cuales están a nombre de otros integrantes del grupo o de sociedades que la Fiscalía considera que son “mampara” o de testaferros.
Para los efectos de la investigación, la secuencia de la compra del inmueble, la inversión en obras y el posterior arrendamiento, que genera flujos de dinero lícitos que entran al sistema bancario nacional, configura un presunto ciclo completo de legitimación de capitales.
Picado Grijalba, de 32 años, fue detenido el 28 de agosto del 2025 en La Galera, Curridabat, y se convirtió en el quinto costarricense requerido en extradición por Estados Unidos, por el supuesto delito de tráfico internacional de drogas.
Es hermano de Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”, capturado en un aeropuerto de Londres, Inglaterra, en diciembre del 2024, quien también está a la espera de ser extraditado a territorio estadounidense por el mismo delito.
Ambos son señalados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como los líderes del cartel del Caribe Sur, la primera organización criminal en Costa Rica calificada formalmente como un cartel, desarticulada en noviembre del 2025, mediante la operación Traición.
Juan Fernando Lara Salas
Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.