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El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública elevó a juicio una causa penal contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes por no inhibirse en una votación sobre una moción en su contra.
Así lo confirmó a La Nación el abogado de Araya, Gerardo Huertas, quien señaló que fueron notificados durante la noche del lunes 20 de abril.
Según explicó su abogado, el juez no rechazó los argumentos presentados por la defensa, sino que consideró que estos deben ser analizados en la etapa de juicio, ya que requieren la recepción de prueba testimonial y documental, lo cual no es posible en una audiencia preliminar.
“El juez no hizo un pronunciamiento de fondo sobre si hay o no delito. Señaló que ese análisis corresponde al debate (juicio)”, indicó la defensa, que manifestó respeto por la resolución, aunque dejó claro que no la comparte.
El abogado señaló que aún no se define fecha para el juicio, pero que probablemente será hasta el 2027, dada la cargada agenda de los Tribunales de Goicoechea.
¿Que originó la investigación?
En abril del 2025, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación de oficio contra el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
Según la oficina de prensa del Ministerio Público, la investigación fue abierta “luego de conocer la noticia publicada por La Nación titulada "Rector de la UCR se salvó de moción en su contra gracias a su propio voto”.
Los hechos investigados ocurrieron el 1.° de abril del 2025, cuando Araya participó e incluso votó en una sesión del Consejo Universitario (CU) en la que se discutió una moción, presentada por la integrante, Ilka Treminio, para que el propio rector se inhibiera de emitir criterio en los asuntos relacionados con las obras a cargo de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI).
Esto ocurrió luego de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la construcción de edificios universitarios financiados con un préstamo del Banco Mundial.
Dichas obras se realizaron durante la gestión de Carlos Araya como vicerrector de Administración, desde el 2012, y como rector de transición en el 2020.
Al momento de votar la moción, seis integrantes del Consejo lo hicieron a favor de que el rector se inhibiera y seis votaron en contra, incluido el propio jerarca. Gracias a ello, la iniciativa no se aprobó.
Como la votación resultó en un empate, la directora del Consejo, Patricia Fumero, emitió su voto de calidad, lo cual agregó uno más a quienes estuvieron en contra de la moción.
El abogado de Araya sostuvo que desde el inicio se alegó que el caso debía resolverse mediante un sobreseimiento en audiencia preliminar
En ese sentido, reiteró que la defensa nunca discutió que Araya participara en el voto cuestionado, sino que se argumentó que esa actuación no configuraba incumplimiento de deberes.
El proceso continuará ahora en la etapa de juicio, donde el tribunal deberá valorar la prueba y resolver el fondo del caso.
